SAQUEO LEGALIZADO

UNA CASTA DE PRIVILEGIADOS
Por Juan Bolívar Díaz

El escándalo generado por la pensión de 651 mil pesos mensuales otorgada al superintendente nacional de bancos Haivanjoe Ng Cortiñas y el firme rechazo social que lo obligó a dejarla sin efecto, contienen múltiples lecciones y lecturas que debemos ponderar, ya que no se trata de un asunto individual, ni limitado a las pensiones, sino que se origina en salarios desproporcionados que vienen constituyendo toda una casta de privilegiados en los organismos del Estado.

Hay que celebrar que la opinión pública y legisladores del mismo partido del beneficiario hayan rechazado firmemente l desproporción. Incluso es posible que las más altas instancias del gobierno hayan intervenido para persuadir a Cortiñas a apagar un fuego que cuestionaba los propósitos de austeridad y equidad sostenidos por el presidente Danilo Medina, ya que el superintendente habría estado en el Palacio Nacional horas antes de renunciar a la pensión.

Si Cortiñas logró una pensión de 651 mil pesos, más irritante porque sólo tiene 53 años y asumía la Contraloría General de la República, es porque tenía un salario desproporcionado, nominalmente de 899 mil pesos, sin los beneficios adicionales de gastos de representación, bonificaciones, vehículos, combustibles, choferes, vigilantes y otras cargas. Ese sueldo equivale a lo que reciben 175 empleados públicos de salario mínimo de 5 mil 117 pesos y la lujosa pensión representa lo que se paga a 127 pensionados del Estado. Hay que anotar que el 87 por ciento de los 152 mil 862 pensionados del Estado recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos mensuales. Y que miles de maestros, cañeros, etc. esperan la asignación.

La prueba de que no es un asunto individual es que otros 16 funcionarios de la misma superintendencia también fueron pensionados en agosto pasado con sumas por encima de los 100 mil pesos, incluyendo a dos con 437 mil y 413 mil pesos.

Los privilegios salariales se han extendido por las entidades autónomas y descentralizadas del Estado, dejando chiquitos los sueldos de 75 mil, 200 mil y 300 mil pesos que ganan los ministros del gobierno. Comenzó hace años en el Banco Central y se extendió a los bancos de Reservas y de la Vivienda, a la corporación y las distribuidoras de electricidad, a las superintendencias de bancos, de seguros, de valores, al Indotel, al Congreso, y desde luego a los miembros de sus respectivos consejos directivos que es donde se ha guisado tan espléndidamente.

Ya son centenares los privilegiados que ganan salarios sobre los 500 mil pesos en organismos del Estado, pagados con los ingresos, tasas y contribuciones (que lo mismo da) de la ciudadanía. Y muchos disponen de generosos paquetes “compensatorios”, incluyendo tarjetas de crédito para gastar a discreción.

No es que pretendamos que todos estén tan miserablemente pagados como los 80 mil maestros, los 55 mil militares, los 33 mil policías, ni como los médicos, laboratoristas y enfermeras, pero sin distancias tan abismales e irritantes que incentiven a los de abajo a buscárselas hasta con violencia.

Si se quiere percibir las inequidades convertidas en iniquidades hay que ver los “Criterios para la determinación de los salarios de los cargos de alto nivel en RD” del consultor chileno Enrique París contratado por el Ministerio de Administración Pública.

Según ese estudio, de julio pasado, el promedio de los presidentes de América Latina recibe 8 mil 273 dólares, unos 322 mil 650 pesos, la mitad de la pensión de Haivanjoe Cortiñas. Y 15 de 19 mandatarios ganan sumas que representan menos de 28 salarios mínimos de sus países. Todos los que aquí ganan sobre 500 mil mensuales reciben al menos lo equivalente a 50 sueldos mínimos privados y a 100 estatales.

