LOS BUENOS DÍAS DE MOLINA MORILLO

¡ABRACADABRA!
Por Rafael Molina Morillo
(rafaelmolina41@yahoo.com)

Desde niño me atrajeron los prestidigitadores. Todavía hoy admiro la extraordinaria habilidad que exhiben los “magos” al ejecutar sus trucos con tal limpieza que dejan boquiabiertos a sus espectadores.

Recuerdo a un “mago” que una vez llegó a mi pueblo natal, La Vega, y me enseñó varios trucos con los que yo, a mi vez, azoraba a los más pequeños.

Hoy lo he olvidado casi todo, menos las cuatro herramientas que nunca pueden faltar a un mago que se respete: la varita mágica, los polvitos invisibles, el pañuelo para cubrir las cosas que van a desaparecer y la inefable palabra con que se anuncia el clímax del número principal: ¡abracadabra!

Ignoro quién o quiénes serán los prestidigitadores que en estos tiempos están actuando ante nosotros en este singular escenario que es la República Dominicana, pero alguien debe estar lanzando “abracadabras” a los cuatro puntos cardinales.

Basta gritar ¡abracadabra!, y lo que ayer era un pasaporte diplomático dominicano vendido por un general de este país a un mafioso internacional, ya hoy no existe, ni ha existido nunca, tal pasaporte, ni tal general, ni nada. ¡Desaparición total! A otra cosa, mariposa. Aplausos.

¡Abracadabra! otra vez, por la misteriosa forma en que una jueza declaró extinguida la acción penal en el escandaloso caso de Bahía de las Águilas, considerado como el mayor acto de corrupción en la historia del país. De un solo golpe, un puñado de tramposos pasa a ser un honorable grupo de distinguidos inversionistas. Más aplausos.

En estas dos actuaciones, como en tantas otras, ni siquiera fue necesario utilizar la varita mágica, ni los polvos invisibles, ni los pañuelos encantados. ¡Estruendosos aplausos!

Tomado de eldia.com.do
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UNA RETÍCULA DE PODERES (1, 2, y 3)

UNA RETÍCULA DE PODERES (3)
ESTAMOS VIVIENDO UNA SOCIEDAD INTIMIDADA, SECUESTRADA
Por ANDRÉS L. MATEO

Si Michel Foucault afirma que “por poder hay que entender, primero la multiplicidad de las relaciones de fuerzas inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que forman cadena o sistema”; hay que deducir que Leonel Fernández es un hombre muy poderoso.

Su éxito no adopta la forma de un argumento histórico sustentado en las ideas, sino en el despliegue de una estructura partidaria que opera como fuente de acumulación originaria de capital, y que desde el poder tiene la dimensión de su propia continuidad a través del dominio de las instituciones. Lo primero es el dinero. El grupo que rodea al ex presidente Fernández es ahora inmensamente rico, y éste hecho incluye, más allá de la cúpula de dirección del partido, a figuras notables de la sociedad. El fenómeno es relevante por dos motivos: 1ro. Porque el dinero es la “prisión sin guardias” que compacta su liderazgo. Y 2do. Porque el dinero pasa a ser la esencia de la vida política de nuestros días en la República Dominicana. Es el dinero el que le ha permitido legitimar su hambre de mandar.

Una parte sustancial de la acumulación de capitales del grupo del ex presidente Fernández proviene del despojo al Estado. Y eso lo hace un capital anhelante del recurso que significa dominar el gobierno. Por eso la retícula de poderes dejó todo organizado para regresar en el 2016. Y, además, maniató las instituciones. En países como el nuestro la tiranía está oculta bajo la ficción democrática. Mucha gente se asombra de que Leonel Fernández no pueda ser llevado a los tribunales, olvidando que esa retícula de poderes que erigió integran un sistema (Foucault), que hacen de la política la habilidad de maniobrar las apariencias. Desde el cambio de la Constitución hasta la integración de las cortes, todo ha sido ficción. Un nivel tan exageradamente alto de acumulación de capital por la vía de la corrupción, no puede ser concebido sin el control del aparato estatal. Los jueces son un profetismo utópico de la realización de la ley, los fiscales un crepúsculo pálido de todas nuestras miserias morales, el Partido oficial tiene 18 mil funcionarios financiados por el Estado, el Tribunal electoral es un rollo compresor de la ilusión democrática en el voto, las cámaras legislativas expresan el absolutismo estatal de la retícula, la Cámara de Cuentas es un largo monólogo, los medios de comunicación han convertido el silencio en creador de riquezas, y las palabras en factor de producción; y los poderes fácticos (industriales, comerciantes, financieros, etc.) se hacen verdaderos expertos en ocultar sus pensamientos, temerosos porque el grupo económico sobre el que se empina la retícula se hizo competitivo con el aparato productivo privado; mientras lo que emergió como poder de los gobiernos del doctor Fernández, dentro y fuera del PLD, se prepara para el regreso.

Esa es la sociedad en la que estamos viviendo; una sociedad intimidada, secuestrada, sin conciencia crítica, entregada a las cosas. A merced del dinero y la manipulación. Una sociedad que ha tenido crecimiento económico en poco más de cincuenta años continuos, y en la que los pobres se han multiplicado en un sentido inversamente proporcional. Sociedad en la que el don de la ignorancia y la miseria material y espiritual son el caldo de cultivo de los políticos sin escrúpulos, y en la que el poder es un corruptor. Si no queremos engañarnos hay que contar que es contra los poderes de esta retícula que estamos enfrentados. Leonel Fernández no es tan solo su megalomanía, es también la posibilidad concreta de todos estos intereses de reproducirse en el poder. Y como dice Michel Foucault “por poder hay que entender, primero la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen”, y las luchas y escarceos del leonelismo las vemos manifestarse todos los días en nuestra sociedad. Hay que entender esta nueva modalidad de la opresión, el régimen de fuerza en el que estamos viviendo.

UNA RETÍCULA DE PODERES (2)
LEONEL TEJIÓ SU ASCENDENCIA SOBRE EL PODER JUDICIAL
Por Andrés L. Mateo

Cuando el PLD subió al poder por primera vez, había una esperanza difusa de que ejerciera la práctica política de manera diferente. El discipulado de Juan Bosch debía una parte considerable del poder a la proclama ética con que se identificó la pequeña burguesía que padecía la decepción de la historia. Mareados por ese vaho sagrado del discurso ético que apelaba al valor simbólico de Juan Bosch, se creyó que el mundo deslumbrante de la riqueza material no los atraería. ¿Por qué, entonces, ningún viejo guayacán de la moral boschista ha condenado el desparpajo de la corrupción que ha caracterizado los gobiernos del PLD? ¿Qué ha pasado que no parece haber una sola brizna de vergüenza en esos viejos exponentes de la moralidad pública? ¿De qué valió la advertencia de Juan Bosch contra una pequeña burguesía depredadora, que se ha transformado pomposamente en rica y muy rica, y para la cual sus viejas cantilenas sobre la moral son hoy un florecimiento insípido en perpetua abolición?

Simplemente que el líder máximo del PLD ha hecho del partido una “retícula de poderes”, y en esas circunstancias se impone el código de lealtad tribal. Y no es sólo el silencio, sino que también la complicidad. Después de la muerte de Trujillo, jamás habíamos sentido tan nítidamente la impotencia de vivir en una sociedad secuestrada. Uno sabe que el poder se ejerce más bien que se posee, circulando a través de todos los engranajes de la sociedad, por todas partes donde se pueden observar las relaciones de fuerza y estrategia de dominación. Leonel tejió su ascendencia sobre el poder judicial, cada uno de los tribunales de la justicia tiene un número de tributarios a su persona que garantiza el dominio, e incluso, en el caso de la Suprema Corte, llevó allí a la presidencia más que a un partidario, a un socio. Todo el sistema judicial dominicano está pues signado por la amenaza arrogante de un orden, que dimana de esa retícula de poderes.

El poder legislativo es el más estrafalario de todos los poderes públicos bajo el dominio de esta retícula. Se le ha obligado a hacer de la sumisión y la falta de gallardía una mercancía, un objeto de comercio, insertado en un sistema de intercambio: la aceptación de toda iniciativa del líder máximo (Barrick Gold, por ejemplo) a cambio de barrilitos, exoneraciones y prebendas. Y lo mismo se puede decir de la estructura partidaria. Juan Bosch hizo un gran esfuerzo intelectual para organizar un partido que fuera un gran proyecto social, pero cuando el buró político se reúne lo que hay ahí es una pequeña casta de millonarios que pertenece a un arribismo que no se inquieta por el honor, y que prefigura el abandono de todo proyecto social. Ministros que ganan más de un millón de pesos al mes, administradores de bancos que alcanzan casi dos millones, senadores que reciben hasta dos millones de pesos al mes, miembros de juntas que redondean seiscientos mil pesos, antiguos dirigentes magisteriales que se admiten públicamente millonarios en sus declaraciones juradas, etc. Un verdadero desfile de “jorocones”, magnates de la política cuya ostentación le pondría el “moco p’abajo” a la moral kantiana del viejo Juan Bosch.

El cemento invisible que une esa “retícula de poderes” que Leonel Fernández ha erigido, después de doce años de dominio del aparato del Estado por el PLD, es la corrupción. Él distribuyó el Estado, adjudicó parcelas de poder, dio a la corrupción una legitimación política, abusó de los fondos públicos para construir su engrandecimiento personal, dio disfrute pleno de áreas del Estado a aliados políticos (El caso de la aberrante explotación del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo escándalo todo el mundo conoce), entregó a más de 436 movimientos y 12 partidos áreas del Estado que han sido saqueadas, y permitió la acumulación de fortunas descomunales y obscenas de muchos de sus funcionarios. Sin dudas, un verdadero sinvergüenza en el manejo de la riqueza pública.

