UN GOBIERNO BULÍMICO

Por Hamlet Hermann
acento.com.do

Al estilo de definiciones tipo Wikipedia, la bulimia fiscal dominicana es un trastorno administrativo que se caracteriza por la adopción de conductas en las cuales los gobiernos se alejan de formas saludables de recaudación. Esto así, aumenta a menudo los impuestos, también llamados “adecuaciones fiscales”, cada cierto período de tiempo muy corto, lo que les genera una sensación temporal de bienestar. El exceso de recaudaciones tienden a eliminarlo, corrupción aparte, a través de vómitos o laxantes presupuestales en la forma de cargos diplomáticos e inversiones en cuestiones inútiles que sólo benefician a los relacionados con el grupo gobernante. El temor a perder unas elecciones afecta directamente los sentimientos y emociones de los principales dirigentes gubernamentales por lo que su estado anímico termina desembocando en problemas depresivos, que sólo se mejoran con más impuestos para seguir gastando sin límite. Completado un ciclo, el síndrome bulímico retorna con los aumentos de impuestos para mantener un irrefrenable círculo vicioso, ya que los demás poderes del Estado son cómplices y beneficiarios del gasto incontrolable e inútil.

La más reciente manifestación de la bulimia fiscal es aquella en la que dos funcionarios, habitualmente razonables, declararon que “Con la finalidad de contribuir con la seguridad ciudadana y reducir la violencia, el Gobierno iniciará el día 15 (de marzo de 2014 se supone) un programa para dotar de placas y chalecos a los motociclistas”.

El funcionario recaudador declaró “…que la iniciativa forma parte del proceso de modernización y cambio del registro de vehículos de motor que se realiza con una inversión de 1,300 millones de pesos. Una suma tan elevada debió merecer explicaciones más amplias que no necesitaran sólo la palabra de esos funcionarios para que fueran creíbles.

Destacaron que “Múltiples crímenes se cometen desde esos vehículos. Ninguna mención hicieron de los numerosos accidentes y muertes que provoca ese medio de transporte, ni de los gastos en que tiene que incurrir el mismo gobierno para atender a las víctimas de los desafueros de sus irresponsables conductores. “También se propone restablecer el uso de las dos placas, una delante y otra detrás y una etiqueta transparente que debe coincidir con las placas.” Concluyeron diciendo que el aumento de impuestos y los millonarios gastos en que incurrirán “…está relacionada de manera directa con contrarrestar la delincuencia.

Ni por asomo se les ocurre decir que el motoconcho se ha convertido en un modo de transporte gracias al abandono gubernamental a ese sector. La burocracia del gobierno no pega una porque actúa cual péndulo que va desde el desatino de un tren subterráneo, enormemente caro, hasta la aberración del motoconchismo, despilfarrador de combustible como el que más. Se mantiene como secreto de Estado que transportar un pasajero en una motocicleta es varias veces más costoso que trasladarlo en un Jaguar o un Mercedes Benz último modelo, no digamos ya cuánto más caro que utilizar un autobús. El inefable motoconcho es el medio de transporte menos eficiente que conoce la sociedad humana gracias a que se desperdician, relativa y absolutamente, enormes cantidades de combustible en sus desplazamientos. Sin embargo, uno de los argumentos para justificar esa aberración es que “pagan al gobierno 150 millones de pesos diarios por la compra de combustible ya que usan más de dos millones de galones de gasolina diariamente”. Pasan por alto estos desatinados funcionarios que esa es la principal razón por lo que no se debe estimular el despilfarro del motoconcho en momentos en que el precio del petróleo parece no tener límite.

En vez de continuar promoviendo o haciéndose de la vista gorda por su uso, las autoridades debían disuadir a la población del uso de este tipo de vehículo buscando alternativas para ese transporte entre distancias muy cortas. El uso de este vehículo como medio de transporte de pasajeros y de carga no es sólo ilegal, sino que ha producido mayor cantidad de víctimas mortales que las peores enfermedades humanas como el sida y las afectaciones cardíacas.

Antes de despilfarrar mil trescientos millones de pesos, vale decir, 30 millones de dólares, debían sincerarse y admitir que lo harán a pesar de estar propiciando la violación del artículo 135 de la ley 241 de Tránsito de Vehículos y entonces gritar bien alto: ¡Que viva la ilegalidad!