Por Fernando Rodríguez Céspedes
La denuncia del ex asesor financiero del Banco Intercontinental (BANINTER), Luis Álvarez Renta de que la Comisión Liquidadora de la entidad subvaluó en 1,000 millones de pesos la venta de 22 sucursales al Scotiabank, pone de nuevo en cuestionamiento las operaciones de venta de los activos del quebrado banco.
El primer motivo de escándalo surgió en ocasión de la frustrada venta del 47.5 por ciento de las acciones del Estado en los canales 21 de UHF y 7 de Rahintel a un precio denunciado como vil por el senador de la provincia Espaillat José Rafael Vargas y otros congresistas del PLD.
El expediente fue remitido a una comisión del Senado que después de los estudios económicos correspondientes, determinó que estaban subvaluados los precios a que se pretendían vender estos bienes públicos por lo que se abortó la operación pese a los cabildeos de la familia Bonetti.
En esta ocasión, Álvarez Renta, como una forma de retaliación frente a las instancias de poder, por las reiteradas negativas de otorgarle libertad condicional, se destapa con esta denuncia que, basada en datos técnicos, deja muy mal parada a la Comisión de Liquidación de los activos de Baninter.
Esta y no otra, podría ser la motivación del economista puesto que no puede dolerle que engañen al Estado siendo uno de los artífices del más grande fraude bancario de la historia financiera del país, fraude cuyas consecuencias todavía estamos pagando los dominicanos de todos los estratos sociales.
Pero independientemente de las motivaciones de Álvarez Renta, una vez comprobada su denuncia, el presidente Danilo Medina haría bien en designar una comisión de alto nivel técnico y credibilidad, que revise las principales operaciones ejecutadas por la Comisión Liquidadora de de los bienes del Baninter.
De seguro nos llevaríamos grandes sorpresas, pues si como dice el refrán, "para muestra basta un botón", en este caso hay dos en vez de una de cómo se han manejado las ventas de los activos de la quebrada institución de parte de la inefable Comisión Liquidadora designada por el Banco Central.
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