Pero su “retícula de poderes” requiere del oxígeno del Estado para sobrevivir y seguir creciendo. A ese “discurso-poder” le es imprescindible el gobierno, aunque la acumulación de dinero que ya tiene esa “retícula de poderes” sea abundante; y por eso batallan por reposicionarse. ¿Cuál será el papel de esa riqueza acumulada, para que esta “retícula de poderes” se reposicione? Veremos.

UNA RETÍCULA DE PODERES (1)
Por Andrés L. Mateo

Después de la obra de Michel Foucault en el siglo XX, los estudios sobre el poder entraron en una nueva etapa. Nadie como él ha abordado el poder en sus diferentes manifestaciones sociales. Nadie como él ha dibujado esa madeja intrincada sobre la que se sostienen los diversos discursos que tienden a la dominación social. Estudió la relación entre la ciencia y toda forma de saber con el poder (“Vigilar y castigar”, “La verdad y las formas jurídicas”), desbrozó la historicidad particular del castigo como una de las maneras como se manifiesta la opresión institucional (“Vigilar y castigar”), analizó la clínica médica desde la perspectiva del poder disciplinario(“Historia de la locura”, “El nacimiento de la clínica”), dio al discurso una dimensión entre los poderes de la sociedad (“Las palabras y las cosas”, “Arqueología del saber”), y, finalmente, reconfiguró el concepto de “poder” llevándolo más allá de lo que la categoría marxista del siglo XIX había establecido.

Michel Foucault indagó sobre la naturaleza del poder en fuentes muy diversas, y planteó la existencia de una red de poderes que determinan la legitimación coercitiva en las relaciones sociales: “Me parece que por poder hay que entender, primero la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que forman cadena o sistema”. Con éste juicio Foucault establece que no existe un único centro de poder, sino una retícula de poderes, y que no hay que ver operando en el orden social un único poder, sino que el poder crea ámbitos de saber, rituales de verdad, normas, establece reglas, y administra la separación entre lo “normal” y lo “patológico”.

Quienes han estudiado el marxismo encontrarán aquí esa ausencia vinculante de manera exclusiva entre economía y poder, y eso es porque Foucault cree que el poder está por todas partes, y el dualismo clásico de Carlos Marx no podría explicar la realidad sobre la que el poder modernamente edifica su legitimación. Y si el poder está por todas partes, también la oposición al poder lo está. Es por eso que Foucault llama “discurso-poder” a todos los recursos de legitimación que emplean los grupos dominantes (un poco lo que Marx llamaba ideología) para justificar su dominio. Porque no hay duda que no existe poder sin retórica propia, y que los discursos con los que los modelos jurídicos se legitiman, son las máscaras con las cuales el poder se presenta. La sociedad no es más que un sistema de fuerzas y poderes, y por debajo del juego de las libertades que se escenifica con partidos políticos, constituciones y elecciones “libres” cada cierto tiempo; se esconde la mano férrea de la dominación.

Algunos de mis lectores pensarán que yo he equivocado el escenario, porque esto que escribo es un artículo y no una cátedra universitaria; pero hay que entender lo que está ocurriendo en este momento, y enfrentar la lucha de acuerdo al régimen de fuerza que se ha instaurado, con las características propias de los que tienen el poder y los sometidos por el poder. ¿Qué ha ocurrido en la sociedad dominicana que, pese a que existe un poder formal constituido, parece como si “otro poder” gravitara sobre las cosas? ¿Cómo entender que si la sociedad es un sistema de reglas haya grupos que se constituyan en “retícula de poderes”, e impongan sus intereses, por violencia o subrepticiamente, e intenten imponer resultados plegados a una voluntad superior? ¿Quién manda realmente hoy en la República Dominicana?

Hay que estudiar todas las técnicas de dominio que se han implementado en nuestro país para poder entender la sociedad en la que estamos viviendo. Y sólo así podremos enfrentar la lucha de acuerdo al régimen de fuerzas que ha emergido luego de doce años de dominio peledeísta. Pido a mis lectores que guarden éste artículo para ponerlo como telón de fondo del que sigue, porque es imprescindible para entender la “retícula de poderes” que nos ha gobernado, y el “discurso-poder” que aspira a seguir gobernándonos.
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LA OPINIÓN DE MELVIN

LEONEL A LA OEA
Por Melvin Mañón

Normalmente, dispongo de tiempo para escribir un artículo semanal.

Ocasionalmente, algo sucede que me dispara y en esos casos puedo escribir dos. Así acaba de acontecer con el anuncio de que Leonel podría ir a la secretaría general de la OEA. Poco más o menos lo mismo con la presentación en televisión de una “encuesta” según la cual, Leonel tiene una aceptación que ha descendido al 20% de la población pero cuando, la misma “encuesta” lo propone como posible candidato en el 2016, su aceptación sube a 40%.

La falta de memoria es terrible.

El 11 de abril del año 2011 un tribunal de Costa Rica condenó a cinco años de cárcel al ex presidente de ese país Miguel Ángel Rodríguez quién fue encontrado culpable de haber aceptado 500 mil dólares de la compañía ALCATEL a cambio de la autorización a favor de esta empresa para instalar 400 mil líneas de teléfonos móviles con un costo global de 149 millones de dólares.

Comparado este acto de corrupción con un solo caso en Dominicana de los tantos prohijados por Leonel Fernández como el de la Sun Land, aquel presidente era ¿qué cosa?

Profundos e inescrutable misterios de la providencia.

Miguel Ángel Rodríguez había sido secretario general de la OEA, precisamente el cargo para el cual supuestamente Leonel estaría pensando si aceptar o no según lo proponen alabarderos locales.

Hay que tener agallas.

Ya sé que no somos Costa Rica donde Miguel Ángel Rodríguez fue arrestado, con su esposa, al pie de un avión. Otros funcionarios de Costa Rica fueron también incriminados y condenados en el caso y la propia empresa ALCATEL tuvo que pagar una multa de 137 millones de dólares tras haber admitido prácticas corruptas en el extranjero en violación al Foreign Corrupt Practices Act.

El descubrimiento, investigación, enjuiciamiento y condena de Miguel Ángel Rodríguez no fue, necesaria ni solamente, una demostración de celo y virtud por parte de las autoridades de Costa Rica sino una combinación de esfuerzos que involucraron al Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos y las autoridades locales y tengo pocas dudas de que detrás de la actuación de ambas partes, estuvo, de varias maneras, la presencia de otras empresas telefónicas y contratistas competidores que habían resultado excluidos y perjudicados.

La falta de memoria es conveniente y arma de los perversos contra los tontos.

Leonel se jactaba de decir que con un periódico y una firma encuestadora ganaba cualquier proceso electoral. Ahora que el descrédito lo cubre de pies a cabeza nos vienen estos alabarderos con la historia de una encuesta.

A Leonel Fernández no hay encuesta que lo salve ni OEA que lo libre de su destino.

Es solamente cuestión de tiempo.

Aunque no estemos en Costa Rica.
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DIARIO DE LA CIGUAPA

ALIENTO Y RESPALDO PARA GUILLERMO MORENO
Sara Pérez

Semanas atrás escribí un artículo hablando sobre la importancia de la iniciativa del doctor Guillermo Moreno de presentar ante la justicia dominicana una querella contra el ex-presidente Leonel Fernández.

Conste que éste no solo debía estar sometido -y preso- por los tejemanejes de Funglode, sino por el hoyo fiscal de 200 mil millones, recursos de los que dispuso violando la Constitución dominicana y los procedimientos administrativos correspondientes; por el contrato vergonzoso, indigno, fraudulento, humillante para República Dominicana, con la Barrick Gold; por el expediente de la Sun Land, por mantener un partido con los recursos del Estado, por convertir ese partido en la corporación delictiva y criminal más corrosiva que ha tenido el país en toda su historia; por tolerar, consagrar y promover la Policía como una banda de asesinos y hacer de ello una política pública; por enriquecerse y enriquecer hasta el asco y utilizando las plataformas del gobierno, a los integrantes de su entorno y a sus testaferros; por oficializar el narcotráfico y el lavado de activos como el colchón de la gobernabilidad nacional; por poner en peligro la
supervivencia comprometiendo recursos naturales mermados por la continua depredación; por despojar al país de sus playas como espacios públicos; por auspiciar el desorden infernal del transporte; por acarrear lambones en vehículos de las instituciones públicas para que vayan a aplaudirlo; por utilizar recursos y personal del gobierno para promocionarse internacionalmente; por multiplicar y afianzar el clientelismo, por secuestrar la justicia, el Poder Legislativo y la mayor parte de la prensa; por convertir la oficina de la Primera Dama en un drenaje en chorrera; por promover el envilecimiento de artistas, “líderes” de la “oposición”, intelectuales, pretendidos intelectuales, héroes y pseudo-héroes en bancarrota, necesitados de pensiones, donaciones y préstamos, periodistas, abogados y abogaduchos, nacionales y extranjeros, comprándolos con el dinero y los favores del país por millares, como si fueran gallinas ponedoras.

La querella presentada por el doctor Moreno, contiene una exposición de irregularidades y fechorías ejecutadas desde Funglode y es la punta del iceberg.

Su condición de emblema y signo estruendoso y visible de la corrupción encabezada por Leonel Fernández, se lo confiere el hecho de que existe esa documentación con implicaciones legales y naturaleza de indicio y prueba que involucra al ex-presidente.

Sin embargo, la querella fue desestimada por la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, quien con esa decisión desechó múltiples oportunidades, siendo quizás las menos relevantes las que van a marcar a la funcionaria individualmente por siempre, las relativas a ella misma como ciudadana y como profesional del derecho.

