Las palabrotas que se escuchan en la radio y la televisión, y las acusaciones y menciones peyorativas de personalidades de la vida pública y privada que sin justificación alguna son citadas con una frecuencia pasmosa, violando su derecho a la privacidad, desbordan todos los límites. Es para preocuparse. Asombra la aceptación que esta modalidad del periodismo tiene en la clase política.
La búsqueda de ratings y el afán de figuración están dejando atrás la responsabilidad que el uso de un micrófono y un espacio televisivo exigen. No trato de enjuiciar la labor de profesionales en el ámbito en el que con mediana capacidad me desenvuelvo. Lo que trato es de llamar la atención sobre un problema que atañe directamente al periodismo dominicano.
La situación a la que me refiero terminará, algún día, de forma brusca, ya sea por una intervención gubernamental o con una especie de reclamo de honor. Cualquiera de ambas sería lastimosa y sentaría un precedente funesto, que luego los gobiernos emplearían cada vez que encuentren necesario acallar o mediatizar la labor de la prensa. Los medios de comunicación deben fijarse por derecho propio las limitaciones que la ley, el buen sentido y el derecho a la buena reputación hacen obligatorias.
Si dejamos esa decisión a la autoridad o a cualquier fuerza ajena a la prensa, estaríamos condenándola de antemano. La fijación de esos límites corresponde pues a los propios periodistas y comunicadores. Son éstos quienes deben establecer las líneas entre las cuales se debe realizar un ejercicio responsable, útil a la sociedad.
Eludir esta responsabilidad pone en peligro el clima mismo en que se desenvuelve la prensa, por cuanto para nadie es un secreto que la intolerancia vocacional de la autoridad pública no precisa de muchas razones para hacerse sentir. Ejemplos que lo avalan sobran en estos tiempos.
La intolerancia no proviene sólo de los gobiernos, los partidos y sindicatos, o las organizaciones sectarias, muy activas en el país. Es común también al periodismo. Algunas de las obscenidades que se escuchan o presencian en nuestros medios de comunicación, son muestras inequívocas de ello. El uso abusivo e irreflexivo de la libertad es tan nefasto como la represión que tan frecuentemente se ejerce contra ella.
La vulgaridad se está convirtiendo en un estilo y norma de la radio y la televisión. A ella recurren personas con suficiente capacidad e ilustración para desenvolverse con éxito en esos medios. Y ese es precisamente el peor de los legados que este absurdo proceder nos deja. Algunos dicen que la tendencia está marcada por las preferencias del gran público y no creo que esto sea cierto.
La verdad es que esta forma de comunicación enrarece el ambiente y desprestigia la prensa nacional. Otros países han pasado por una experiencia similar. Y para evitar intromisiones peligrosas de la autoridad pública en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión, los propios medios vieron la necesidad de imponerse normas, como fue el caso de España, aunque allí las extravagancias radiales y televisivas no alcanzan, justo es reconocerlo, los niveles de irrespeto al público que aquí hemos logrado.
En muchas partes, la gente ha renunciado voluntariamente a ciertos derechos con tal de recuperar su tranquilidad. Si esto sigue como va, los dominicanos, hastiados un día de tanta obscenidad en los medios electrónicos, se sentirán tentados a aceptar como normal la represión interventora del gobierno para reglamentar el material de difusión de la radio y la televisión, lo cual sería fatal e imperdonable. Por tanto, son los propios medios los llamados a actuar contra esa tendencia nefasta que hoy observamos en la radio y la televisión.
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