El escándalo de Haivanjoe nos remite de nuevo al Proyecto de Ley de Regulación de los Salarios Estatales. Pero sin dejar fuera a la casta de privilegiados. No tengo muchas esperanzas de que ocurra y temo que estas reflexiones sólo sirvan para ganarme animadversión entre múltiples eficientes servidores públicos que están en la casta de los privilegiados o aspiran a estarlo, incluso algunos amigos. Ojalá que algún día los pueda justificar, cuando reduzcamos la ignominia en que sobrevive el 80 por ciento de los asalariados nacionales que reciben menos de 20 mil pesos mensuales.

Tomado de acento.com.do
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PRD DEBE DESHACERSE DE TODA LA MADERA PODRIDA

LA DEMOCRACIA NECESITA UN PRD RENOVADO
Por Juan Bolíbar Díaz

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) está fraccionado desde la convención que escogió candidato presidencial hace 15 meses y si no pudo reunificarse aun cuando las encuestas lo proyectaban ganador de las elecciones, parece casi imposible que lo logre tras la derrota.

Una crisis prolongada en el PRD tendría fuertes repercusiones en el proceso democrático, acentuando el poder hegemónico del presidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y debilitando las posibilidades de renovación que ha planteado el presidente electo Danilo Medina.

Una guerra avisada

El candado que encadena la casa nacional del PRD es simbólico de una guerra que la campaña electoral y las debilidades institucionales aplazaron, pues ese partido quedó fraccionado desde la convención del 6 de marzo del 2011 que escogió a Hipólito Mejía candidato presidencial.

Su contrincante Miguel Vargas Maldonado aceptó proclamarlo, pero sin convencerse de que había perdido una batalla y permitió que familiares y seguidores trabajaran abiertamente en contra de su candidato, incluyendo a su vocero personal Víctor Gómez Casanova, con aplausos e incentivos externos, mientras evadía todos los intentos de mediadores y familiares por reunirlo con Hipólito Mejía.

La generalidad de los analistas advirtieron que la posición adoptada por Vargas y su grupo lo dejaba incapacitado para sobrevivir como presidente del perredeísmo y más aún como candidato presidencial en el futuro, cualquiera que fuera el resultado de la elección presidencial.

Después que Mejía alcanzara el 47 por ciento de la votación, no es posible visualizar que Vargas pueda encarnar la unidad perredeísta, él que en el 2009 pactó con el presidente Fernández una reforma constitucional que concentraría todos los poderes en manos del mandatario, sin consultar los organismos del PRD, amparado en que el año anterior había recibido un 40 por ciento del sufragio.

Vargas Maldonado pasó la campaña electoral al margen del esfuerzo partidista y más bien contradiciendo al candidato presidencial, reclamando la representación de la institucionalidad del Partido Revolucionario Dominicano, pero sin reunir sus organismos ejecutivos, que hipertrofiados han devenido en inoperantes.

La Comisión Política (CP), que según el artículo 34 de los estatutos debe reunirse cada semana, tuvo un año sin ser convocada, y previendo la posibilidad de que ahora lo fuera, dos días antes de las elecciones sometieron a la Junta Central Electoral una nueva matrícula del organismo que deja fuera al propio Mejía y a dirigentes tan paradigmáticos como Hugo Tolentino Dipp y Enmanuel Esquea Guerrero, mientras se encadenaba con candado el acceso a la casa nacional del partido.

Convocatorias paralelas del CEN

La reunión de la Comisión Política que el viernes decidió la suspensión de Vargas como presidente y de los dirigentes Fiquito Vásquez, Julio Maríñez y Aníbal García Duvergé, así como la expulsión de Gómez Casanova, Kalil Michel, Annie Felipe, Pascual Valenzuela, Angela Peña y Héctor Domínguez, marca el estallido de una nueva crisis en el partido más antiguo del país, cuando acaba de quedar como el más votado, con 200 mil votos sobre el PLD, que ganó la presidencia por la contribución de 13 aliados.

