DOMÍNICO-HAITIANOS: ESOS OTROS NOSOTROS

Por Sara Pérez

No, el gobierno dominicano no tiene derecho a permitir que una parte de su población sea hostigada, acosada, despreciada y discriminada desde los propios organismos gubernamentales

La República de Haití y La República Dominicana comparten el territorio de una isla. Son dos repúblicas diferentes en muchos aspectos -algunos de ellos completamente cosméticos- y similares en otros tantos, metidas dentro de un cuerpo o entidad geográfica, con numerosas conexiones, sistemas y asuntos en común, que deben abordarse con políticas y programas binacionales.

Hasta ahora, las únicas colaboraciones relevantes entre las cúpulas de ambos sitios, ha consistido en la complicidad para esquilmar a gente muy vulnerable del país más pobre de América.

Han estado juntas -en algunos períodos con agudos y dolorosos conflictos que ojalá no se repitan, aunque hay gente impaciente por reeditarlos- y lo seguirán estando, aunque es completamente embuste que hay una conspiración para unificar los dos países. Ese mito lo propulsaron entre Balaguer y Vincho para diseñar un enemigo imaginario, que impidiera identificar a los enemigos reales, encabezados precisamente por ellos dos.

Los dominicanos, incluyendo los nazionalistas del Ku Klux Klan negro y mulato del patio, no vamos a perder de vista a Haití, ni a los haitianos, ni a los domínico-haitianos. Los haitianos son nuestros hermanos y vecinos y los domínico-haitianos son esos otros nosotros mismos, sobre los que con más fuerza recae el mazo de la brutalidad regateadora de la justicia y el derecho.

Estos últimos son tan dominicanos como cualquiera y más que los congresistas y funcionarios y que muchos de los jueces del Tribunal Constitucional, que envían a sus mujeres a parir a Estados Unidos y otros lugares, porque, con sobrada razón, y ponderando su propia participación en el diseño del mismo, no confían en el futuro del país que ellos gobiernan.

Así como en República Dominicana hay una población dominicana de parcial origen europeo, fundamentalmente español, (aunque hay domínico-alemanes, domínico-italianos y otros); una población de origen libanés y otra turca; una de origen asiático, básicamente chino, etc., también hay una población, mayoritaria, de origen africano, que incluye tanto a los descendientes importados directamente desde África, en condición esclavos, para el trabajo en los ingenios; como a los descendientes de los que antes de llegar aquí, hicieron escala -todo en contra de su voluntad- en otros lugares no muy remotos, como la parte oriental de la isla o en otras islas, como es el caso de los llamados ”cocolos”, provenientes de islas antillanas de habla inglesa y de los descendientes de haitianos.

Mientras personas de ascendencia española, turca, china y los cocolos o los de ascendencia mixta, incierta o indiscernible, se han incorporado a la vida nacional en su legítima condición de dominicanos, porque han nacido en territorio dominicano, los dominicanos de ascendencia haitiana identificable, (porque hay muchísimos de ascendencia haitiana clandestina, negada o disfrazada) han sido constantemente discriminados, perseguidos, maltratados y agredidos, negándosele el derecho a la nacionalidad dominicana, que en justicia les corresponde y que ellos reclaman con razón.

El último episodio es la improcedente y ridícula sentencia del Tribunal Constitucional, que pretende ser retroactiva y que además es inaplicable, a menos que sea, como efectivamente es, un arma de hostilidad, discriminación, segregación y sobre explotación, contra un sector específico de la población dominicana.

El gobierno de la República Dominicana tiene el derecho a definir los protocolos legales para recibir los inmigrantes que estime convenientes.

También tiene el derecho a cuidar sus fronteras. De hecho, es indispensable que las cuide. Si las cuidara un poquito, no tendríamos el contrato leonino -nunca mejor usado el término- con la Barrick Gold, ni tendríamos la amenaza a Loma Miranda.

Tampoco tendríamos un tratado de “libre comercio” con los gringos, que no responde a los intereses de La República Dominicana, ni habría que mantener al Cardenal, ni a la Iglesia Católica, extensiones de un imperio presidido por El Vaticano, que es un estado extranjero.

A lo que no tiene derecho el gobierno dominicano es a maltratar, perseguir y explotar a seres humanos, con los que las mismas instancias gubernamentales han traficado y a los que los militares y las autoridades de Migración despluman, exprimen y explotan de forma inhumana.

A lo que no tiene derecho el gobierno dominicano es a otorgar una “visa” de trabajo, cuyo precio varía según lo que le dé su maldita gana a la autoridad que la otorga y esa visa sea desconocida por los militares a los que hay que sobornar para permitir la entrada.

A lo que no tiene derecho el gobierno dominicano es a tolerar y a incentivar que las mafias militares y de migración trafiquen con personas desamparadas y llevadas y traídas como animales de granjas y a la hora de sancionar a alguien, no sancione a las mafias, sino las víctimas de las mismas, que con frecuencia tienen familias dominicanas, en territorio dominicano, que sufren horriblemente con la incertidumbre y el atropello de las deportaciones medalaganarias y el costo económico de los sobornos para el retorno.

A lo que el gobierno dominicano no tiene derecho es a pretender que no son dominicanos los nacidos en territorio dominicano, que llegaron desde 1929 y han tenido hijos, nietos, biznietos, tataranietos en la República Dominicana, exigiendo ahora unos documentos -que el mismo gobierno no proporcionó en su momento, ni solicitó al gobierno haitiano cuando importó miles y miles de braseros- y que ni Juan Pablo Duarte, ni la Virgen La Altagracia podría presentar si se les exigiera a ellos.

A lo que el gobierno no tiene derecho es a agredir y a negarles la nacionalidad a los hijos de los haitianos que dejaron el pellejo en los ingenios y que Balaguer, Duvalier y los cabecillas de la oligarquía dominicana -¡De origen extranjero!- exprimieron sin dejar ni los bagazos.

No, el gobierno dominicano no tiene derecho a permitir que una parte de su población sea hostigada, acosada, despreciada y discriminada desde los propios organismos gubernamentales que debían salvaguardar sus derechos.

El Tribunal Constitucional se equivocó y su sentencia, que retrata una mentalidad sin el más leve asomo de sentido de justicia -lo que tanto conviene no solo para oprimir haitianos, sino a dominicanos con los domínico-haitianos incluidos- tiene que ser repudiada y corregida.

Tomado de acento.com.do