La sociedad política de la República Dominicana ha sido estremecida por un informe que retrata de cuerpo entero la preocupante y no menos peligrosa realidad por la que atraviesa el sistema de partidos.
El informe emitido por Carl Meacham, Director del programa América del Centro para Estrategias y Estudios Internacionales (Center for Strategic and International Studies -CSIS-), un banco de cerebros del actual modelo de poder del Nuevo Orden Mundial, se ha convertido en el principal tema de discusión de políticos, empresarios, inversionistas, comunicadores, politólogos y personas independientes conocedoras de la situación que vive la Patria de Juan Pablo Duarte.
La opinión del gobierno no se hizo esperar, a través de sus funcionarios, quienes naturalmente tratan de descalificarlo el informe, restándole calidad y méritos. Uno de los funcionarios es el Embajador en Washington, Sr. Aníbal de Castro, quien en una extensa comunicación lo califica de decepcionante y un flaco servicio al “debate académico” alega que los consultados fueron personas desafectas al actual gobierno y que además de tendenciosos son repetitivos en este tipo de denuncias.
El embajador De Castro justifica que la corrupción existente en el país obedece a un mal que afecta a todos los países y sociedades del mundo. En su afán por justificar su rol de representante del actual gobierno y las barbaridades en que éste incurre y apadrina, aduce que no hay evidencias de que el sistema judicial esté influenciado por el actual partido de gobierno.
El embajador se va más lejos en su defensa del estado de cosas imperantes en el país: Afirma que no hay evidencias de que exista impunidad y que nuestros ciudadanos confían firmemente en el actual sistema judicial, no existiendo a su criterio un solo ejemplo de que nuestros ciudadanos hayan tenido que dirimir conflictos ni disputas de manera extra judicial. O lo que es lo mismo. tomando la justicia en sus manos.
Yo también leí el informe y difiero totalmente de las opiniones emitidas por el embajador de la Republica Dominicana en Washington, quien debió visitar el país antes de redactar su desafortunada respuesta. No vamos a hacer un relato tan largo de nuestras diferencias, porque en el país casi todos conocemos la realidad y por lo tanto otorgamos crédito y validez al informe del CSIS.
Resulta risible tratar de descalificar este documento porque algunas de las informaciones fueron producto de entrevistas a comunicadores de reconocida tradición en defensa de los valores éticos y morales de los dominicanos.
Los blogs, las redes sociales, las páginas de los dos o tres diarios digitales dominicanos que todavía se mantienen independientes, están repletas de denuncias de corrupción, de sentencias venales, de acciones deshonestas por parte de los jueces comprometidos en con el partido de Gobierno, que han dictado sentencias inconcebibles por parte del Tribunal Superior Electoral, con la aviesa intención de favorecer a una de las partes en conflicto dentro del Partido Revolucionario Dominicano.
Las denominadas altas cortes, entre ellas el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia están controlados por dirigentes políticos miembros del actual partido de gobierno y los demás obedecen a recomendaciones de quien fungió como contraparte de la firma del pacto conocido como Las Corbatas Azules.
La inseguridad jurídica es una realidad en el país. No es posible adquirir ningún permiso sin que medie el soborno y la coerción por parte de los representantes de los organismos correspondientes, obstaculizando la inversión extranjera. Es innegable que se han firmado contratos extra-nacionales sin la aprobación del Congreso, como fue el caso de la SunLand, que tal como dijera el escritor y economista Jaime Aristy Escuder, se convirtió en la protagonista del mayor robo ocurrido en la historia de la República Dominicana.
El clientelismo político está a la vista de todos. Solo tenemos que echar un vistazo a la nómina oficial y los planes sociales del gobierno, que no están regulados por ninguna ley y son utilizados por el gobierno de turno, para mantener cautivo una cantidad considerable de votantes o electores, otorgándole ventajas al partido de gobierno. ¿Y qué decir de la composición de la Junta Central Electoral? ¿Podremos exigir imparcialidad a su presidente, quien salió del Comité Político del actual partido Gobernante?
Difiero del informe en algunas cosas, como que Miguel Vargas no era Presidente del Partido Revolucionario Dominicano cuando firmó el Pacto de las Corbatas Azules. El fue un usurpador de esas funciones. Y también, en la República Dominicana no existe una ley de Partidos Políticos ni penalización del delito electoral.
Lo dejamos hasta aquí, tratando de satisfacer la promesa de ser breve.
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