Es significativo que la mesa de honor de la reunión fuera encabezada por el presidente en funciones Andrés Bautista (investido en lugar de Vargas Maldonado), por el secretario general Orlando Jorge Mera, la secretaria nacional de organización Geanilda Vásquez y la presidenta de la Federación de Mujeres, Janet Camilo, ya que los cuatro fueron de los principales dirigentes que apoyaron a Vargas Maldonado cuando luchó por la candidatura presidencial perredeísta, pero luego se incorporaron a la campaña electoral.

La letra c del artículo 35 de los estatutos del PRD da facultad a la Comisión Política para “decidir sumariamente la expulsión de un miembro del partido, debiendo someterlo al Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

La letra d autoriza la suspensión, remitiendo el caso al Consejo Nacional de Disciplina, con la complicación de que como presidente de este figura uno de los mismos suspendidos, Fiquito Vásquez.

La reunión decidió convocar al CEN para el domingo 10 de junio para que ratifique sus disposiciones.

El panorama se complicó la misma noche del viernes cuando Vargas Maldonado reaccionó restando calidad a la Comisión Política para adoptar esas resoluciones y anunció su propia convocatoria del CEN para este domingo.

La primera dificultad será establecer con certeza cuántos y quiénes son los miembros de esos organismos, el primero con unos 253 y el otro diez veces más numeroso.

El apoyo de Vargas Maldonado luce mermado para enfrentarse a la mayoría partidaria que en más de un 90 por ciento se integró a la campaña electoral de Mejía, aunque hay sectores que plantean que la lucha debe estar por encima de ambos dirigentes.

Sin embargo, los suspendidos dicen tener el control de la membresía del CEN y en última instancia confían en ser favorecidos por el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, cuyo control se atribuye al presidente Leonel Fernández, a quien la otra parte señala como incentivador del fraccionamiento del partido.

Debilita la democracia

Para muchos observadores la nueva crisis perredeísta será prolongada y no tiene salida sin una división, lo que puede tener serias repercusiones sobre el proceso democrático nacional, puesto que debilitaría el único contrapeso político significativo que tiene el Gobierno del PLD, y particularmente acentuaría la hegemonía del presidente Leonel Fernández sobre su partido y en los poderes del Estado.

Con una oposición política más débil podría tomar nuevo impulso la tendencia absolutista que se arraiga en sectores del partido gobernante, que ya trabajan para el 2016 y repercutir hasta en las posibilidades de relevos, cambios y rectificaciones que se ha planteado el proyecto de gobierno del presidente electo Danilo Medina.

Al sector duro del presidente Fernández se atribuye el incentivo a la división en el Partido Revolucionario Dominicano desde semanas antes de la convención que eligió el candidato.

Algunos de sus financistas llegaron a proclamar abiertamente que contribuían con Mejía o Vargas Maldonado y éste alegó que había perdido porque votaron cientos de miles de peledeístas.

Luego se ha dicho que han incentivado al grupo de Vargas Maldonado para que enfrentara la candidatura perredeísta.

Cuando en la campaña electoral se produjo una escisión entre los comentaristas de la radioemisora Zeta 101, Gómez Casanova y otro seguidor de Vargas Maldonado se fueron junto a los peledeístas aduciendo parcialidad del medio a favor del PRD.

Una prolongada y profunda crisis en el PRD, cualquiera que sea su desenlace, deja inquietudes dentro de unas perspectivas de decisiones trascendentes como una reforma fiscal de gran magnitud.

La ausencia de un mínimo equilibrio político partidista no es necesariamente augurio de gobernabilidad ni estabilidad, pues podría remitir al fortalecimiento de los grupos populares que capitalizarían el descontento social, aunque también podría abrir espacio a la emergencia de una nueva organización política que encarne la oposición.