Las otras consecuencias son las más costosas y temibles porque nos afectan a todos, marcan negativamente al país y al ministerio público y repercuten de forma lamentable contra los reductos de derecho, institucionalidad, justicia y democracia. Cuestiona la utilidad y validez de las leyes ante cierta clase de personajes, empaña el desempeño de quien representa a la sociedad en los tribunales de la República y trastorna las esperanzas y expectativas de enmiendas, a la vez que se da un espaldarazo a la corrupción y a la impunidad.

Ver a la joven fiscal en tan bochornosa función genera no solo indignación, sino una terrible sensación de asfixia y pérdida, un malestar no exento de justificado temor.

El temor a la prolongación indefinida de este desastre y dado el éxito y la ausencia de sanciones que lo acompañan, la masificación del gansterismo como mecanismo de “progreso” personal.

Lo más desolador y tenebroso de la Era de Leonel es que ha apagado las luces y ha cerrado las puertas.

Justo porque es ese el escenario, tiene tanto valor la iniciativa del doctor Guillermo Moreno de presentar ante la justicia embozada y maniatada, su demanda formal, recogiendo un ejemplo de las inquietudes y quejas de esa parte del país que siente y sabe que lo acontecido durante la gestión de Fernández no debe mantenerse (ni prolongarse impunemente como ocurre ahora), ni repetirse nunca más.

Vaya todo el apoyo y todo el aliento para el doctor Moreno y para todas las personas y organizaciones que han levantado su voz para denunciar y poner en evidencia la corrupción encabezada por gobernantes y autoridades.

Si la fiscal y la justicia no están en condiciones de examinar las pruebas y si no pueden ver los pedruscos que las componen, llevemos el caso hasta donde sea necesario y en tanto celebremos los juicios nosotros.

Es una deuda que tenemos con el país.
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LA OPINIÓN DE MELVIN

CONSENSO PARA HACER JUSTICIA
Por Melvin Mañón

Está claro que Danilo Medina, incumpliendo su obligación más solemne de hacer cumplir la ley, no ha dado instrucciones para que los crímenes de su predecesor sean investigados y castigados aunque algunas de las decisiones que ha tomado constituyen, de por sí, un enjuiciamiento de facto de las ejecutorias de Leonel. De igual manera Danilo Medina lo dejaría hundirse tanto por el rencor legítimo que debe albergar como por conveniencia política.

Cuando el ex presidente de la suprema corte de justicia confiesa que el fallo que esa corte produjo frente al caso del préstamo de la Sun Land había sido político y que era como un baldón, un crespón negro sobre la magistratura se está –de hecho- admitiendo la comisión de delito.

Cuando Danilo Medina astutamente sale a buscar dinero de la Barrick para mejorar sus finanzas, la naturaleza fraudulenta del contrato queda al desnudo y así mismo la complicidad del gobierno de Leonel y sus legisladores.

Cuando Danilo Medina acoge la entrega del 4% del presupuesto para educación Leonel queda inmediatamente inculpado de haber violado la ley.

Cuando exhibe una conducta personal austera está incriminando a Leonel por malversación y corrupción pero lo hace para que sea entendido por la gente no para que sea sometido ante la justicia y, entre una cosa y la otra, existe abismal diferencia.

Leonel personifica el crimen de peculado y otros delitos asociados a su gestión. No perseguirlo ni castigarlo obra a favor de los demás corruptos y ellos lo saben. La conducta de Leonel legitima la de los que, como él, aspiran a la misma impunidad en medio de la cual se sienten representados tanto los que ya delinquieron como los que apenas ahora – al calor de la nueva administración- han empezado a hacerlo.

Para ser enjuiciado, Leonel tiene que ser primero desenmascarado. Eso fue lo que hicieron las manifestaciones y marchas ciudadanas del año pasado por la combinación de: a) las señales que vinieron del extranjero en la forma de numerosas y sincronizadas publicaciones dando cuenta de sus crímenes y b) por el enojo que produjo la imposición de la novena reforma fiscal que nos obligó a asumir el pago de las deudas contraídas para financiar su dispendio y corrupción.

No hemos entendido que cada vez que la gente grita por el nuevo precio de un artículo de consumo o servicio debemos recordarle que la culpa es de los impuestos y de la energía y que ambas situaciones son producto de la corrupción de Leonel y de la tolerancia imperdonable de Danilo Medina.

Ahora, en medio de una paralización económica, despidos masivos, con tantas empresas de zonas francas cerradas y quebradas, cuando nadie tiene dinero y la delincuencia desborda todos los contenedores sumiendo el cuerpo social en la desesperanza, la impotencia y el miedo se presenta otra oportunidad de retomar el tema judicial siempre que se le vincule con el costo de la vida y la inseguridad jurídica y ciudadana.

La reactivación de la economía no resultará de la baja en las tasas de interés, ni del pago prometido a cosecheros, ni de las visitas puntuales de Danilo Medina a algunos proyectos agrícolas ni de su indignación por las condiciones físicas de un hospital. Él siembra esperanzas y reparte promesas pero el país no lo sigue, ni funciona porque está atrapado en la cultura de antivalores fomentada por Leonel y esta cultura solamente se rompe rompiéndolo a él y forjando un paradigma nuevo.

La economía dominicana no se recupera con la carga de impuestos existentes, no puede avanzar con la tarifa eléctrica onerosa que tiene sobre sus hombros ni puede restaurar su infraestructura productiva sin una visión de conjunto clara y una determinación de gobierno que no está a la vista.

Hay una relación directa entre la reforma fiscal de Danilo y la crisis económica actual y la única explicación y solución es justamente la que el gobierno rehusó desde el principio emprender.

A diferencia de Balaguer que en 1987 le dio curso al enjuiciamiento de Salvador Jorge Blanco y lo hizo de una forma jurídicamente escrupulosa ahora no hay gobierno dispuesto a emprender la tarea y esa falta imperdonable de Danilo Medina, que marcará toda su vida política futura, solamente puede ser suplida con una movilización inteligente, extraordinaria y permanente del cuerpo social. Y esta es justamente la tarea que ha sido descuidada y a esta es precisamente a la que se debe regresar.

Danilo Medina ha creído que puede gobernar -y hacerlo bien- eludiendo la tremenda responsabilidad de incriminar a su predecesor. Es el deber de todos los que estamos en la oposición obligarlo a actuar so pena de incriminarlo también a él por negligencia y encubrimiento. Otros dirigentes y voces de oposición cuestionan los motivos de Moreno o la fundamentación jurídica de la querella y de nuevo insisto que este no es el punto. Sin una decisión de gobierno de perseguir la corrupción será necesario construir un poderoso consenso local e internacional que la exija. No solamente las denuncias de corrupción son importantes, sino y más aun que estas, son las acciones. La querella es solamente uno de estos recursos y el asunto no es Guillermo Moreno sino esa corriente de tolerancia cero y persecución judicial.

Como demostró fehacientemente una encuesta, el 71% de los dominicanos estuvo en desacuerdo con la decisión de la fiscal de archivar la querella. Ese 71% y sus líderes, lo menos que pueden y deben hacer es retomar el expediente. Poco importa si política o personalmente Guillermo Moreno resultara beneficiado y como dije antes, si así fuera, ¿qué hay de malo en ello?
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“CUANDO LOS QUE MANDAN PIERDEN LA VERGÜENZA, LOS QUE OBEDECEMOS, PERDEMOS EL RESPETO”

Tomado de alcarrizosdigital.net

Eso no lo decimos nosotros. Es una frase dicha hace tiempo por Georg Christoph Lichtenberg, un científico alemán, profesor de la universidad de Gotinga. Como científico fue el primer profesor de física experimental de Alemania.

Y hasta ahí nos han llevado nuestros dirigentes políticos dominicanos, a perder la vergüenza, volvernos indiferentes y hasta perder la capacidad de asombro, que es mucho decir.

Porque, ¿cómo es posible que en la República Dominicana, no se hable ya, del déficit fiscal dejado por Leonel Fernández y su grupo?

¿Se resolvió ya ese problema, cuando todos sabemos las indelicadezas que hubo, por ejemplo, con el manejo del presupuesto del 2012, para usar esos recursos en las elecciones de mayo pasado y que todo siga igual?

Todos sabemos lo de la Sun Land y también sabemos el mal manejo que dio la justicia dominicana al tema, únicamente para tapar a los señores Leonel Fernández y Félix Bautista.

En síntesis, como vemos la complicidad que existe entre esa llamada justicia y los poderes del Estado, nos costará a los ciudadanos ser más militantes en los asuntos públicos y exigir que se nos respete un poco más, so pena de que sigamos perdiéndonos como nación.
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¿LEONEL A LA OEA? SUN LAND, EL DÉFICIT FISCAL Y BARRICK GOLD, SERÁN SUS GRANDES CONTRARIOS…

Por Ramón Encarnación/Director
Tomado de alcarrizosdigital.net

No somos expertos en asuntos de Derecho Internacional, pero no hay que ser un ducho en la materia, para entender que aunque la Organización de Estados Americanos es un organismo inoperante, porque lo ha demostrado, necesariamente las personas escogidas para dirigirlo, deben ser políticos importantes y no es que Leonel Fernández no sea importante, pero, con un prontuario como el de la Sun Land, el recién déficit fiscal del año 2012, al dejar la presidencia de RD, y el “escandalazo” de la Barrick Gold, lo van a escoger a él, porque saben que será un Secretario cuestionado por casi todos los políticos de su país.

