Por Fernando Rodríguez Céspedes
No todo lo legal es justo, y por eso, los jueces y tribunales deben ponderar muy bien las sentencias a dictar para evitar caer en situaciones que si bien tienen carácter de legalidad, lesionan y ultrajan principios elementales de derechos humanos.
No voy a entrar en disquisiciones sobre la debatida sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional debido a que los mejores juristas del país lo han hecho, coincidiendo con el voto disidente y razonado de las juezas Isabel Bonilla y Katia Miguelina Jiménez.
Sin embargo, llama la atención, hasta entre ciudadanos comunes, el carácter draconiano de una sentencia que, además de discriminatoria, viola el principio constitucional de la no retroactividad de las leyes o sentencias emanadas de cualquier tribunal.
Parecería que el TC estaba tan presionado en resolver el problema de las migraciones ilegales, que ignoró, pese a las advertencias de las juezas disidentes, que su misión es sobre guardar y no contradecir los mandatos de la constitución vigente.
Pretender resolver de un plumazo un viejo problema creado y sostenido en base a la irresponsabilidad de nuestros gobiernos y las tradicionales ventajas de manos de obras baratas de los empresarios agrícolas y constructores del país, es muy cómodo.
Los inconvenientes y daños que ocasiona la referida sentencia a miles de ciudadanos de ascendencia haitiana nacidos y criados en nuestro país, es un problema que no quisiéramos nosotros que les pasara a los dominicanos residentes en el exterior.
En eso debieran pensar muchos dominicanos que aprovechan esta oportunidad para dar rienda suelta a su odio racista enarbolando un fogoso patriotismo que nunca dijo presente en las distintas situaciones de oprobio por las que ha atravesado nuestro país.
Aunque la sentencia contra los supuestos y reales residentes ilegales y sus descendientes en nuestro país desde el año 1929, fue dirigida contra los haitianos, afecta a emigrantes de otros países que han hecho y siguen haciendo grandes aportes a la patria.
Mientras se debate ardorosamente el tema, el presidente Danilo Medina reitera, ante los quejosos descendientes de haitianos, y frente a organismos internacionales como la ONU, su disposición de buscar una salida humanitaria a un problema que trasciende lo migratorio.
Conviene que así sea, porque de lo contrario seguiremos figurando como un país racista, pese a nuestra variada composición étnica; además de exponernos a sanciones internacionales de entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
galley472@yahoo.com