Mientras tanto, tiene validez la cita que hizo Espinal Báez de un amigo empresario que planteaba la necesidad de “seguir apoyando que el PRD siga concertando con el PRD para evitar que se siga venciendo a sí mismo; de lo contrario nuestra democracia se quedará con un solo suplidor y entonces dejaremos de ser democracia”.

Urgente renovación

Hay sectores en el PRD que no quieren jugar una partida en la que solo se debata si la organización queda en manos de Mejía o Vargas Maldonado, aunque entre estos una parte comparte la convicción de que el último se descalificó al no apoyar la candidatura del partido que presidía, en lo que se ha considerado un hecho sin precedente en la democracia.

En esta tesitura estarían dirigentes históricos como Hugo Tolentino Dipp, Milagros Ortiz Bosch, Ivelisse Prats Ramírez, Tony Raful, Enmanuel Esquea Guerrero y Tirso Mejía Ricart, y movimientos como el Foro Renovador y el Grupo Concertación por el Cambio Democrático, que promovieron el Congreso perredeísta celebrado en octubre del 2010, el cual aprobó un amplio programa de renovación que ha sido ignorado por la dirección partidaria.

El Grupo de Concertación, que integra a jóvenes profesionales, plantea que la crisis puede ser una oportunidad para renovar la estructura, reactivar los organismos, retomar la disciplina y la institucionalidad, volver sobre los principios ideológicos y abrirse a un nuevo liderazgo.

Dentro y fuera del PRD son muchos los que plantean que no basta con romper el candado que sostiene la cadena que impide el paso a la casa nacional, sino que hay que abrir de par en par las puertas a la renovación de una estructura partidaria anquilosada.

Hugo Tolentino Dipp, uno de los que reivindican la social democracia que enarboló José Francisco Peña Gómez, dijo esta semana por televisión que “el PRD es un partido secuestrado por Vargas Maldonado, sin vinculación con el pueblo, que requiere rescatar sus fundamentos ideológicos y definir una estrategia de oposición”.

Nelson Espinal Báez, un experto en solución de conflictos que el año pasado medió hasta que Vargas Maldonado aceptó proclamar la candidatura de Hipólito Mejía, plantea una concertación para restaurar la disciplina, la transparencia y la institucionalidad, aunque en un artículo publicado el miércoles en Diario Libre sostuvo que la concertación no puede verse como bálsamo para inequidades ni ilegalidades.
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MÁS SOBRE LA PLAGA MORADA

JUAN BOLÍVAR DÍAZ: “YO ESTUVE EN LA CONSPIRACIÓN DE MIGUEL GUERRERO”

Resalta que ha participado en reuniones con Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández y otros destacados políticos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El periodista Juan Bolívar Díaz declaró este sábado que resulta alarmante que periodistas y comentaristas se nutran del espionaje para hacer su labor, como ocurrió con los productores del programa El Sol de la Mañana, que acusaron de “conspiración” al periodista Miguel Guerrero y un grupo de amigos, por un encuentro celebrado en su casa con el candidato presidencial Hipólito Mejía.

Sostiene que, al igual que Miguel Guerrero, no puede entender que colegas “defensores de la libre expresión” denunciaran como conspiración una conversación con un candidato presidencial.

A continuación el texto de la declaración de Juan Bolívar Díaz, director de noticias de Teleantillas, canal 2, y articulista del periódico Hoy:

Yo estuve en la conspiración de Miguel Guerrero

No puedo salir del asombro por el hecho de que cuatro destacados comentaristas radiofónicos hayan denunciado la reunión celebrada en el apartamento de Miguel Guerrero por un grupo de periodistas con el candidato presidencial Hipólito Mejía como una conspiración contra el gobierno y para desprestigiar lo que consideran el seguro triunfo de su candidato Danilo Medina.

Sólo faltó que exhibieran y reprodujeran una grabación del animado diálogo que reprodujo en ese encuentro, la prueba del delito de espionaje, como ya hicieron recientemente primero el gobierno, en presencia del Procurador General de la República, y luego cuatro diputados.