Eso pueden anotarlo por ahí, porque a quienes les interese el puesto en el susodicho organismo, se valdrán de esas tres armas “desgarrantes”, en contra de Leonel Fernández y no es que, particularmente no querramos que él lo sea, porque total…

Algunos recordarán que Víctor Gómez Bergés, siendo Canciller de la República en época de Balaguer, ganó en seis rondas consecutivas y sólo porque Balaguer movió los hilos políticos, porque no le interesaba que su pupilo fuera el Secretario General de la OEA, ganó el colombiano Alejandro Orfila.

Ya hay quienes dicen por ahí, que es una “campañita” del propio Leonel Fernández y sus muchos amigos de la prensa que han puesto a “rodar la bola“, para restar fuerza a la querella de Guillermo Moreno. Eso dicen, no nosotros…
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UN LAVADO COMPLETO

Por Elisabeth de Puig
Abogada
puigeli@gmail.com

Nos estamos acostumbrando a ver un presidente sonriente, que se esfuerza por cambiar el estilo de gobernar y por parecer sencillo, por hablar con la gente y por atender lo micro a la par de lo macro. El mandatario y su equipo de comunicación se esmeran en vendernos un gobierno surgido de la manga de un mago, cuyos integrantes no tienen nada que ver con el equipo saliente: nuestros funcionarios se volvieron santos gracias a un liderazgo renovado, como si no fueran del mismo partido.

Aunque la impresión de cambio es una cosa, la realidad puede ser otra.

El nivel de deterioro al que ha llegado nuestra sociedad no es para cambios cosméticos, sino para un lavado completo. Una pasada por una máquina lavadora con el detergente más potente, múltiples revoluciones, un buen estrujón y una sacudida bien fuerte.

Luego de la lavada hay que secarlo todo al sol, para purificar. Necesitamos una desinfección total de los remanentes del trujillismo y del balaguerismo; pero también del conservadurismo, del autoritarismo, del clientelismo y de la impunidad. Solo así se podrá quizás hacerle frente a la actual degeneración moral y social.

El modelo económico no funciona, dijo nuestra vicepresidenta, en días pasados, en un foro internacional. Pero si el modelo económico no funciona, ¿no será acaso porque los que siempre han mandado han mantenido su control, disfrazados ahora de demócratas y modernizadores, impidiendo el establecimiento de modelos orientados a disminuir la brecha entre pobres y ricos?
Una buena desinfección debería iniciar por la creación de una comisión de la verdad para que nadie olvide lo que han sido Trujillo y luego Balaguer, para que en nadie pueda surgir el más mínimo deseo de un hombre fuerte o de un gobierno militar, sin obviar que para lograr los cambios requeridos se necesita un dirigente con los pantalones bien puestos.

Así se recordaría a saciedad que Balaguer no fue ningún padre de la democracia, que fue un hombre de Trujillo, que fue el auspiciador de la Banda Colorá, que mandó a matar, que fomentó el asistencialismo y otras artimañas. Ser propuesta como candidata a la presidencia por el PRSC debería entonces ser para Margarita Cedeño una vergüenza más que una gloria.

Esta lavada profunda evitaría la confusión. Producto de la época en que le ha tocado vivir, gran parte de nuestra juventud no conoce la historia. Es víctima de un sistema educativo deficiente mantenido con premeditación por todos los gobiernos que se sucedieron después de la dictadura. En ocasión de las fiestas patrias nuestros jóvenes repiten ciegamente, año tras año, los mismos lugares comunes y resúmenes simplificadores sobre los héroes patrios sin ser capaces de relacionar sus gestas con derechos y deberes ciudadanos.

En cuanto a las demás generaciones, las encuestas hablan por sí solas. Los entrevistados no solamente colocan a Balaguer en un sitial preferencial, sino que también le atribuyen poca importancia a la corrupción en la lista de sus preocupaciones, relegándola a un décimo lugar.

Este desinterés confirma que la corrupción endémica ha permeado todas las capas sociales, que esta es considerada como un mal soportable, lo que refuerza la miseria moral y espiritual generada por la extrema pobreza. Resulta difícil a la minoría crítica que lucha contra este fenómeno concientizar y movilizar una ciudadanía anestesiada y acomodada. Mientras el dinero siga siendo incoloro e inodoro, no importando cómo se consigue, los ejemplos de bienestar rápido, los pandilleros, los narcotraficantes y los políticos seguirán siendo también modelos dignos de admiración porque reparten dinero, protección, privilegios, contratas arriba y tarjetas y funditas abajo. La impunidad que protege a nuestros “grandes” hace imposible el saneamiento de la sociedad.

El procurador general de la República acaba de pronunciar la frase siguiente: “Una sociedad que tolera y a veces reconoce y admira a quienes delinquen, sean delitos con violencia, delitos de cuello blanco, privados o contra la cosa pública, no contribuye en absoluto a reproducir un clima de seguridad ciudadana”. Mientras oigamos frases tan ambiguas como esta, en el mismo momento que se desestimó la querella contra el expresidente Leonel Fernández, seguiremos atrapados entre las redes de la violencia y del deterioro social.
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POR UN ESTADO LAICO, JUSTO, Y LIBRE DE INTERESES ESPURIOS

CARTA ABIERTA A LOS OBSTRUCCIONISTAS DE LA JUSTICIA POR ARGELIA TEJADA YANGÜELA

CONFÍA EN QUE UN JUEZ HONESTO DECIDA INVESTIGAR AL EX PRESIDENTE LEONEL FERNÁNDEZ

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La fiscal Yeni Berenice Reynoso fue incongruente en sus argumentos para rechazar la querella de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo.

“La Magistrada Fiscal no investigó ni verificó la ocurrencia de los hechos imputados; lo que puede interpretarse como una forma de eludir sus responsabilidades para adoptar las medidas pertinentes y levantar el acta de acusación correspondiente. Habló con generalizaciones sin presentar evidencias concretas para dar credibilidad a sus argumentos”, declaró en una carta pública la profesora e intelectual Argelia Tejada Yangüela.

Explicó que legalmente no se entiende la explicación de la representante del Ministerio Público en el Distrito Nacional.

“La Magistrada tenía que haber explicado ¿por qué no son aplicables a Leonel Fernández Reyna los Artículos del Código Penal Números 166, 167, 174, 175, 176, y 361 (en sus Artículos 1 y 4, letra d) que contemplan y sancionan la prevaricación, la concusión, el delito de, funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad y el perjurio?”, dice en su carta

A continuación la carta de Argelia Tejada Yangüela

¿JUSTICIA PARA ALGUNOS?

CARTA ABIERTA A LOS OBSTRUCCIONISTAS DE LA JUSTICIA

Mayo 30, 2013

El pasado viernes 24 de mayo, la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso sorprendió a la población archivando de manera definitiva la querella presentada por Guillermo Moreno y sus abogados contra Leonel Fernández y FUNGLODE. Sus razones son incongruentes y la Fiscal no presentó evidencias para sustentarlas. Su decisión no se comparece con hechos que no investigó para poder declarar que en el país no existen leyes para juzgar los delitos imputados al ex –presidente y su Fundación.

En uno de sus argumentos la Magistrada Fiscal declara que “las donaciones a fundaciones no están reguladas por la ley”. Como si la Fundación del ex -presidente pudiese compararse con una iniciativa privada. Y como si el dueño de FUNGLODE no pueda ser juzgado por las leyes que prohíben el enriquecimiento personal de funcionarios públicos utilizando el poder que les confieren sus cargos.

En otra declaración, la Fiscal declara que las leyes dominicanas no “tipifican” los delitos imputados. La lógica es correcta para cualquier acto que no esté criminalizado: no puede condenarse lo que la ley no sanciona. Pero este no es el caso. La Fiscal no procedió a verificar la ocurrencia de los hechos punibles que comprometen a Leonel Fernández y las leyes citadas por el grupo de abogados constitucionales empoderados para justificar la querella por violación a la Constitución y a las Leyes del Código Penal.

La Magistrada Fiscal no investigó ni verificó la ocurrencia de los hechos imputados; lo que puede interpretarse como una forma de eludir sus responsabilidades para adoptar las medidas pertinentes y levantar el acta de acusación correspondiente. Habló con generalizaciones sin presentar evidencias concretas para dar credibilidad a sus argumentos.

La Magistrada tenía que haber explicado ¿por qué no son aplicables a Leonel Fernández Reyna los Artículos del Código Penal Números 166, 167, 174, 175, 176, y 361 (en sus Artículos 1 y 4, letra d) que contemplan y sancionan la prevaricación, la concusión, el delito de, funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad y el perjurio?

Además, debió explicar, ¿por qué no “tipifican” los delitos imputados los Artículos 3, letras a y b, 4, 5, 8, letra B, 18, 26, y 27 de la Ley 72-02 y el Artículo 2, letra A del Reglamento de aplicación de dicha Ley, contenida en el Decreto No 20-03, de fecha 14 de enero de 2003, todos los cuales contemplan y sancionan el Lavado de Activos y el Incremento Patrimonial Derivado de Actividades Delictivas y el artículo 146 de la Constitución que proscribe los actos de Corrupción?

¿Por qué no explicó las razones por las cuales los Artículos 3, letras a y b, 4, 20 y 29 de la Ley 72-02 todos los cuales contemplan y sancionan el Lavado de Activos no son aplicables a la Fundación global Democracia y Desarrollo, Inc.?

Si otros jueces siguen los pronunciamientos de funcionarios que intentan mantener la querella archivada con el sofismo de desacreditar al mensajero (acusando de políticas las motivaciones de Guillermo Moreno), solamente lograrán deslegitimizar aún más al Poder Judicial. No es secreto que el PLD ha politizado los poderes del Estado y pervertido su independencia. Los legisladores firmaron una reforma Constitucional para criminalizar los pecados católicos y firmaron contratos sin leerlos contrarios al interés nacional; sordos al clamor del pueblo en su contra.

