Tomado de The Guardian
Imagínense que un activista de la oposición fuese asesinado a pleno día en Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela por pistoleros enmascarados, o fuese secuestrado y asesinado por guardias armados de un conocido colaborador del gobierno. Sería noticia de primera plana en el New York Times y en todos los noticiarios de TV. El Departamento de Estado norteamericano emitiría una fuerte declaración de preocupación por graves violaciones de derechos humanos. Si es que esto sucediera realmente alguna vez.
Ahora imagínense que 59 de estos casos de asesinato político hayan tenido lugar en lo que va de año. Mucho antes de que el número de víctimas llegara a este nivel, ello se convertiría en un asunto de primer orden en la política exterior norteamericana, y Washington estaría reclamando sanciones internacionales.
Pero estamos hablando de Honduras, no de Bolivia o Venezuela. Así que cuando Porfirio Lobo, presidente de ese país llegó a Washington el mes pasado, el presidente Obama lo saludó fraternalmente y dijo:
“Hace dos años, vimos un golpe en Honduras que amenazó con desviar al país de la democracia, y en parte debido a la presión de la comunidad internacional, pero también por el fuerte compromiso con la democracia y el liderazgo por parte del presidente Lobo, lo que hemos estado viendo es una restauración de las prácticas democráticas y un compromiso con la reconciliación que nos brinda una gran esperanza”.
Desde luego, el presidente Obama se negó a encontrarse siquiera con el presidente democráticamente electo que fuera derribado por el golpe que él mencionaba, aunque ese presidente visitara tres veces Washington en busca de ayuda. Se trataba de Manuel Zelaya, un centro-izquierdista derrocado por los segmentos militares y conservadores de la sociedad hondureña, tras haber instituido una serie de reformas por las que el pueblo había votado, tales como aumentar el salario mínimo y promover la reforma agraria.
Pero lo que más irritó a Washington fue que Zelaya estaba próximo a gobiernos izquierdistas de Suramérica, incluyendo Venezuela. No se encontraba más allegado a este país de lo que lo estaban Brasil o Argentina, pero se trató de un delito oportuno. Así que cuando los militares hondureños derrocaron a Zelaya en junio del 2009, la administración Obama hizo todo lo posible durante los seis meses siguientes para garantizar que el golpe fuera exitoso. La “presión de la comunidad internacional” a la que Obama se refirió vino de otros países, fundamentalmente de aquellos gobiernos de centro-izquierda sudamericanos.
Los Estados Unidos estaban del otro lado, luchando –a la larga exitosamente- para legitimar el gobierno golpista mediante una “elección”, que el resto del hemisferio se negó a reconocer.
En mayo de este año, Zelaya declaró públicamente aquello que la mayoría de los que seguimos de cerca los sucesos sospechábamos fuese cierto: que Washington estaba detrás del golpe y ayudó a provocarlo. Aunque probablemente nadie se molestará en investigar el papel de los Estados Unidos en el golpe, esto es bien plausible dada lo abrumador de las evidencias.
Porfirio Lobo tomó posesión en enero del 2010, pero la mayor parte del hemisferio se negó a reconocer su gobierno dado que las elecciones tuvieron lugar bajo condiciones de serias violaciones de derechos humanos. En mayo del 2011, finalmente se negoció un acuerdo en Cartagena que permitió a Honduras volver al seno de la OEA. Pero el gobierno de Lobo no ha cumplido con su parte de los acuerdos de Cartagena, que incluyen garantías de derechos humanos para la oposición política.
He aquí dos de las docenas de asesinatos políticos que han ocurrido durante la presidencia de Lobo, tal como han sido recogidos por el CRLN (Red de Líderes Religiosos para Latinoamérica con sede en Chicago):
“Pedro salgado, vice-presidente del Movimiento Unido Campesino de Aguán (MUCA), fue asesinado a tiros y luego decapitado alrededor de las 8:00 p.m. en su casa de la empresa cooperativa La Concepción. Su esposa, Reina Irene Mejía, también fue asesinada. Pedro sufrió un atentado en diciembre del 2010[…] Salgado, tal como los presidentes de todas las cooperativas que reclaman derechos a tierras usadas por empresarios de la industria del aceite de palma africana en Aguán, había sido objeto de constantes amenazas de muerte desde comienzos del 2011”.
El coraje de estos activistas y organizadores frente a tal horrible violencia y represión es sorprendente. Muchos de los asesinatos ocurridos durante el año han tenido lugar en el Valle de Aguán, en el noreste, donde muchos pequeños agricultores luchan por el derecho a la tierra contra uno de los más ricos terratenientes hondureños, Miguel Facussé. Este está produciendo biocombustibles en esta región de disputas territoriales. Está allegado a los Estados Unidos y fue un importante colaborador del golpe contra Zelaya. Sus fuerzas privadas de seguridad, junto a militares y policías apoyados por los Estados Unidos, son responsables de la violencia política en la región. La ayuda norteamericana al ejército hondureño ha aumentado desde el golpe.
Recientes cables diplomáticos dados a conocer por WikiLeakes muestran que funcionarios estadounidenses conocen desde el 2004 que Facussé también ha estado traficando grandes cantidades de cocaína. Dana Frank, profesor de la Universidad de California en Santa Cruz, un experto en temas hondureños, lo resumió así el mes pasado para The Nation: “En otras palabras, los fondos y entrenamientos norteamericanos de la “guerra contra la droga” están siendo utilizados para apoyar la guerra contra los campesinos librada por un conocido traficante de drogas”.
La militarización norteamericana de la guerra de la droga en la región está conduciendo a Honduras por el mismo desastroso camino de México, en un país que ya tiene una de las tasas de asesinatos más altas del mundo.
El New York Times reporta que el 84 por ciento de la cocaína que llega a los Estados Unidos ahora pasa por Centro América, en comparación con el 26 por ciento del 2006, cuando Calderón tomo posesión en México y declaró la guerra al narcotráfico. El Times también hace notar que “funcionarios norteamericanos afirman que el golpe del 2009 abrió la puerta a los cárteles hondureños de la droga”.
Cuando voté por Barack Obama en el 2008, nunca pensé que su legado en Centroamérica sería el retorno de un gobierno de escuadrones de la muerte, del tipo que Ronald Reagan apoyara tan vigorosamente en los 80’. Pero tal parece ser el caso de Honduras.
La administración Obama ha ignorado hasta ahora la presión por parte de miembros demócratas del Congreso para que se respeten los derechos humanos en Honduras. Estos esfuerzos continuarán, pero Honduras necesita ayuda del Sur. Fue Suramérica la que encabezó los esfuerzos para revertir el golpe del 2009. Aunque Washington haya salido a la larga victorioso, estos países no pueden abandonar a Honduras mientras que personas iguales a sus amigos y colaboradores en sus naciones respectivas estén siendo asesinadas por un gobierno apoyado por los Estados Unidos.
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