De cualquier forma me parece alarmante que periodistas y comentaristas se nutran del espionaje, si es que ellos mismos no lo ejercen. Al grado de que llegaran a afirmar cuántos fueron los asistentes, que a mi no se me ocurrió contarlos, y hasta trataran de identificarlos.

Si es así debo confesar que soy un conspirador impenitente ya que desde que Danilo Medina se lanzó tras la presidencia de la República he participado en por lo menos tres reuniones de grupos de periodistas.

Yo me gradué de espantos hace 42 años cuando en la campaña electoral de 1970 volaron mi automóvil con una bomba y meses después una oportuna confidencia evitó que me volaran la cabeza. Pero debo decir que desde entonces nunca me había sentido tan hostigado por el ejercicio de mi profesión. En aquellos años mataron cientos de personas y algunos colegas también pagaron con sus vidas.

Ahora no hay atentados contra la integridad física, pero sí contra la integridad moral. Como muchos otros colegas siento como nunca un esfuerzo por uniformar la sociedad, por acallar la disensión, por excluir y estigmatizar a los que se consideran desafectos.

El gobierno tiene un aparato de medios de comunicación propio y atrapado como nunca en nuestra historia. Con miles de periodistas y comentaristas asalariados, decenas de ellos multimillonarios, pero quiere acallar a algunas decenas que disienten de ellos.

Como Miguel Guerrero, no puedo entender que colegas “defensores de la libre expresión” denunciaran como conspiración una conversación con un candidato presidencial.

Si es así debo confesar que soy un conspirador impenitente ya que desde que Danilo Medina se lanzó tras la presidencia de la República he participado en por lo menos tres reuniones de grupos de periodistas donde se discutió abiertamente su proyecto. Dos de ellas fueron en casa del respetable colega Rafael Ovalle, y la tercera en mi propio apartamento de Naco. Un cuarto encuentro colectivo, con un grupo de profesionales, tuvo lugar en casa de un distinguido empresario que apoya a Medina.

En esa misma residencia yo tuve una larga conversación con Danilo y en otras dos oportunidades en la oficina del mismo empresario, la última de las cuales ocurrió en marzo pasado. Siempre fueron conversaciones francas y cordiales, de las que no tengo que arrepentirme. Ni siquiera cuando me atreví a expresar opiniones, a veces sin que me las pidieran.

En el pasado ocurrió lo mismo en reuniones individuales o de grupos de colegas o amigos, con Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Majluta, Hipólito Mejía, Maximiliano Gómez, Otro Morales, Fafa Taveras, y Rafael Chaljub Mejía. Incluso con Jacinto Peynado y Carlos Morales Troncoso cuando eran vicepresidentes de la nación, y con Leonel Fernández e Hipólito Mejía, antes y durante sus presidencias.

En cada uno de los casos estuvieron en mi casa y yo en la de ellos, excepto los que tuvieron que vivir en el clandestinaje. La primera reunión donde mi amigo Leonel discutió abiertamente las perspectivas de su candidatura presidencial con un grupo de periodistas, ocurrió en mi casa en 1995 y yo además puse la cena y los tragos.

Durante los primeros dos años de su primer gobierno, participé en unas cuatro reuniones nocturnas en casas de amigos, junto a cinco o seis colegas. Y fueron bien francas. Pero amistosas.

Lo mismo ocurrió en la primera mitad del gobierno de Mejía. Observen que en ambos casos apenas llegamos a la mitad del período, lo que puede ser evidencia de que la franqueza nos distanciaba y –desde luego- que no busqué nunca el menor beneficio del poder. Algunos de los citados lamentablemente ya no pueden dar testimonio, pero hay varios vivos que son bien importantes.