La decisión que definirá si la querella procede o debe mantenerse archivada le pertenece al presidente del Primer Juzgado, el juez Román Berroa Hiciano. Mantengo la esperanza, de que no importa cuán corrupto sea un sistema, siempre surgirán jueces como Antonio de Jesús Pichardo, dispuestos a arriesgar sus vidas para dictar sentencias de acuerdo a sus conciencias, no por miedo u oportunismo en defensa del “Jefe”. Por eso, Guillermo Moreno y sus abogados apoderados, no se han dado por vencido. Hoy representan la esperanza del pueblo de que el Poder Judicial se dignifique, la corrupción se persiga y la Justicia deje de ser Justicia para algunos y se transforme en Justicia para todos.

Por un estado laico, justo, y libre de intereses espurios,

Argelia Tejada Yangüela
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¿PARA QUÉ MÁS JUECES?

Por Juan TH

Hay que ver la manera cínica y desfachatada como los depredadores de los bienes del Estado se burlan de la pobreza y la ignorancia del pueblo dominicano, al que le enrostran sus fortunas viviendo como jeque árabes, príncipes, reyes y faraones.

Usted los ve en los más exclusivos restaurantes con amigos, esposas o amantes. Tienen helicópteros, aviones jet, apartamentos en las torres más costosas, mansiones de veraneo y cuentas millonarias en pesos, dólares y euros. Nada les falta. Todo les sobra.

Al que todo le falta, y nada le sobra, es al pueblo que apenas recibe las migajas del poder usurpado cada cuatro años, cuando esos bandidos salen a comprarle su dignidad y su decoro para que voten por ellos en las elecciones que ellos mismos organizan, legitimando así el robo y el saqueo.

Tanto acumulan cada cuatro o cada ocho años, que pueden comprar, como en efecto, el Congreso, la Justicia y los demás poderes del Estado, incluso los mediáticos. De esa manera aseguran su impunidad.

La Constitución de la República, ni el código penal, se hicieron para los corruptos de la política. Las leyes son para aplicárselas a los miserables que roban chucherías, y que luego la policía mata en “intercambio de disparos”.

El presidente actual de la Suprema Corte de Justicia, antiguo socio y abogado del ex presidente Leonel Fernández, dice que en el país hace falta jueces por la cantidad de trabajo pendiente. Y que hace falta dinero para hacer más eficiente la justicia. Lo que hace falta, creo, es un sistema judicial honesto dirigido por gente idónea, no por políticos con toga y birrete protegiendo vulgares ladrones.

Hace falta un Ministerio Público independiente encabezado por un abogado sin compromisos partidarios ni vínculos con los depredadores y desfalcadores de los bienes públicos. Hace falta jueces capaces de condenar a los políticos desfalcadores no importa cómo se llamen ni qué posición tengan o hayan tenido.

Hace falta fiscales y jueces probos, comprometidos con las leyes y la justicia, que no sean miembros del Comité Central o el Comité Político del partido oficial, que no sean amigos, socios o relacionados de funcionarios corruptos, como sucede actualmente.

El Partido de la Liberación Dominicana ha instaurado una dictadura constitucional y mediática adueñándose de todos, absolutamente todos, los poderes del Estado. Ha corrompido abogados, periodistas, médicos, contadores, ingenieros, arquitectos, agricultores, alcaldes, regidores, diputados, senadores, sindicalistas, empresarios, buhoneros, chiriperos, artistas clásicos y populares, dirigentes de la “oposición”. Nadie se ha quedado sin bailar en la fiesta de la perversión y el despilfarro. Unos más, otros menos, de tal modo que pocos pueden lanzar la primera piedra.

Como todos estamos en la misma fiesta, unos en el centro, otros en los laterales, los poderosos, los que se roban 130 millones de dólares sin que nadie los acuse, los que montan Fundaciones millonarias con el dinero del presupuesto nacional, los que compran elecciones para reelegir el robo y el desfalco, se burlan del resto impunemente.

A esos delincuentes no hay un fiscal que lo investigue, ni un juez que lo condene. Ellos están protegidos por guardias y policías, fiscales y jueces, periodistas y medios de comunicación. Ellos están blindados. El sistema de justicia los protege de todo mal. ¡Hasta del mal de ojo!
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LF: UN PERSONAJE SINIESTRO

EL PEME, SUN LAND Y BARRICK GOLD, TRES MANCHAS INDELEBLES DE LEONEL FERNÁNDEZ…
Por Víctor Abreu, Editor Político (*)

Son tres manchas, entre otras indelicadezas de Estado, con las que tendrá que cargar Leonel Fernández por el resto de sus días, luego de sus pasos por los gobiernos que ha dirigido en la República Dominicana. Los muy jóvenes, o no se acuerdan del PEME, o estaban muy pequeños en la primera gestión de gobierno de Leonel Fernández.

Pero sólo en el PEME, del año 1996 al 2000, se dilapidaron 1,450 millones, con los que el presidente Fernández comenzó a corromper a gran parte de dominicanos, incluyendo a algunos de los hijos del doctor José Francisco Peña Gómez.

El asunto de la Sun Land, todavía no lo han podido explicar satisfactoriamente al país, al punto, que cuando el Partido Revolucionario Dominicano y otras fuerzas vivas de la nación llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia, esa Alta Corte, por presiones propias de Leonel y su grupo, hubo de fallar a favor de los imputados, según las propias palabras de quien fuera su presidente, el doctor Subero Isa.

De la Barrick Gold, es mucho lo que se ha hablado y el más indiferente de los mortales dominicanos, jamás apoyará un contrato en el que Barrick Gold obtenía 97% y el Estado dominicano sólo 3%, por una mala negociación, no se sabe con qué fines, que realizara Leonel Fernández y su equipo.

Entonces, cabría preguntar: ¿Qué más le queda por hacer a este hombre en contra del pueblo dominicano?
El autor es abogado y politólogo

(*) Tomado de ALCARRIZOSDIGITAL.NET
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LA OPINIÓN DE MELVIN

MÍRATE EN ESE ESPEJO
Por Melvin Mañón

Que la fiscal del distrito desestime las acusaciones contra Leonel Fernández presentadas formalmente por Guillermo Moreno a nombre de todos nosotros, no ha sorprendido a nadie. Es el mismo curso de acción que el propio procurador había marcado antes. Poco importa el argumento empleado, tan poco, en efecto que resultan malas, irrespetuosas y banales, incluso sin mediar las consideraciones legales y fundamentadas emitidas por el ex juez Castillo Pantaleón. Nada esperábamos de esa fiscal y nada hemos recibido.

Que años después de esta y otras ignominias por suceder escuchemos o veamos una excusa o justificación pública tampoco debe sorprendernos. El Dr. Jorge Subero Isa afirmó hace poco que había sido “político” y era como “un crespón” el fallo de la Suprema Corte de Justicia que él presidía y que favoreció a Leonel Fernández en el caso de la Sun Land. Pero lo dijo cuando ya no era presidente del tribunal en lugar de haberlo ejercido cuando lo era.

No importa, veremos mucho más de estas cosas.

Y sigo…

Ninguno de los dirigentes de partidos políticos apoyó la iniciativa de Guillermo Moreno, no porque no estuvieran de acuerdo en someter a Leonel sino porque su mezquindad, su miopía o su pequeñez no les permitía solidarizarse con un accionar que, en apariencia favorecía a un competidor político cuando en realidad realzaba a todo aquel que se hubiera manifestado al respecto. Es el mismo caso de las denuncias de fraude electoral. Los partidos pequeños dejaron solo al PRD en las pasadas elecciones de 2012 porque no entendían que el fraude diseñado se aplica contra aquel que tenga posibilidades de poder y cuando mañana otra fuerza política ocupe ese lugar, tendrá que enfrentar de nuevo el mismo fraude y naturalmente, no podrá contar con que el PRD respalde la denuncia porque ellos mismos rehusaron comprometerse y asumirla cuando la víctima era el PRD.

Hipólito Mejía amenazó en campaña con someter a los corruptos. Eduardo Estrella que está limpio de toda mancha, como los demás, dejaron solo a Guillermo Moreno en su querella y eso, como algún día acabarán de entender, fue un error porque la persecución judicial contra Leonel requiere del concurso de todos los que se le opusieron y porque, en última instancia, no será Guillermo ni Juan ni Pedro quien usufructúe el mérito y si así fuera, tampoco eso es motivo para no haberlo apoyado. Todos nuestros políticos pagarán su propio precio por haber cometido el doble error de no apoyar al PRD en la denuncia contra el fraude electoral ni a Guillermo en la querella contra Leonel.

Y lo pagaremos nosotros también.

Pero a Leonel, le digo, como ya antes hizo Meriño con Báez: “Más no os alucinéis por ello que, en pueblos como el nuestro, tan fácil es pasar del destierro al solio, como descender de este antes las barras del senado”.

El ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, favorecido por complicidades, experto en escapes y evasiones, equipado con los mejores abogados y habiendo hecho uso de todas las argucias legales acaba de ser extraditado a los Estados Unidos donde deberá responder de varias acusaciones en su contra, entre ellas, la malversación de 80 millones de dólares. Si es encontrado culpable puede ser condenado hasta a 20 años de cárcel.

Sé que las condiciones de Guatemala y las nuestras son distintas y asincrónicas. Se que la renuncia de Danilo Medina a investigar a Leonel Fernández le otorga una protección de hecho al delito que lo convierte en cómplice primero y en víctima después, pero él no lo sabe y no lo cree. Sé que la nuestra es una sociedad de complicidades, cobardías, apariencias. No obstante, algunas cosas han cambiado. . . tanto para peor a lo interno… como para mejor a lo externo.

