Por ROSARIO ESPINAL
Me aterra el nacionalismo extorsionista, el que se erige con el hundimiento del otro, el que azuza el odio, el que alimenta prejuicios para beneficio de los más poderosos, el que acorrala una nación en la ilegalidad.
República Dominicana comparte una pequeña isla con el país más pobre de América. Eso implica problemas y beneficios. El principal “beneficio”, y lo pongo entre comillas, es que Haití ha ofrecido un caudal de mano de obra barata para el enriquecimiento empresarial.
Desde hace mucho tiempo, incluida la Era de Trujillo, los haitianos han suplido la mano de obra para las actividades económicas más duras y de menor remuneración. Se benefició el Estado cuando era emporio azucarero y ahora con la construcción, y se ha beneficiado históricamente el sector privado en diversos renglones de la producción.
Después de la masacre de 1937, mientras los haitianos estuvieron recluidos en bateyes, no perturbaron mucho a la población dominicana. Pero después de la caída de Trujillo, el éxodo de haitianos aumentó, sobre todo, después del fin de la dictadura de Jean Claude Duvalier en 1986.
El gobierno y los empresarios dominicanos han empleado masivamente esa mano de obra barata sin derechos políticos. Por eso la República Dominicana ha sido y seguirá siendo denunciada y acusada a nivel internacional. Los haitianos llegaron no porque lo ordenara otro país, sino porque el gobierno dominicano y los empresarios vieron las ventajas económicas de esa migración.
Pero en República Dominicana existe la expectativa de que los haitianos pueden trabajar y luego desaparecer del mapa, y no es así. Cuando un país acepta un flujo migratorio masivo, tiene que asumir las consecuencias socio-económicas y políticas. Los trabajadores necesitan viviendas, transporte, servicios educativos y de salud; tienen relaciones sexuales y procrean, sus hijos necesitan documentos y servicios.
En la medida que la población haitiana y descendiente fue creciendo, se establecieron disposiciones legales y constitucionales más excluyentes.
Por ejemplo, en la reforma constitucional de 2010 se estableció que los niños nacidos en territorio dominicano de padres indocumentados no califican para la nacionalidad dominicana.
Sin duda, el país tiene derecho a establecer las leyes que desee, pero esa disposición constitucional crea una situación de apartheid muy perjudicial porque hay una masa poblacional que vivirá sin derechos fundamentales a una identidad.
Si el gobierno dominicano acepta constantemente un flujo migratorio haitiano para satisfacer las necesidades de mano de obra barata, el Estado no puede cerrar las puertas, como ha hecho en la Constitución de 2010, para alcanzar el asentamiento legal de esa población.
Es evidente que en República Dominicana la mayoría de los haitianos se encuentra en estado de ilegalidad.
Los inmigrantes llegan sin documentos y permanecen por años (incluso hasta la muerte) sin documentos.
Muchos de sus hijos nacidos en República Dominicana tampoco pueden acceder a documentación nacional por ser hijos de inmigrantes indocumentados. Y para completar, hay descendientes de haitianos que obtuvieron documentos anteriormente y luego lo perdieron por las nuevas medidas restrictivas que se aplican retroactivamente.
Cuando República Dominicana es criticada internacionalmente por esta situación surgen las voces nacionalistas a defender el país. Entre esas voces se encuentran el mismo gobierno que ha permitido la migración ilegal, y los mismos empresarios y asociados que se benefician empleando esos inmigrantes.
El nacionalismo dominicano es anti-nacional porque se basa en defender la explotación y la ilegalidad. Si República Dominicana no quiere haitianos, el gobierno dominicano no debe permitir su entrada y los empresarios no deben emplearlos. Lo que no debe hacerse es permitir un flujo de inmigrantes, emplearlos, y luego negarles derechos fundamentales.
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