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En su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso el pasado 27 de febrero, el presidente Medina incurrió en inexcusables omisiones de temas cruciales: la sentencia 168/13 del TC, la pretendida modificación del Código Laboral y la explotación de recursos naturales, que podría poner en juego la preservación de los principales recursos hídricos del país ubicados en la Cordillera Central. Estos temas generaron grandes controversias en los planos nacional e internacional durante el año del cual rindió cuentas.
El artículo 114 de la Constitución consigna que “es responsabilidad del Presidente de la República, rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional, de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2”; este último establece que el Presidente debe “Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la primera legislatura ordinaria el 27 de febrero de cada año, las memorias de los ministerios y rendir cuenta de su administración del año anterior”.
En ninguno de estos artículos se dice que el Presidente debe ceñirse exclusivamente al recuento de sus realizaciones materiales del año del cual rinde cuentas, sino que debe referirse a los temas cruciales enfrentados por su gestión y administración de la cosa pública durante el referido período. Debe, por lo tanto, decir todo lo que hizo, cómo administró o gestionó las circunstancias fundamentales en que discurrió su mandato.
Por sus implicaciones nacionales e internacionales, al decir del propio Presidente, el tema de la TC 16/13 fue su primer punto de agenda durante el último trimestre del pasado año y todavía sigue teniendo la misma trascendencia. Tanta, que en escenario de la referida rendición de cuentas, el presidente de Senado dijo que esa sentencia es irreversible, que nada la cambiará. Por lo tanto, 200 mil personas seguirán viviendo la amenaza de ser despojadas de la nacionalidad que les garantizaba la Constitución del 2010. No tendrán la seguridad que dijo el Presidente querer para todos.
Durante la comentada pieza, el Presidente anunció la construcción de la carretera Santiago-San Juan, sin referirse a la existencia o no de estudios serios que la sustente ni de los recursos presupuestarios a ella asignada, como lo demanda el numeral i del artículo 128 de la Constitución. Tampoco se refirió, al controversial proyecto de explotación de Loma Miranda, al que se oponen diversos sectores sociales, políticos y de la comunidad científica del país, ni a la intranquilizante y aberrante pretensión de un sector empresarial de incrementar la jornada a los trabajadores y eliminar los derechos de las trabajadoras en materia de maternidad.
Razones de orden esencialmente político y no procedimental lo llevaron a esas omisiones, no tuvo el coraje de tomar posición pública sobre esos temas en un lugar como el Congreso que es el mejor de los escenarios para tal fin. Es su estilo. Tenía el derecho de exponer lo que entiende sus logros, pero también el deber de decir cómo administró y procesó las demandas que a su gestión le formulara un vasto sector de la población durante un año. Al no hacerlo, rehuyó ceñirse a la esencia del mandato de la Constitución en materia de rendición de cuentas.
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