DISECCIÓN

¿Y EL EPISCOPADO, DÓNDE ESTÁ?
Por Rosario Espinal

En el país ha faltado una posición conjunta de la jerarquía eclesial

Sorprende que a pesar de dos décadas de muchas acusaciones contra sacerdotes por casos de abusos sexuales a menores en diversos países, la jerarquía de la Iglesia Católica dominicana no estuviera adecuadamente preparada para dar una respuesta contundente cuando el problema se presentara de manera alarmante en República Dominicana, como ha sucedido en las últimas semanas.

Los casos de abusos sexuales a menores no han ocurrido en un solo país, tampoco ha sido un asunto de medios de comunicación agitadores; porque si las acusaciones hubiesen sido falsas, producto de la morbosidad mediática, los curas acusados hubiesen sido absueltos.

La realidad es que la cantidad de evidencias y pagos en reparaciones es inmensa. Sólo en Estados Unidos se estima que la Iglesia Católica ha pagado más de dos billones de dólares a víctimas de abuso sexual.

Que hay maldad por doquier, se sabe. Que la pederastia no es exclusiva de los curas, se sabe también. Que la mayoría de los curas no son pederastas, así es. El asunto es que un religioso tiene el doble compromiso de actuar siempre con la mejor buena fe, la mayor ética y la mayor prudencia, porque su función principal es ser guía espiritual; no es ser político, ni cantante, ni negociante. Para eso están los laicos.

Cuando los casos de pederastia comenzaron a resonar a nivel internacional se descubrió que no solo había curas pederastas y muchas víctimas, sino que sus superiores, conociendo el problema, encubrían a los curas y se limitaban a cambiarlos de parroquia o institución.

Con eso agrandaban el problema, porque los curas trasladados seguían cometiendo sus fechorías con nuevas víctimas. Muchos obispos, arzobispos, y hasta los últimos Papas, han pedido perdón públicamente por esas faltas. Eso está bien, pero no es suficiente ante la magnitud del daño. El abuso sexual a menores, sean varones o hembras, es un delito grave.
Las denuncias y la secuencia de hechos recientes en torno a tres casos, el del nuncio, el cura de Juncalito y el de Constanza son de tal magnitud, que ya la Conferencia del Episcopado Dominicano, al unísono, debió haber fijado una posición pública de apego a la ley y a los valores cristianos.

Acusar los medios de comunicación de instigadores no es buen calmante ante la gravedad de lo que se sabe o sospecha, y donde está involucrada una alta autoridad eclesial. Convocar una rueda de prensa con curas de segundo rango, con actitud más aguerrida que compasiva, y además, con palabras de defensa a los señalados bajo el argumento de que hasta que se demuestre lo contrario nadie es culpable, fue una insensatez.

Se sabe que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario; es una estipulación del derecho democrático. El problema es que el nuncio y el cura polaco de Juncalito salieron sigilosamente del país y, por tanto, no pueden ser juzgados.

Si son inocentes, ¿por qué se marcharon? Si son inocentes, ¿por qué no regresan a enfrentar con valentía los cargos? Si huyeron a pesar de todo el poder que tiene la Iglesia Católica para asegurar un juicio justo, e incluso ventajoso, hay que suponer que algo anda muy mal.

Monseñor Agripino Núñez Collado tomó el toro por los cuernos y habló. Bien hecho. Pero ha faltado una posición conjunta de la jerarquía eclesial, no para condenar a nadie, eso le corresponde a la justicia si los dos fugitivos aparecen, sino para informar a la feligresía católica y al pueblo de esta lamentable situación, y ponerse sin tapujos del lado de la verdad y la justicia.

Tomado de hoy.com.do