No me cabe ninguna duda: ganaré las elecciones del 2012, independientemente de las triquiñuelas que se inventen mis adversarios y todas las marrullas que logren poner en práctica para violentar la voluntad de los dominicanos, de cambiar su estado actual de pobreza, inseguridad, falta de trabajo, corrupción generalizada y alto costo de la vida.
Quiero expresar mi preocupación, sin embargo, sobre el deterioro que estamos observando en el árbitro y organizador de las elecciones: la Junta Central Electoral, dominada por el partido de gobierno y encabezada por un cuadro peledeísta, vicesecretario general del PLD, doctor Roberto Rosario.
Esto nunca había ocurrido en la historia electoral del país, pero su elección fue la decisión de un Senado controlado también por el PLD.
Ostento la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que gané legítimamente, con verificación del propio organismo electoral, y fui proclamado oficialmente.
Creo que a nadie debe caberle ninguna duda en el sentido de que soy la parte más interesada en que las elecciones sean transparentes, limpias, bien organizadas y que no se manipule la intención de voto de los ciudadanos dominicanos.
Por eso me expreso en los términos en que lo hago en este escrito, luego de haber observado durante varios meses el comportamiento de los funcionarios que deben organizar y arbitrar las elecciones que estoy seguro ganaré el próximo 20 de mayo.
Quiero decir que mi preocupación va más allá del tema estrictamente electoral. De las elecciones limpias depende la estabilidad democrática, depende la paz, depende la continuidad del sistema político como lo hemos vivido desde que se estabilizó el régimen electoral a partir de 1996. En el 2000 gané limpiamente una elección presidencial y en el 2004 entregué sin ninguna dificultad el poder a mi sucesor, luego de un proceso electoral transparente, auspiciado por mi gobierno y por mi partido.
Creo que amañar unas elecciones para retorcer sus resultados, es el peor crimen que se pueda cometer contra la democracia y contra la voluntad del pueblo dominicano. Forzar al país a mantenerse bajo el control de un partido que la gente rechaza, por todos sus errores y por la corrupción y la barbarie generalizada, es el mayor desatino que pudiera cometerse contra el sistema democrático.
Reitero: mi preocupación es por la democracia dominicana y su futuro, más que por las elecciones del 2012. En la Junta Central Electoral he observado un deterioro constante, una falta de respeto a la norma y una personalización del mandato del Pleno que tiene que llamar la atención no solo del PRD, sino de toda la sociedad.
La JCE debe organizar las elecciones, y está obligada por ley a organizarlas bien. Todo lo demás es un protagonismo innecesario. Rechazo, como en su momento lo hicieron el PLD y el PRSC, la presencia del licenciado Franklin Frías en la dirección del Centro de Cómputos.
Las cartas y documentos que hablan de la falta de confianza, irregularidades, falta de supervisión de los técnicos bajo su dirección y hasta atribución de fraude en los comicios, están en manos de todo el país. Yo poseo toda esa documentación.
Todo el esfuerzo del presidente de la JCE, Roberto Rosario, para mantener a Frías en la dirección de Informática genera sospechas sobre el fin último de esta insistencia. No importa que se busquen fórmulas para mantenerlo allí: la JCE está obligada a generar confianza y ese señor allí es motivo de falta de confianza y de preocupaciones.
Correspondiente, en buena lid, que lo saquen.
Es motivo de inquietud que la JCE esté generando ruidos innecesarios y que ahora esté creando tensiones en diversas Juntas Electorales, como las del Distrito Nacional y Santiago, en donde se han presentado enfrentamientos y se están produciendo exclusiones que no están debidamente explicadas. Todos estos elementos generan inquietud y restan confianza a las autoridades de la JCE.
La presencia del licenciado Miguel Ángel García a la cabeza de la Dirección de Informática era motivo de tranquilidad para los partidos políticos y la sociedad. Todos sabemos que se puso en marcha un plan para sacarlo de la JCE, y ese plan fue ejecutado en forma burda y sin ahorrarse tensiones ni presiones a todos los empleados bajo su supervisión y al propio Tribunal Electoral.
Fue evidente que el presidente de la JCE no hizo ningún esfuerzo para resolver el conflicto, sino que lo agudizó con su actitud poco transparente e injustificada. Un gerente, y más si es de una entidad pública que requiere confianza de los ciudadanos, debe hacer un esfuerzo para evitar que sus mejores técnicos renuncien.
En este caso a Miguel Ángel García lo empujaron a renunciar.