Sé que Leonel no irá a la justicia cuando debería, que es ahora.

Sé que no pagará la totalidad de su culpa.

Sé que por ahora está a salvo.

Pero solamente por ahora.

Sé además, como lo angustia esa perspectiva.

Por eso mismo, porque y para que sufra en vida…

Mientras tanto…

MÍRATE EN ESE ESPEJO, CANALLA, y recuerda que te perseguiremos con saña y sin descanso y que, para hacerlo, invocaremos siempre la persecución desatada sobre los asesinos de Orlando Martínez y la que está por iniciarse contra los asesinos de Francis Caamaño.
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POR UNA REPÚBLICA DOMINICANA LAICA

DOS CONTRATOS: CON BARRICK GOLD Y CON EL VATICANO
Por Argelia Tejada Yangüela
Doctora en sociología cuantitativa (PhD) y maestría en teología
gelin33@gmail.com

La Real Academia Española define el contrato como un pacto o convenio, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Por lo general las partes contratantes defienden sus intereses antes de firmarlos. Cuando una de las partes es el Estado, sus representantes pueden firmarlos sin leerlos o pueden hacerlo buscando su propio enriquecimiento o mantenerse en el poder, algo que en nuestra República se ha convertido en norma, no en excepción.

Los contratos de Pueblo Viejo con la Barrick Gold (2006), y con el Vaticano (1954) esencialmente son semejantes: ambos crearon lo que Marc Augé denomina el no lugar, o sea, un no lugar para unos y un lugar para otros; el lugar de élites políticas, empresariales y religiosas y el no lugar de las mayorías despojadas de servicios públicos, de los bienes públicos, y de sus derechos.

En ambos casos, Rafael Trujillo y Leonel Fernández utilizaron una estructura social piramidal para firmar dos contratos perjudiciales a los intereses del pueblo. Los “Jefes” negociaron con los extranjeros para incrementar sus intereses particulares, sin importarles los derechos del pueblo ni su impacto negativo en la población. Ambos gobiernos actuaron en representación de sus pueblos sin consultarlos; y en ambos casos, los legisladores firmaron los dos contratos por admiración y fidelidad a sus jefes, sin tomar en cuenta a las poblaciones que los eligieron.

La importancia y fines últimos de ambos contratos no radica en la transferencia del dinero público a instancias extranjeras—el Vaticano es la monarquía absoluta más vieja del planeta. No. El dinero es solamente un medio para lograrlo. En última instancia, ambos contratos buscan mantener el poder político y el control social ad infinitum.

Pero a pesar de que solamente el contrato con la Barrick Gold ha sido refutado por activistas de todos los colores y renegociado por el Presidente Medina para alcanzar un poco mas de boronas, especialmente durante su gobierno, el contrato con el Vaticano es más dañino. Este ha instituido la ausencia de transparencia en todas sus relaciones con el estado, incluyendo el financiamiento que recibe y la transferencia permanente de bienes y mantenimiento inmobiliario, sin pagar impuestos y con total excepción en sus compras—vehículos importados, tickets de avión, etc.

Actúa cuál partido político que discrimina el género femenino, y es capaz de promover golpes de estado cuando su poder se ve amedrentado, y de mantener en el poder a los dictadores que buscan su capital ideológico entre masas tradicionales y creyentes para gobernar. No representan al pueblo. En vez de ser electos son designados de por vida por una potencia extranjera que se auto-designa representante de Dios en la tierra.

Su introducción revela su anacronismo: La Santa Sede Apostólica y la República Dominicana, animadas del deseo de asegurar una fecunda colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación Dominicana, han determinado estipular un Concordato que constituya la norma que ha de regular las recíprocas relaciones de las Altas Partes contratantes, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la República Dominicana. En otras palabras, las relaciones del estado con la Iglesia Católica no se rigen por la Constitución, se rigen “en conformidad con la ley de Dios y la tradición católica”. La misma tradición del régimen de la Cristiandad, impuesta por las bulas del Papa Alejandro VI para donar todas las tierras, riquezas y viviendas de los Amerindios a los reinos católicos de España y Portugal.

El carácter confesional del Estado Dominicano, violatorio a la Constitución, se define en su artículo primero: La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la de la Nación Dominicana y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico.

Su prepotencia sobre la constitución dominicana se expresa en el artículo IV: El Estado Dominicano reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio del culto.

Transferencias de bienes públicos a la propiedad privada de la iglesia Católica

El artículo VII establece que (1) El Gobierno Dominicano se compromete a construir la Iglesia Catedral o Prelaticia y los edificios adecuados que sirvan de habitación del Obispo o Prelado nullius y de oficinas de la Curia, en las Diócesis y Prelatura nullius actualmente existentes que lo necesiten, y en las que se establezcan en el futuro. Y (2) además el Gobierno asegura a la Arquidiócesis de Santo Domingo y a cada Diócesis o Prelatura nullius actualmente existentes o que se erijan en el futuro una subvención mensual para los gastos de administración y para las iglesias pobres.

El Artículo XXIII declara que: (1) El Estado Dominicano reconoce a las instituciones y asociaciones religiosas, de quienes trata el art. IV, la plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes; y (2) la gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas o asociaciones religiosas y la vigilancia e inspección de dicha gestión de bienes corresponderán a las Autoridades competentes de la Iglesia.

Además, le otorga carácter retroactivo a la transferencia de bienes a la iglesia a partir del año 1931:

(3) La República Dominicana reconoce y garantiza la propiedad de la Iglesia sobre los bienes muebles e inmuebles que el Estado reconoció como pertenecientes a ella con la Ley n. 117 del 20 de abril de 1931, aclarada por Ley n. 390 del 16 de septiembre de 1943, así como de los bienes que, después de tal fecha, la Iglesia ha legítimamente adquirido o adquiera, incluidos los que han sido o sean declarados monumentos nacionales. La República Dominicana declara propiedad de la Iglesia también todos los templos y otros edificios con fines eclesiásticos que el Estado ha venido construyendo desde el año 1930 y construya en adelante. Y (4) la Iglesia puede recibir cualquiera donación destinada a la realización de sus fines, y organizar colectas especialmente en el interior o a la puerta de los templos y de los edificios y lugares que le pertenezcan.

En ejecución de lo dispuesto en el art. VII, n. 2, del Concordato, el Protocolo final establece que el Gobierno de la República Dominicana dará: (a) a la Curia arquidiocesana de Santo Domingo la suma de quinientos pesos oro mensuales; (b) a las Curias de cada otra Diócesis o Prelatura nullius la suma de trescientos pesos oro mensuales.

El protocolo final, en relación con el artículo XX establece que: (1) La Santa Sede otorga al Seminario Conciliar de Santo Tomás de Aquino en Ciudad Trujillo el título de Instituto Pontificio. Para este fin el Gobierno se compromete a hacer en el edificio que donó al Seminario las ampliaciones que las Partes de común acuerdo juzguen necesarias y a contribuir a sufragar los gastos de dicha institución con una aportación mensual de quince pesos oro por cada seminarista dominicano que allí curse sus estudios. (2) Con el fin de levantar cada vez más el prestigio del clero nacional, el Estado sostendrá cuatro becas de seminaristas dominicanos que la Autoridad eclesiástica envíe a cursar sus estudios en los Ateneos Pontificios en Roma.

En relación con el artículo XXIII, el Protocolo Final establece que (1) el Estado no procederá a declarar monumentos nacionales otras propiedades eclesiásticas sino de acuerdo con la competente Autoridad religiosa.

2. Se entiende que un bien eclesiástico declarado monumento nacional es inalienable, y que la Autoridad eclesiástica, propietaria del inmueble, no procederá a modificaciones o reformas de éste sino de acuerdo con la Autoridad civil competente.

Exoneración de todo tipo de Impuestos

El Artículo XXIV exonera todas las actividades y transacciones económicas de la iglesia Católica de impuestos. Según éste:

(1) Los edificios sagrados, los Seminarios y otros edificios destinados a la formación del clero, los edificios de propiedad de la Iglesia empleados en fines de utilidad pública, las residencias de los Obispos y de los ministros del culto, cuando sean propiedad de la Iglesia, estarán exentos de cualquier impuesto o contribución. Queda expresamente convenido que los bienes, cuya propiedad adquiera la Iglesia por donación entre vivos o por disposición testamentaria, estarán exentos de los impuestos de donación o de sucesión, siempre que los bienes recibidos en esa forma, se destinen a un fin propio del culto o de utilidad pública por voluntad del donante o del testante o por ulterior disposición de la Autoridad eclesiástica competente.

(2) Los bienes eclesiásticos no comprendidos en el número precedente no podrán ser gravados con impuestos ni contribuciones especiales. (3) Los eclesiásticos estarán exentos de cualquier impuesto o contribución en razón del ejercicio de su ministerio espiritual. (4) Los Ordinarios de los lugares y los rectores de parroquias gozarán de franquicia postal y telegráfica en su correspondencia oficial en el País; y (5) Los edictos y avisos que se refieren al ministerio sagrado, fijados en las puertas de los templos, estarán exentos de cualquier impuesto o contribución.

Privilegios Jurídicos

Primero, privilegios ante el sistema judicial que protegen a sacerdotes y religiosos pederastas por encima de los derechos de sus víctimas de acceder al sistema judicial y a compensación por agravios y efectos traumatizantes de la violación sexual, particularmente en menores y adolescentes. El artículo XI declara que (1) los eclesiásticos gozarán en el ejercicio de su ministerio de una especial protección del Estado y (2) los eclesiásticos no podrán ser interrogados por jueces u otras autoridades sobre hechos o cosas cuya noticia les haya sido confiada en el ejercicio del sagrado ministerio y que por lo tanto caen bajo el secreto de su oficio espiritual.

