Por Juan Bolívar Díaz
El monitoreo del presupuesto destinado a educación que realiza una coalición de instituciones sociales demuestra que el gobierno volvió a burlarse de forma múltiple de la voluntad popular clara y contundentemente expresada en favor del cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97 que destina al sector un mínimo anual del 4 por ciento del producto interno bruto, que desde el 2010 pasó a ser un mandato constitucional en virtud del numeral 10 del artículo 63 de la nueva carta fundamental.
Según un boletín del Foro Socioeducativo, integrado por tres universidades y otras reputadas instituciones, el gobierno sólo ejecutó el 85.2 por ciento del presupuesto que había asignado al Ministerio de Educación, quedándose con 6 mil 788 millones de pesos, el 14.8 por ciento de los 45 mil 835.6 millones que debió entregarle.
Como hubo de admitir la ministra de Educación, Josefina Pimentel, el recorte afectó los planes y programas diseñados por esa cartera en el marco del Plan Decenal de Educación 2008-18, elaborado por los técnicos de este mismo gobierno, tras amplias consultas con las entidades sociales del sector. Era lógico ya que el 89 por ciento del presupuesto ejecutado se fue en gastos corrientes, en gran proporción inevitable.
Además de la burla a la Constitución y la ley 66-97, ambas promulgadas por el presidente Leonel Fernández, se violó también la ley 236-11 que en septiembre pasado aumentó en 4,300 millones de pesos el presupuesto de Educación atendiendo al compromiso que contrajo el mandatario a finales del 2010 con los sectores que desde ese año realizan una intensa y extensa campaña por el aumento de la inversión en educación. Pero además de no entregar la partida adicional, el gobierno se quedó con 2 mil 478.5 millones del presupuesto originalmente aprobado.
Se trata también de una inmensa burla al amplio movimiento social de los últimos dos años que reclama mayor inversión en educación como fundamento del desarrollo, que según las encuestas ha obtenido hasta el 90 por ciento de aprobación de la población. Se burla también el consenso al respecto de la llamada Cumbre de las Fuerzas Vivas, celebrada con bombos y platillos en el 2009, así como del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación que auspició el presidente Fernández entre el 2005 y 2006.
El consenso para la priorización del gasto en educación proviene del primer Plan Decenal de Educación puesto en vigor a partir del 1992 y formó parte de los acuerdos del Diálogo Nacional auspiciado entre 1997 y 98, en el primer gobierno del ilustrado doctor Leonel Fernández, que desde entonces lo ha hecho parte de su discurso.
La sustracción del dinero que correspondía a educación dejó en apenas 1.82 por ciento del PIB lo destinado al sector en el 2011, en reducción en relación al año anterior, menos de la mitad de lo que establece la ley y casi la tercera parte del 5.5 por ciento del PIB al que se comprometió el presidente Fernández en la última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados celebrada en Argentina en diciembre del 2010. Proporción ratificada meses después en una cumbre centroamericana por el vicepresidente Rafael Alburquerque en representación del gobierno dominicano.
La grosería es más grave y hasta irritante porque desde los últimos meses del año pasado el gobierno dispuso mayores recursos para programas viales, que además de ser su gran prioridad, constituyen una inversión de clara connotación electoral, dentro del marco de lo anunciado en Nueva York por el presidente Fernández en septiembre.
En la Coalición por una Educación Digna, que ha promovido tan hermosas jornadas de lucha por el cumplimiento de la ley, deben de estar contando los días para que acabe este gobierno burlesco y cínico.-
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