Suanny Reynoso
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El candidato presidencial por el Partido Alianza País, Guillermo Moreno, aseguró este martes que de alcanzar el poder el las elecciones presidenciales de mayo del 2012, encabezará un gobierno transparente, que combatirá ejemplarmente la corrupción administrativa, la delincuencia, el narcotráfico y la exclusión social.
“En nuestro país la corrupción administrativa es una pandemia; es un mal que arropa todo el Estado y son múltiples sus manifestaciones. Durante décadas, en el país ha habido un sistema de complicidad que se reproduce gobierno tras gobierno, y que se expresa en el ‘borrón y cuenta nueva’. Nosotros hemos asumido el compromiso de acabar con la impunidad”, dijo Moreno .
De ser presidente, lo cual espera, el candidato de Alianza País tomará entre sus primeras medidas la de auditar las grandes obras públicas levantadas sin ninguna transparencia. Lo mismo hará con la deuda pública, concertada de manera irresponsable, y llevará a la cárcel a los que se han robado el patrimonio público.
Otros males que dijo serían erradicados en una administración suya, serán la falta de seguridad ciudadana, que tanto afecta el desenvolvimiento de la vida de las personas, la exclusión social y el narcotráfico. Expresó que el narcotráfico ha tenido una expansión inusitada en el país por la complicidad encontrada en los organismos de seguridad del Estado, en el sistema político y en el sector privado, y se ha beneficiado, en su parte financiera, de la posibilidad de blanquear los recursos que genera.
Moreno ofreció sus declaraciones cuando compareció al tercer diálogo del ciclo de encuentros con candidatos presidenciales, auspiciado por la organización cívica Participación Ciudadana y el Ministerio de la Administración Pública, (MAP).
Hay que analizar caso haitiano
Moreno también respondió preguntas sobre la denuncia radicada en el Comité Interamericano de Derechos Humanos, organismo de la OEA, sobre el “genocidio civil” que está provocando la resolución de la Junta Central Electoral que prohíbe a las oficialías del Estado Civil entregar copias de sus documentos de identidad a dominicanos descendientes de haitianos alegando “errores” administrativos en los originales. Al respecto, el candidato presidencial aliancista defendió la prerrogativa de todos los seres humanos a reclamar sus derechos.
No obstante dijo que en el país ha habido durante décadas una indefinición en lo relativo a la inmigración ilegal. Recordó que la Constitución que rigió hasta enero de 2010 definía la ciudadanía tanto como derecho de suelo (jus solis) como de sangre (jus sanguini), lo que ampara el reclamo de los descendientes de haitianos nacidos bajo este régimen.
Ahora, agregó, la Constitución cambió los requisitos de la ciudadanía, por lo que hay que esperar la interpretación que hará la CIDH.
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