Me produce una pena inmensa toda la mezquindad y la infamia que se practica en esta campaña electoral. Y crecen mis temores de que degenere en terror y en silencios, y por otra de que las pasiones desenfrenadas desgarren una vez más la débil institucionalidad democrática nacional.

Nunca me he declarado neutral en nada y a mis alumnos siempre les he predicado la militancia activa, jamás la pasividad. Pero también les he invitado siempre a la tolerancia con la diversidad, al aprecio de la pluralidad y al respeto a la honra aún de los mayores contradictores. Me alarman tantos esfuerzos por la estigmatización y el aplastamiento que se manifiestan en los últimos años contra los que disienten del discurso oficial.

Tomo prestada la interjección que ha acuñado ese otro conspirador que es Andrés L. Mateo: ¡Oh Dios! Y la oración con que culmina sus enjundiosos artículos el colega de la diáspora Rafael Calderón: Que Dios se apiade de la República Dominicana. Siga Leyendo...

GOBIERNO Y EDUCACIÓN

OTRA BURLA A LA VOLUNTAD POPULAR
Por Juan Bolívar Díaz

El monitoreo del presupuesto destinado a educación que realiza una coalición de instituciones sociales demuestra que el gobierno volvió a burlarse de forma múltiple de la voluntad popular clara y contundentemente expresada en favor del cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97 que destina al sector un mínimo anual del 4 por ciento del producto interno bruto, que desde el 2010 pasó a ser un mandato constitucional en virtud del numeral 10 del artículo 63 de la nueva carta fundamental.

Según un boletín del Foro Socioeducativo, integrado por tres universidades y otras reputadas instituciones, el gobierno sólo ejecutó el 85.2 por ciento del presupuesto que había asignado al Ministerio de Educación, quedándose con 6 mil 788 millones de pesos, el 14.8 por ciento de los 45 mil 835.6 millones que debió entregarle.

Como hubo de admitir la ministra de Educación, Josefina Pimentel, el recorte afectó los planes y programas diseñados por esa cartera en el marco del Plan Decenal de Educación 2008-18, elaborado por los técnicos de este mismo gobierno, tras amplias consultas con las entidades sociales del sector. Era lógico ya que el 89 por ciento del presupuesto ejecutado se fue en gastos corrientes, en gran proporción inevitable.

Además de la burla a la Constitución y la ley 66-97, ambas promulgadas por el presidente Leonel Fernández, se violó también la ley 236-11 que en septiembre pasado aumentó en 4,300 millones de pesos el presupuesto de Educación atendiendo al compromiso que contrajo el mandatario a finales del 2010 con los sectores que desde ese año realizan una intensa y extensa campaña por el aumento de la inversión en educación. Pero además de no entregar la partida adicional, el gobierno se quedó con 2 mil 478.5 millones del presupuesto originalmente aprobado.

Se trata también de una inmensa burla al amplio movimiento social de los últimos dos años que reclama mayor inversión en educación como fundamento del desarrollo, que según las encuestas ha obtenido hasta el 90 por ciento de aprobación de la población. Se burla también el consenso al respecto de la llamada Cumbre de las Fuerzas Vivas, celebrada con bombos y platillos en el 2009, así como del Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación que auspició el presidente Fernández entre el 2005 y 2006.

El consenso para la priorización del gasto en educación proviene del primer Plan Decenal de Educación puesto en vigor a partir del 1992 y formó parte de los acuerdos del Diálogo Nacional auspiciado entre 1997 y 98, en el primer gobierno del ilustrado doctor Leonel Fernández, que desde entonces lo ha hecho parte de su discurso.

La sustracción del dinero que correspondía a educación dejó en apenas 1.82 por ciento del PIB lo destinado al sector en el 2011, en reducción en relación al año anterior, menos de la mitad de lo que establece la ley y casi la tercera parte del 5.5 por ciento del PIB al que se comprometió el presidente Fernández en la última Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados celebrada en Argentina en diciembre del 2010. Proporción ratificada meses después en una cumbre centroamericana por el vicepresidente Rafael Alburquerque en representación del gobierno dominicano.

