Por Margarita Cordero
Resulta difícil imaginar a quién en este gobierno de genios se le ocurrió acusar a Pepe Goico de complotar contra el presidente haitiano Michel Martelly. La acusación es tan peregrina, tan absurda, que parece sacada de un libro de récords de lo insólito.
La reacción de la opinión pública ha sido el total descreimiento. Peor aún, la gente ha cogido la seña y afirma rotunda que el espectáculo busca diluir el efecto electoral de las documentadas denuncias sobre las contribuciones de Félix Bautista a Martelly, antes y después de este ganar las elecciones en Haití, como pago por la generosidad haitiana con sus empresas. Gente que también comienza a convencerse de la mentira de la solidaridad oficial posterior al terremoto del 12 de enero de 2010. Los negocios con el gobierno de René Preval y Jean Max Bellerive han sido, además de irregulares, espectacularmente provechosos para las cuentas bancarias de Bautista, hijo putativo de Leonel Fernández.
Desde que el tema de los contratos por 385 millones de dólares (más de 15 mil millones de pesos) saltara a la luz pública haitiana impulsado por la comisión de auditores nombrada por el dimitente primer ministro Garry Conille y la posterior publicación del informe parcial, en el vecino país, pero también en la República Dominicana, crece la certeza de que la reconstrucción de Haití se ha convertido para los dirigentes de ambos lados de la isla en una “joint venture” con organización siciliana, incluidos sus padrinos.
Sacar a Pepe Goico de su condición de espaldero de Hipólito Mejía para colocarlo en el vórtice de una conspiración isleña contra Martelly no solo es risible, sino también demostrativo –y eso si es preocupante— de hasta dónde es capaz de llegar el gobierno peledeísta de Leonel Fernández para sacarle a Félix Bautista las castañas del fuego y para preservar la impunidad de los oscuros negocios domínico-haitianos hechos al amparo de la “solidaridad”.
El anuncio de ayer, al que sirvió de vocero un funcionario de jerarquía muy inferior a la de los representantes de ambos países, abre también otras interrogantes, entre ellas, cuál juez autorizó la interceptación telefónica que permitió grabar la conversación entre Pepe Goico y el haitiano Pierre Kanzki. Como el procurador Radhamés Jiménez fue un convidado de piedra a la cita, no se habló de eso. En épocas en que las acusaciones gubernamentales de “hackeo” han puesto en jaque a más de uno, resulta desconcertante que las autoridades presenten como prueba incriminatoria un audio ilegal.
Puesta a buscar explicaciones de este desparpajo, me inclino por pensar que no es más que otro de los frecuentes irrespetos a la Constitución, las leyes y los derechos ciudadanos. Actúan como verdaderos elefantes en la cristalería de la institucionalidad democrática. Si fueran razonables, y no estuvieran obnubilados por el poder que detentan, pedirían a sus defensores guardar un táctico silencio frente a la cada vez más extendida caracterización del gobierno como una dictadura constitucional. Pero no lo son.
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