Por LLUÍS BASSETS
El manual nos dice que hay que distinguir entre las reglas de juego, aceptadas por todos y a todos por igual aplicables, y luego el juego mismo. La experiencia nos indica luego que la realidad es exactamente al revés: el juego incluye el combate por modificar la regla a conveniencia de cada parte. De ahí la dificultad del consenso democrático y la necesidad de que existan árbitros con autoridad, los tribunales constitucionales, para desempatar unas partidas en las que constantemente se cuestiona el reglamento que sirve para jugarlas.
Un buen ejemplo nos lo ofrece estos días la democracia más antigua y sólida del mundo, que, sin duda, es la de los Estados Unidos de América. El partido republicano, con mayoría en la Cámara de Representantes, está boicoteando la aprobación de los presupuestos y se dispone a bloquear la autorización de endeudamiento al Tesoro, a menos que el presidente acceda a derogar, o al menos aplazar, la aplicación de la legislación conocida como Obamacare por la que los ciudadanos sin cobertura médica contarán con ayudas e incentivos de la Administración para acceder a un seguro médico a precios razonables.
La legislación conocida como Obamacare fue aprobada por el Congreso en 2010, cuando ambas Cámaras contaban con mayoría demócrata, durante la primera presidencia de Barack Obama. Fue refrendada con la reelección del presidente que había convertido la reforma sanitaria en la cuestión central de su programa hasta asociarla a su nombre. Y finalmente, ratificada en su constitucionalidad por el Tribunal Supremo. Desde el primero de octubre los ciudadanos están ya contratando masivamente pólizas para ellos y para sus familias a través de portales de Internet, en una operación de gran complejidad y trascendencia para la asistencia sanitaria que van a recibir en el futuro. Si todo funciona al actual ritmo, la actual y enorme bolsa de ciudadanos sin cobertura médica pronto habrá quedado enormemente reducida y EE.UU. empezará a ser un país distinto y más parecido en cuanto a sistema de salud a los europeos.
Esto sería así si no fuera por la facción más extremista e insurreccional del partido republicano, conocida como Tea Party, con potentes palancas entre los congresistas, que rechaza cualquier acuerdo presupuestario o sobre endeudamiento que sirva para financiar la reforma sanitaria ya en marcha. Así es como mantiene secuestrado al Congreso hasta amenazar con la suspensión de pagos de EE UU para dentro de una semana. Su objetivo es, de momento, frenar el ritmo de contratación de seguros médicos, algo que se produciría sin lugar a dudas en caso de que la Casa Blanca cediera a su chantaje y ofreciera un aplazamiento en la aplicación de la reforma; y, a la larga, hundir la reforma sanitaria completa y conseguir así, por medios espurios, lo que no alcanzaron por el funcionamiento legal y regular de las instituciones democráticas.
Este es el núcleo de la pelea, que la derecha extrema republicana quiere identificar con la defensa de unos valores y un modelo de sociedad ultraliberal e individualista, opuesta al socialismo, al intervencionismo del Estado e incluso al aborto y a la eutanasia, conceptos todos ellos que los republicanos lunáticos estilo Sarah Palin asocian con la cobertura sanitaria universal.
Para librarla, no cuenta tan solo con la mayoría en el Congreso y la minoría de bloqueo republicana en el Senado, sino con los medios y el dinero que le proporcionan los grupos de presión y los millonarios extremistas, dispuestos a cualquier cosa con tal de hacer fracasar a Obama y a los demócratas.
Anne Appelbaum, brillante autora de una historia de la guerra fría (El Telón de Acero. El aplastamiento de Europa oriental, 1945-56), ha contado mejor que nadie este secuestro en una columna en The Washington Post, titulada "El Partido Republicano pone en peligro la democracia". "En una democracia que funcione —escribe— no importa lo que piensa la mayoría en un momento determinado. Lo que importa es lo que deciden las instituciones legítimas, representativas y legales".
La técnica utilizada por el Tea Party constituye una perversión del sistema parlamentario, convertido en obstaculización de la política en vez de instrumento de acción política. Ya que no puede dominar al Ejecutivo ni legislar, se dedica a evitar que el presidente gobierne y que el Congreso legisle. Es el secuestro de la democracia, la mayor y más tramposa de las modificaciones de la regla de juego que pueda hacerse, cuya acción destructiva podría extenderse más allá incluso del daño institucional que pueda hacer a EE.UU. Una suspensión de pagos de los bonos dañaría a la economía estadounidense y probablemente también a la europea, además de remachar el desprestigio de la superpotencia y de su presidente en un momento de dudas y de declive en su liderazgo internacional.
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