La grosería es más grave y hasta irritante porque desde los últimos meses del año pasado el gobierno dispuso mayores recursos para programas viales, que además de ser su gran prioridad, constituyen una inversión de clara connotación electoral, dentro del marco de lo anunciado en Nueva York por el presidente Fernández en septiembre.

En la Coalición por una Educación Digna, que ha promovido tan hermosas jornadas de lucha por el cumplimiento de la ley, deben de estar contando los días para que acabe este gobierno burlesco y cínico.-

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Que no nos empujen al mar

Por Juan Bolívar Díaz

No ha habido ningún funeral en Catedral, ni se decretaron días de duelo. Ninguna autoridad ha declarado, siquiera por rubor, consternación ante la inmensa tragedia en la que por lo menos 52 dominicanos perecieron el fin de semana anterior en el naufragio de la yola en la que transportaban sus sueños de progreso hacia los Estados Unidos, vía Puerto Rico.

Tampoco se proclamó un alerta general ni se movilizaron aviones ni helicópteros cuando al amanecer del sábado 4 de febrero se produjo el naufragio ahí mismo, saliendo apenas de la bahía de Samaná, del que se supo en pocas horas por las habilidades de algunos que lograron sobrevivir, que serían en total 13. Como se afirma que la yola llevaba más de 70 hombres y mujeres, se presume que las víctimas fatales serían cerca de 60.

Lo más desgarrador fue cuando la tarde del miércoles la marea arrojó hacia la costa 23 cadáveres ya descompuestos, y dirigentes comunitarios y la pobre alcaldía del municipio tuvieron que hacer una colecta para proporcionar combustible a las yolitas de pescadores que protagonizarían el rescate. Depositados en fundas plásticas, sin fotografías que permitieran identificarlos, esos despojos humanos fueron rápidamente depositados en una tumba colectiva.

La tragedia de la bahía de Samaná retrató de cuerpo entero tanto la miseria como la insensibilidad de la sociedad dominicana que sigue empujando hacia el mar a muchos de los que quieren salir de la pobreza y las privaciones y que lo venden todo o se endeudan ellos y sus familias para correr la aventura de las yolas, a través de las cuales decenas de miles han realizado sus sueños. Pero no se sabe cuántos los han hecho naufragar para siempre.

El Centro Bonó fue tal vez la única institución que dio una mirada profunda al drama de Samaná con una declaración titulada "No dejemos que nos sigan empujando al mar", con la que no sólo condena a quienes por comisión u omisión permiten el impune y millonario tráfico de indocumentados, sino que también desentraña sus raíces en la pobreza que según la CEPAL afecta al 47.8 por ciento de la población nacional, con casi 20 por ciento de indigentes.

Lo peor es que no son los indigentes los que asumen la aventura de las yolas, sino los desesperanzados, los que no se conforman con el chiripeo, los salarios de sobrevivencia y las boronas en forma de fundas, cajitas o tarjetas para mantener la pobreza. A menudo se van y se mueren los que muestran más empeño en salir adelante, los de mayor energía, dejando aquí los conformistas, los deprimidos y los reducidos a vivir de limosnas políticas.

Hemos desarrollado una gran insensibilidad y vemos esas tragedias como inevitables, como simple consecuencia de la irreflexión, aunque sabemos que el negocio deja cientos de millones de pesos cada año y ha sido fuente de grandes acumulaciones. Contradictoriamente es el millón de dominicanos y dominicanas emigrados en las últimas cuatro décadas, el que mantiene la estabilidad de la economía nacional. Sin los tres mil millones de dólares que remesan cada año, el naufragio hubiese sido total.

