A ROSARIO MÁRQUEZ (OTRA VEZ) SE LE FUE LA LENGUA

Por MARGARITA CORDERO
LA OPINIÓN DE LA DIRECTORA
7dias.com.do

Roberto Rosario Márquez no tiene el derecho de trazarle pautas en ningún plano a la Cancillería, ni mucho menos al gobierno. Sus atribuciones están claramente determinadas en el Artículo 5 de la Ley Electoral No. 275-97, y en ellas no se incluye que pueda decir al gobierno dónde ir y dónde no.

Es por tanto una extralimitación de sus funciones, solo permitida en sociedades de institucionalidad renqueante como la nuestra, su petición –hecha en tono de orden— de que la República Dominicana no asista a la audiencia temática que celebrará este lunes 24 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de cuyos puntos de agenda es el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a decenas de miles de dominicanos, convirtiéndolos en apátridas.

Tampoco decide Rosario Márquez sobre las políticas migratorias, atribución indeclinable, según las leyes de la República, del Consejo Nacional de Migración, liderado por el Ministerio de Interior y Policía. Si la JCE forma parte del CNM es porque expide documentos de identidad, tanto a dominicanos como a extranjeros, no porque su presidente sea ideólogo de decisiones en este ámbito.

Es en esta última calidad –y quizá para que explique por qué desde 2007 niega estos documentos de manera selectiva— que Cancillería le pidió nombrar un funcionario para asistir a la audiencia temática de la CIDH, lo que revela la decisión del órgano responsable de la política exterior de ir a dar la cara –o por lo menos tratar de hacerlo— en un escenario, el de la defensa de los derechos humanos, donde el prestigio del país anda por los suelos.

A todas luces, el funcionario se prevalece en la laxitud de las normas jerárquicas para opinar de manera altisonante sobre un tema que el gobierno discute, hasta ahora con bastante tacto, en el seno de la comisión bilateral dominico-haitiana. Y en momentos, además, en que el presidente Danilo Medina se empeña en definir los contenidos del proyecto de ley de naturalización con el ánimo de sacarle al país del fuego de las críticas y las sanciones regionales, las castañas que arrojó la mayoría de los jueces constitucionales.

Para Rosario Márquez, la República Dominicana no puede tolerar “bajo ninguna circunstancia” que nadie intente presionarlo por sus decisiones migratorias. En verdad, lo intolerable, absolutamente intolerable, es que un funcionario sin competencia para ello, pretenda decidir por el Ejecutivo.