lunes, 3 de junio de 2013

LA OPINIÓN DE MELVIN

CONSENSO PARA HACER JUSTICIA
Por Melvin Mañón


Está claro que Danilo Medina, incumpliendo su obligación más solemne de hacer cumplir la ley, no ha dado instrucciones para que los crímenes de su predecesor sean investigados y castigados aunque algunas de las decisiones que ha tomado constituyen, de por sí, un enjuiciamiento de facto de las ejecutorias de Leonel. De igual manera Danilo Medina lo dejaría hundirse tanto por el rencor legítimo que debe albergar como por conveniencia política.

Cuando el ex presidente de la suprema corte de justicia confiesa que el fallo que esa corte produjo frente al caso del préstamo de la Sun Land había sido político y que era como un baldón, un crespón negro sobre la magistratura se está –de hecho- admitiendo la comisión de delito.

Cuando Danilo Medina astutamente sale a buscar dinero de la Barrick para mejorar sus finanzas, la naturaleza fraudulenta del contrato queda al desnudo y así mismo la complicidad del gobierno de Leonel y sus legisladores.

Cuando Danilo Medina acoge la entrega del 4% del presupuesto para educación Leonel queda inmediatamente inculpado de haber violado la ley.

Cuando exhibe una conducta personal austera está incriminando a Leonel por malversación y corrupción pero lo hace para que sea entendido por la gente no para que sea sometido ante la justicia y, entre una cosa y la otra, existe abismal diferencia.

Leonel personifica el crimen de peculado y otros delitos asociados a su gestión. No perseguirlo ni castigarlo obra a favor de los demás corruptos y ellos lo saben. La conducta de Leonel legitima la de los que, como él, aspiran a la misma impunidad en medio de la cual se sienten representados tanto los que ya delinquieron como los que apenas ahora – al calor de la nueva administración- han empezado a hacerlo.

Para ser enjuiciado, Leonel tiene que ser primero desenmascarado. Eso fue lo que hicieron las manifestaciones y marchas ciudadanas del año pasado por la combinación de: a) las señales que vinieron del extranjero en la forma de numerosas y sincronizadas publicaciones dando cuenta de sus crímenes y b) por el enojo que produjo la imposición de la novena reforma fiscal que nos obligó a asumir el pago de las deudas contraídas para financiar su dispendio y corrupción.

No hemos entendido que cada vez que la gente grita por el nuevo precio de un artículo de consumo o servicio debemos recordarle que la culpa es de los impuestos y de la energía y que ambas situaciones son producto de la corrupción de Leonel y de la tolerancia imperdonable de Danilo Medina.

Ahora, en medio de una paralización económica, despidos masivos, con tantas empresas de zonas francas cerradas y quebradas, cuando nadie tiene dinero y la delincuencia desborda todos los contenedores sumiendo el cuerpo social en la desesperanza, la impotencia y el miedo se presenta otra oportunidad de retomar el tema judicial siempre que se le vincule con el costo de la vida y la inseguridad jurídica y ciudadana.

La reactivación de la economía no resultará de la baja en las tasas de interés, ni del pago prometido a cosecheros, ni de las visitas puntuales de Danilo Medina a algunos proyectos agrícolas ni de su indignación por las condiciones físicas de un hospital. Él siembra esperanzas y reparte promesas pero el país no lo sigue, ni funciona porque está atrapado en la cultura de antivalores fomentada por Leonel y esta cultura solamente se rompe rompiéndolo a él y forjando un paradigma nuevo.

La economía dominicana no se recupera con la carga de impuestos existentes, no puede avanzar con la tarifa eléctrica onerosa que tiene sobre sus hombros ni puede restaurar su infraestructura productiva sin una visión de conjunto clara y una determinación de gobierno que no está a la vista.

Hay una relación directa entre la reforma fiscal de Danilo y la crisis económica actual y la única explicación y solución es justamente la que el gobierno rehusó desde el principio emprender.

A diferencia de Balaguer que en 1987 le dio curso al enjuiciamiento de Salvador Jorge Blanco y lo hizo de una forma jurídicamente escrupulosa ahora no hay gobierno dispuesto a emprender la tarea y esa falta imperdonable de Danilo Medina, que marcará toda su vida política futura, solamente puede ser suplida con una movilización inteligente, extraordinaria y permanente del cuerpo social. Y esta es justamente la tarea que ha sido descuidada y a esta es precisamente a la que se debe regresar.

Danilo Medina ha creído que puede gobernar -y hacerlo bien- eludiendo la tremenda responsabilidad de incriminar a su predecesor. Es el deber de todos los que estamos en la oposición obligarlo a actuar so pena de incriminarlo también a él por negligencia y encubrimiento. Otros dirigentes y voces de oposición cuestionan los motivos de Moreno o la fundamentación jurídica de la querella y de nuevo insisto que este no es el punto. Sin una decisión de gobierno de perseguir la corrupción será necesario construir un poderoso consenso local e internacional que la exija. No solamente las denuncias de corrupción son importantes, sino y más aun que estas, son las acciones. La querella es solamente uno de estos recursos y el asunto no es Guillermo Moreno sino esa corriente de tolerancia cero y persecución judicial.

Como demostró fehacientemente una encuesta, el 71% de los dominicanos estuvo en desacuerdo con la decisión de la fiscal de archivar la querella. Ese 71% y sus líderes, lo menos que pueden y deben hacer es retomar el expediente. Poco importa si política o personalmente Guillermo Moreno resultara beneficiado y como dije antes, si así fuera, ¿qué hay de malo en ello?

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