Hagamos un responso por estos náufragos, y expresemos solidaridad con sus acongojados familiares, pero acogiendo el llamado del Centro Bonó a no permitir que nos sigan pisoteando el presente y el futuro, "exigiendo el cumplimiento de la ley y el pleno ejercicio de los derechos, luchando por un país de oportunidades equitativas para todos y todas".-
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Volumen para adornar bibliotecas

Acontecimientos indican que como la guagua de Juan Luis vamos en reversa

Por JUAN BOLÍVAR DÍAZ

Ver al gobierno celebrando un acto en el Palacio Nacional con la presencia del destacado intelectual francés Jacques Attalí para poner en circulación su Informe para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana produce sentimientos encontrados, sobre todo cuando se dice que el presidente Leonel Fernández creó una comisión para dar seguimiento a recomendaciones que dependen de su propia voluntad.

El primer sentimiento es de reconocimiento a la valentía del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, por haber convertido en un libro el documento que conocimos en noviembre, a pesar de que cinco meses después no se ha hecho caso ni siquiera a una de sus 77 propuestas específicas, agrupadas en siete grandes iniciativas.

Vale también elogiar el magnífico equipo técnico-profesional de Montás, que ha persistido en estudiar y diagnosticar la realidad del país, con las correspondientes políticas para el establecimiento de una Estrategia Nacional de Desarrollo, recién introducida al Congreso pero opacada por las garatas de la política nacional.

Ante la designación de la comisión de seguimiento vienen a la memoria los innumerables estudios para el desarrollo nacional que hemos tenido desde los años sesenta, que constituyen una enorme biblioteca, especialmente en las últimas dos décadas, incluyendo los volúmenes del Diálogo Nacional que consumió meses de trabajo a nivel nacional del gobierno y la sociedad civil en los años 1997-98.

Ahí están, por ejemplo, las reiteradas recomendaciones de que el Estado privilegie la inversión en educación, establecida en un mínimo del 4 por ciento del producto bruto en la Ley General de Educación de 1997, tras años de concertación, pero aún andamos por la mitad. O las urgencias de afrontar y superar la crisis energética que data de cuarenta años. Ambas prioridades figuran en el Informe Attalí, ahora convertido en bonito libro.

Debe reconocerse que muchas de sus recomendaciones son de largo plazo y requieren un acopio de recursos que escasean y que, como el actual gobierno está prácticamente en su último tramo, la Estrategia Nacional de Desarrollo será un magnífico manual para quienes le sucedan en la conducción del Estado.

El presidente Fernández podría dar el ejemplo, honrando sus diagnósticos y poniendo en práctica muchas recomendaciones que sólo dependen de un decreto y conllevan ahorro y estímulo a una urgente austeridad y honradez en el manejo de los recursos públicos para que dejemos de ocupar las últimas dos posiciones entre 139 países en favoritismo de los funcionarios y despilfarro en el gasto gubernamental, y la 134 en desvío de los fondos públicos, según el Índice de Competitividad Global 2010-11 del Foro Económico Mundial.

En el Informe Attalí hay muchas recomendaciones de viabilidad inmediata, como eliminar los barrilitos, limitar por ley el número y tamaño de los ministerios, los viceministros y las delegaciones diplomáticas y consulares, eliminar comisiones, consejos y direcciones infuncionales, racionalizar el Estado reagrupando instituciones con funciones similares, imponer la transparencia en los contratos públicos, reformar e independizar la Cámara de Cuentas y elevar el presupuesto de educación al 5 por ciento.

Y ahí está consignada la primera línea “absolutamente prioritaria” para la Estrategia de Desarrollo que Attalí precisó: “devolver la confianza en las instituciones”, cuya implementación inmediata “tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana y que debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigmas y adoptar un modelo justo, duradero y ambicioso”.

Los últimos acontecimientos indican que como la guagua de Juan Luis Guerra vamos en reversa, por lo que el libro es otro volumen para adornar bibliotecas.

Hoy Digital
2 Abril 2011 Siga Leyendo...