El artículo XIII determina que (1) en caso de que se levante acusación penal contra alguna persona eclesiástica o religiosa, la Jurisdicción del Estado apoderada del asunto deberá informar oportunamente al competente Ordinario del lugar y transmitir al mismo los resultados de la instrucción, y, en caso de darse, comunicarle la sentencia tanto en primera instancia como en apelación, revisión o casación. (2) En caso de detención o arresto el eclesiástico o religioso será tratado con el miramiento debido a su estado y a su grado. (3) En el caso de condena de un eclesiástico o de un religioso, la pena se cumplirá, en cuanto sea posible, en un local separado del destinado a los laicos, a menos que el Ordinario competente hubiese reducido al estado laical al condenado.

Segundo, protección excepcional del sacerdocio católico y sus símbolos que únicamente se confiere a los órganos represivos del aparato estatal. El Artículo XIV determina que el uso del hábito eclesiástico o religioso por personas eclesiásticas o religiosas a quienes haya sido prohibido por orden de las competentes Autoridades eclesiásticas, oficialmente comunicada a las Autoridades del Estado, así como el uso abusivo del mismo hábito por otras personas, será castigado con las mismas penas previstas para el caso de uso abusivo del uniforme militar. Será castigado en los mismos términos el ejercicio abusivo de jurisdicción o funciones eclesiásticas.

Tercero, privilegio que utiliza el poder del estado para proteger el matrimonio religioso contra la voluntad de divorcio de los cónyuges. El Artículo XV proclama que (1) la República Dominicana reconoce plenos efectos civiles a cada matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico. Y (2) en armonía con las propiedades esenciales del matrimonio católico queda entendido que, por el propio hecho de celebrar matrimonio católico, los cónyuges renuncian a la facultad civil de pedir el divorcio, que por esto mismo no podrá ser aplicado por los tribunales civiles a los matrimonios canónicos.

Cuarto, criterios políticos y económicos en la determinación de la nulidad matrimonial. El Artículo XVI determina que (1) las causas concernientes a la nulidad del matrimonio canónico y la dispensa del matrimonio rato y no consumado, así como el procedimiento relativo al Privilegio Paulino, quedan reservados a los Tribunales y a los órganos eclesiásticos competentes. Y (2) las decisiones y sentencias de los órganos y Tribunales eclesiásticos, cuando sean definitivas, se elevarán al Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica para su comprobación y serán transmitidas después, con los respectivos decretos de dicho Supremo Tribunal, por vía diplomática al Tribunal dominicano competente, que las hará efectivas y mandará que sean anotadas en los registros civiles al margen del acta del matrimonio.

Mientras familias pobres no cuentan con la palanca política y los recursos necesarios para anular un matrimonio, Rafael Leónidas Trujillo no tuvo problemas en anular sus primeras nupcias por la iglesia, como declara su hija Flor de Oro Trujillo Ledesma en su biografía editada por Bernardo Vega, Trujillo en la Intimidad, según su hija Flor. La nota editorial nos aclara que el 19 de mayo de 1953, tras una mediación por parte de dos sacerdotes Jesuitas, Aminta Ledesma solicitó la anulación de su matrimonio con Trujillo. El 16 de junio de 1954, es decir trece meses después, Trujillo firmaba en Roma el Concordato con la Iglesia Católica. El 9 de agosto de 1955, catorce meses después de la firma del Concordato, Trujillo se casó por la iglesia con María Martínez en la capilla de la Nunciatura, teniendo como testigos a Monseñor Ricardo Pittini y al nuncio Salvatore Siino.

En su biografía, Flor de Oro narra cómo su madre fue presionada por dos sacerdotes Jesuitas para que diera información falsa y nos relata los privilegios con que Trujillo retribuyó este favor: Papá no era un hombre religioso, pero cuando salió esa "anu¬lación" le pagó suntuosamente a la Iglesia. Tras un viaje triunfal por España, visitó el Vaticano. Firmó un Concordato; albergó a docenas de curas de la parte francesa de Canadá y España; en un solo año gastó un millón de dólares en nuevas instituciones de la Iglesia. Se les ordenó a oficiales del ejército ir a misa todos los domingos. Los soldados deberían asistir también a los nuevos y magníficos retiros espirituales, aunque papá nunca fue. Le obse¬quió a los sacerdotes extranjeros tantos autos nuevos y hogares de lujo que el chiste secreto era: "Vuélvete cura y vive bien". Ahora Trujillo también era el Gran Hombre de la Iglesia, además de coinvertirse en padrino de cientos de niños dominicanos en bautizos en masa (así asegurando la lealtad de sus padres, (1965, 69-70).

Influencia y poder entre los militares

Según el artículo XVII, el Estado Dominicano garantiza la asistencia religiosa a las fuerzas armadas de tierra, mar y aire y a este efecto se pondrá de acuerdo con la Santa Sede para la organización de un cuerpo de capellanes militares, con graduación de oficiales, bajo la jurisdicción del Arzobispo Metropolitano en lo que se refiere a su vida y ministerio sacerdotal, y sujetos a la disciplina de las fuerzas armadas en lo que se refiere a su servicio militar. El éxito político de los capellanes para apoyar el golpe de estado de 1963, y los acontecimientos de 1965, seguramente ha sido un elemento motivador para que en el presente las capellanías sean sustituidas por un Vicariato Militar.

Incidencia en la cotidianidad de toda la ciudadanía a través de días feriados católicos

Según el Artículo XVIII, el estado tendrá por días festivos: (1) los días de precepto establecidos en toda la Iglesia por el Código de Derecho Canónico, es decir:

—todos los domingos;
— las fiestas de Circuncisión (1 de enero), Epifanía (día de Reyes, 6 de enero), San José (19 de marzo), Ascensión, Corpus Christi, Santos Apóstoles Pedro y Pablo (29 de junio), Asunción (15 de agosto), Todos los Santos (1 de noviembre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Navidad de Nuestro Señor Jesucristo (25 de diciembre).
(2) Además, los días de precepto establecidos en la República Dominicana, es decir:
— festividad de Ntra. Sra. de la Altagracia (21 de enero);
— festividad de Ntra. Sra. de las Mercedes (24 de septiembre)

El Estado dará en su legislación las facilidades necesarias para que los fieles puedan cumplir en esos días sus deberes religiosos.

Las Autoridades civiles, tanto nacionales como locales, velarán por la debida observancia del descanso en los días festivos.

Imposición de la Religión Católica a toda la población usuaria de servicios públicos

El Artículo XIX es violatorio a la libertad de conciencia y cultos. El mismo determina que (1) el Gobierno Dominicano facilitará la necesaria asistencia religiosa a los establecimientos nacionales, como son los colegios, los hospitales, los asilos de ancianos o de niños, las cárceles, etc. A tal fin, si el establecimiento no tiene capellán propio, el Estado permitirá el libre acceso y el ejercicio de la asistencia espiritual en dicho establecimiento al párroco del lugar o al sacerdote encargado por el Ordinario competente. (2) En los asilos, orfanatos, establecimientos o instituciones oficiales de educación, corrección y reforma de menores dependientes del Estado, se enseñará la religión católica y se asegurará la práctica de sus preceptos (mi subrayado). (3) El Gobierno Dominicano, cuando sea posible, confiará a religiosos y religiosas la dirección de los hospitales, asilos y orfanatos y otras instituciones nacionales de caridad. La Santa Sede, por su parte, favorecerá tal proyecto.

Privilegio de determinar su propio currículo escolar y universitario, sin supervisión del Sistema de Educación nacional, lo que le permite ignorar y tergiversar hechos históricos y científicos contrarios a sus creencias particulares.

El Artículo XX establece que (1) la Iglesia podrá libremente fundar Seminarios o cualesquiera otros institutos de formación o de cultura eclesiástica; su régimen no estará sujeto a la fiscalización del Estado. (2) Los títulos, grados, certificados y comprobaciones escolares otorgados por tales centros tendrán la misma fuerza que los concedidos por los establecimientos del Estado en el orden correspondiente. En vista de ello la Autoridad eclesiástica comunicará a la competente Autoridad del Estado los textos adoptados en dichas instituciones para la enseñanza de las disciplinas que no sean teológicas y filosóficas. (3). Los grados académicos adquiridos en las Universidades o Institutos Pontificios de Altos Estudios serán reconocidos en la República Dominicana, para todos sus efectos civiles, como los grados conferidos y reconocidos por el Estado.

El Artículo XXI establece que (1) el Estado Dominicano garantiza a la Iglesia Católica la plena libertad de establecer y mantener, bajo la dependencia de la Autoridad eclesiástica, escuelas de cualquier orden y grado. En consideración de la utilidad social que de ellas deriva a la Nación, el Estado las amparará y procurará ayudarlas también mediante congruas subvenciones. La enseñanza religiosa en dichas escuelas siempre será organizada e impartida libremente por la Autoridad eclesiástica.

(2) Los certificados y comprobaciones escolares otorgados por los establecimientos de enseñanza primaria dependientes de la Autoridad eclesiástica tendrán la misma fuerza que los otorgados por los correspondientes establecimientos del Estado. (3) Los exámenes y pruebas de aprovechamiento para la concesión de certificados y títulos oficiales de estudio a los alumnos de las escuelas secundarias y normales dependientes de la Autoridad eclesiástica se celebrarán, a petición de ésta, en los mismos establecimientos, por medio de comisiones especiales compuestas, al menos parcialmente, por docentes del plantel.

