Listas negras y listas blancas

Para la DIAPE, son enemigos del Gobierno los periodistas críticos.

Por HAMLET HERMANN

La Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia de la República (DIAPE) no es una institución muy conocida por la mayoría de los ciudadanos.

Sin embargo, desempeña roles de formación de opinión y de asesoramiento a los más altos niveles del Gobierno, que no deben menospreciarse. Surgió originalmente como propuesta que hiciera Naciones Unidas al presidente Joaquín Balaguer en sus años finales de Gobierno. Pero el caudillo no creía en modernizar las funciones de Inteligencia. Prefería seguir con los mecanismos del Servicio de Inteligencia Militar y del Departamento Nacional de Investigaciones, las que no necesitaban de veleidades intelectualoides para el espionaje. Fue el presidente Leonel Fernández, sucesor de Balaguer en más de un sentido, quien acogió la idea y fundó el organismo desde su primer período de Gobierno, 1996-2000.

Los integrantes de la DIAPE, encabezada desde siempre por el arrepentido Carlos Dore, se autodenominaron “constructores de la inteligencia política”. Esa institución es, además, un vaso comunicante con la Fundación Global de Leonel Fernández que no conoce límites presupuestarios ni legales para abastecer al “think tank”. Han escamoteado ideas ajenas y privatizado proyectos a expensas del Estado, encubriéndolos como propios para engrosar el acervo de esa institución privada.

Recientemente, esa maquinaria de inteligencia política elaboró una lista de los periodistas dominicanos que, según su punto de vista, “despliegan un periodismo fraccional, ya abiertamente anti peledeísta y anti leonelista o decididamente perredeísta”. Ausente del respeto a la profesionalidad de opinión como se espera de esa unidad de Inteligencia Política se refieren despectivamente a quienes critican algunas violaciones legales del actual Gobierno.

En síntesis, esa relación detallada de los comunicadores críticos, preparada por la DIAPE, es lo que históricamente se conoce como “lista negra”. Tácitamente, sugiere que los que allí aparecen sean de alguna forma discriminados. Confiados en el secreto que creían les daba el íntimo vínculo con el Presidente de la República negaron, con la elaboración de esa lista negra, la suposición de inocencia y el derecho a la defensa a los denunciados a quienes califica como “enemigos del Gobierno”.

Las listas negras son conocidas desde los tiempos del imperio romano cuando en éstas se incluían los indeseados por el régimen; llevaban entonces consigo la recomendación de eliminarlos físicamente. Por nuestra tierra, las listas negras más conocidas fueron las de los presidentes Ulises Heureaux, Monseñor Fernando Meriño, Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer. Son otros los tiempos pero, ser enemigo del Gobierno es la peor acusación que a alguien puede hacérsele. Esa denominación otorga a toda la estructura administrativa y represiva del Estado una discrecionalidad para la acción contra los objetivos señalados desde el Poder Ejecutivo.

Tan pronto aparece el nombre de una persona en la lista negra, los mecanismos intimidantes de la Dirección General de Impuestos Internos se ponen en marcha por cuenta propia, las interceptaciones telefónicas y de Internet se hacen permanentes y los medios de vida se hacen más escasos. Todo esto porque mecanismos como la DIAPE de Carlos Dore y Leonel Fernández consideran que esa persona lesiona sus afanes de administración perpetua del Estado.

¿Cuáles fueron los pecados que provocaron esta discriminación? Una, que estos periodistas exigen al Presidente que honre el juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes que hizo cuando tomó posesión. Además, consideran criminal la negación de fondos necesarios y suficientes para la salud y la educación mientras los despilfarran en obras de infraestructura que lo único que han logrado es empeorar lo que dijeron mejoraría. Los detallados en la lista negra se ganaron la inclusión allí porque exigen al Presidente que no encubra a los funcionarios corruptos evidenciados hasta por la Cámara de Cuentas.

Evidentemente, a la luz de la Constitución y las leyes de República Dominicana esa lista negra de la DIAPE de los arrepentidos es la lista blanca de la mayoría del pueblo dominicano. Vistas las razones del Gobierno para discriminar a ese grupo de profesionales de la comunicación, muchos de nosotros nos hubiéramos sentido honrados de haber sido incluidos entre los discriminados por un Poder Ejecutivo que sólo sabe prodigar facilidades y apoyo a la corrupción, al narcotráfico y al crimen organizado, mientras garantiza la impunidad para esos cercanos aliados.