La justificada y juiciosa posición del miembro titular del Pleno de la JCE, Eddy Olivares, advirtiendo sobre las irregularidades en marcha, ha sido ignorada por Rosario y los otros miembros adeptos al PLD en la JCE. Pero aún peor: Miembros del Senado de la República amenazaron con hacer un juicio político contra Olivares.
Es el colmo de la intolerancia y una evidencia que el concepto dictatorial se mantiene vigente en mucha gente que controla los aparatos del Estado en este momento.
Cuando dos senadores han dicho que si Frías crea inseguridad, falta de confianza y ruido al proceso electoral, corresponde que sea excluido, tienen razón. Sin embargo, el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, los ha desautorizado y les ha mandado a callar la boca, como si en este país la democracia estuviese siendo clausurada en materia electoral.
Me pregunto si estos elementos estarán estructurados para crear un clima de incertidumbre.
Espero que no sea así, y que independientemente de las triquiñuelas, podamos romper todos los cercos que se han ido creando para no entregar el poder en el 2012.
Observo que existe una dudosa coherencia entre lo que hace la JCE y lo que dice y hace el PLD. No he tenido la oportunidad de escuchar al candidato del gobierno ni al presidente de la República, como líderes que son, hablar sobre estos temas ni expresar preocupación alguna.
Risiblemente, dicen que mis preocupaciones son la evidencia de que me siento en desventaja, cuando en realidad, ellos lo saben, no soy tonto ni cobarde y estoy obligado a defender la democracia, en cualquier terreno.
En la última semana he visto la forma en que la JCE quiere descalificar a Participación Ciudadana para evitar que observe las elecciones. He tenido diferencias con esta organización y las mantengo, pero reconozco su honestidad, su eficiencia y calificación en materia de observación electoral. Su trabajo es válido y necesario y ha sido una de las instituciones que ha enriquecido los procesos electorales en los últimos 18 años.
¿Cuál es la razón para que la JCE esté envuelta en una agria disputa para evitar la observación electoral? ¿Desde cuándo la JCE ha pagado o auspiciado observadores electorales que dependan de ella, como evidentemente quiere Roberto Rosario? ¿Y de dónde saca esta JCE que puede hacer y deshacer, destruir honras, borrar la historia, sin que eso tenga consecuencias?
Creo que la JCE está obligada a escuchar al país, a escuchar a las Iglesias, los obispos, a las academias, los empresarios, a las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto a los partidos políticos y a los candidatos, entre los que me encuentro yo y se encuentra mi partido, el PRD.
De modo que la preocupación que tiene todo el país sobre el conflicto sobre el Centro de Cómputos es apenas el eslabón de una cadena de sucesos que en nada contribuyen con la confianza en la JCE. El papel de la JCE es organizar las elecciones y llevarlas a cabo sin mayores traumas.
El país está pidiendo moderación y ecuanimidad a los miembros de la JCE y en particular a su vocero y presidente, Roberto Rosario. La JCE no puede ni debe andarse peleando en todos los terrenos y con todos los sectores.
No es esa la función de los funcionarios electorales. Todo organizador de elecciones debe saber que tiene que dejar sus intereses de partido fuera de las decisiones institucionales. Individualmente los funcionarios electorales no pueden sustituir al órgano establecido por ley, como en este caso ocurre con la casi completa ignorancia del Pleno y en particular el ocultamiento de información de primerísima importancia a los demás miembros del Pleno.
El PRD y yo llamamos la atención sobre el conflicto en el órgano electoral. Este no es sólo un problema que atañe al PRD, sino al país, como lo han expresado el Consejo de la Empresa Privada y cientos de organizaciones empresariales, recientemente, y como lo han venido expresando monseñor Agripino Núñez Collado, el cardenal Nicolás López Rodríguez, medios de comunicación, Participación Ciudadana y algunas de las personas sensatas del propio partido de gobierno.
Si no queda resuelto este tema de la institucionalidad y de credibilidad de la JCE estamos camino a un proceso electoral que podría realizarse con problemas de legitimidad y con un amplio margen de insatisfacción hacia los resultados que ofrezca la JCE. Esto representa un peligro y pone el país bajo un riesgo muy alto, porque empuja el proceso democrático hacia el precipicio.
Reitero que estoy seguro de que ganaré las elecciones. No obstante las trampas que se inventen, el uso de los recursos del Estado y los amarres que se quieran hacer. El país debe impedirlo y el PRD estará dispuesto a no dejarse quitar las elecciones.
Pero me corresponde hacer esta alerta para ahorrarle traumas a la nación y en particular al sistema político.
De elcaribe.com.do
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