En relación con el artículo XXI, el Protocolo Final determina que (1) para la apertura de escuelas dependientes de la Autoridad eclesiástica no se exige licencia alguna ni otra formalidad.

(2) La vigilancia del Estado, por lo que atañe a las escuelas dependientes de la Autoridad eclesiástica, se referirá a lo tocante a las normas de seguridad e higiene, así como, limitadamente a los establecimientos mencionados en el n. 2 del presente artículo, al desarrollo de los programas de estudio; y siempre se efectuará teniendo en cuenta el carácter especial de dichas escuelas y de acuerdo con la Autoridad eclesiástica correspondiente

Secuestro de la Educación Pública por la iglesia Católica

El Artículo XXII le entrega la educación pública a la Iglesia Católica. (1) La enseñanza suministrada por el Estado en las escuelas públicas estará orientada por los principios de la doctrina y de la moral católica.

(2) En todas las escuelas públicas primarias y secundarias se dará enseñanza de la religión y moral católicas —según programas fijados de común acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica— a los alumnos cuyos padres, o quienes hagan sus veces, no pidan por escrito que sean exentos. Nota de la autora: Esto no se cumple. No se envían cartas explicativas de las opciones que tienen los niños y el carácter opcional de estas clases. Tampoco se les ofrece un currículo cultural alternativo para que los niños no pierdan regularmente horas de clases ni deambulen ociosamente sin supervisión.

(3) Para dicha enseñanza sólo se utilizarán textos previamente aprobados por la Autoridad eclesiástica, y el Estado nombrará maestros y profesores que tengan un certificado de idoneidad expedido por el Ordinario competente. La revocación de tal certificado les priva, sin más, de la capacidad para la enseñanza religiosa. En la designación de estos maestros y profesores el Estado tendrá en cuenta las sugestiones de la Autoridad eclesiástica y, en las escuelas secundarias y normales, cuando haya sacerdotes y religiosos en número suficiente y los proponga el Ordinario del lugar, les dará la preferencia sobre los seglares.

(4) El párroco, por sí o por su delegado, tendrá acceso a las escuelas primarias para dar lecciones catequísticas periódicas.

(5) Los Ordinarios de los lugares podrán cerciorarse, por sí mismos o por sus delegados, mediante visitas a las escuelas, del modo como se da la enseñanza de la religión y moral.

(6) El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de información que estén a su cargo, y en particular en los programas de radio-difusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa, por medio de sacerdotes y religiosos designados de acuerdo con el Ordinario competente.

Beneficio que recibe el Estado de todas estas concesiones

Artículo XXVI: Los domingos y fiestas de precepto, así como los días de Fiesta Nacional en todas las Iglesias Catedrales, Prelaticias y parroquiales de la República Dominicana se rezará o cantará al final de la función litúrgica principal una oración por la prosperidad de la República y de su Presidente. La oración será la siguiente:

V. Dómine, salvam fac Rempúblicam et Prǽsidem ejus.
R. Et exáudi nos in die, qua invocavérimus te.
V. Salvum fac pópulum tuum, Dómine: et bénedic hereditáti tuæ.
R. Et rege eos et extólle illos usque in ætérnum.
V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.

Orémus.

Pópulum tuum, quǽsumus, Dómine, contínua pietáte custódi, ejúsque Rectóres sapiéntiæ tuæ lúmine illústra; ut, quæ agénda sunt, vídeant, et ad implénda quæ vidérint, convaléscant. Per Christum Dóminum nostrum.

R. Amen.

Nótese que este artículo no obliga a ninguna dependencia estatal a participar en los actos religiosos de la iglesia. Esta tradición se impuso durante la idolatría estatal del Trujillismo y representa la más pura expresión del lambonismo dominicano. Nótese además, lo caro que le ha costado al pueblo dominicano esta oración.

Competencia para amarrar más privilegios en el futuro no incluidos en el concordato

El Artículo XXVII determina que las demás materias relativas a personas o cosas eclesiásticas que no hayan sido tratadas en los artículos precedentes serán arregladas según el Derecho Canónico vigente. Si en el porvenir surgiere alguna duda o dificultad sobre la interpretación del presente Concordato, o fuere necesario arreglar cuestiones relativas a personas o cosas eclesiásticas, que no hayan sido tratadas en los artículos precedentes y que toquen también el interés del Estado, la Santa Sede y el Gobierno Dominicano procederán de común inteligencia a solucionar amigablemente la diferencia.

El Estado Dominicano promulgará, en el plazo de seis meses, las disposiciones de derecho interno que sean necesarias para la ejecución de este Concordato.
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En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Concordato.

Hecho en doble ejemplar.

Ciudad del Vaticano, 16 de Junio de 1954.

Domenico Tardini
Leónidas Trujillo Molina
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ENTRE USTED Y YO

BOSCH: EL PEOR PADRE POLÍTICO
Por Rafael Calderón

NEW YORK. Cuando José Tomás Pérez mencionó que Juan Bosch merece que sus restos descansen en el Panteón Nacional por ser el progenitor del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido de la Liberación Dominicana, los dos más grandes del sistema político de la República Dominicana, por mi mente atravesó como un rayo el pensamiento de que esas paternidades, precisamente, descalifican por completo a El Profesor para descansar en el Altar de la Patria.

Usted le pregunta a cualquier peledeísta por sus hermanos mayores del PRD y le dirá que a su paso por el poder robaron. Y si le pregunta a cualquier perredeísta por sus hermanos menores del PLD le dirá que son los más ladrones de la historia. Ambos tienen razón.

Así tenemos que como escritor, novelista, cuentista, ensayista y enemigo de lo ajeno Juan Bosch tiene los más altos merecimientos; pero la depravación, la perversidad y el latrocinio siempre in crescendo de sus vástagos lo han hecho merecedor de ser calificado como el peor padre político. Me he referido al tema antes, pero lo recalco por si acaso hay alguna pizca de agradecimiento en algunos de sus hijos que los conduzca a apiadarse para no seguir enlodándole más el nombre al autor de La Mañosa.

¡Qué contraste extraordinario se da en la figura de Bosch! Para mantenerlo en el pensamiento como político bien intencionado y decente es imperativo primero reconocerlo como nulo transmisor de sus virtudes o como un pésimo educador de su progenie o sepáralo de la misma. Por las acciones depredadoras de sus criaturas en el quehacer político de Bosch ha tomado vigencia total el adagio “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”. Es duro decirlo.

Y también es duro llamar al profesor Bosch pésimo educador político, pero son sus alumnos quienes lo han puesto en evidencia. Digamos que Bosch se fue del PRD sin odios y solamente con buenas intenciones de hacer del PLD el partido perfecto para conducir los destinos del pueblo dominicano. Y mire usted: ¿no es un infierno de inseguridad ciudadana, de corrupción administrativa, atracos y asesinatos callejeros, carencias de servicios de salud y peor educación, apagones y otros males graves lo que prevalece en el país con el PLD agotando su cuarto período de gobierno? Todo eso ocurre a pesar de que Bosch se dedicó en cuerpo y alma al intento de educar a la camada que procreó en 1973, aunque pasó sus últimos años dirigiendo círculos de estudios y esbozando teorías políticas que consideró habían sido asimiladas, por lo que se atrevió a garantizar algo tan inverosímil como que en un gobierno peledeísta nadie robaría.

¡Cuántos contrastes en la carrera política de Juan Bosch!: Medio siglo atrás nos puso a soñar a los jóvenes de mi generación con democracia y libertad, y a los pobres con mejoría e igualdad social, pero su engendro de 1973 devino en una grosera pandilla que tiene al país sumido en una pesadilla.

Cuando Bosch regreso al país franqueado por Ángel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón A. Castillo -con quienes luego rompió- le bastó con las primeras charlas que ofreció por Tribuna Democrática para cautivar a las masas que lo llevaron al poder, pero su engendro de 1973 tiene que quebrar el país cada cuatro años para mantenerse en el poder.

No era Bosch un hombre ambicioso de poder y dinero, pero era temperamental y con el paso de los años llegó a engreírse. Su engreimiento fue malo para él y peor para el pueblo dominicano, pues tras romper con sus primeros hijos, las masas que le seguían y obedecían en el PRD, en lugar de hacer mutis decidió procrear un partido modelo de cuadros con pequeños burgueses, con todo y que él conocía como nadie y lo escribió que éstos sólo actúan en función de sus propios intereses, que son inestables, que giran 180 grados sin inmutarse, que son violentos en su búsqueda de escalar todo el tiempo y que son irredimibles de sus malos hábitos. Fue un funesto intento de lo imposible, pues su camada de 1973 sólo busca dinero y poder.

Justo es decir que Bosch en un momento se arrepintió del engendro e intentó irse, pero los años habían desgastado su ímpetu y sus luces, y no logró zafarse. Terminó su vida política como reo de su última camada y con los brazos levantados en apoyo a la jugada que hizo Joaquín Balaguer para castigar a su pupilo malcriado Jacinto Peynado, acción con la que de carambolas convirtió en baldado para siempre al Partido Reformista, por suerte para el pueblo esto último.

Y por suerte para los restos de Bosch, parece que en las postrimerías de su vida algún atisbo luminoso le indicó que tenía que garantizarse que fueron enterrados en La Vega, lejos de la capital, donde obviamente es mayor el ruido de las fechorías de su camada de 1973. Así que la mal justificada propuesta de José Tomás Pérez murió en su cuna.

Por hoy, me voy. Que Dios le llene de bendiciones, y se apiade de la República Dominicana.
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ES PRIORIDAD LO QUE SE PIDE

Por Juan Bolívar Díaz

Es probable que muchos vieran y escucharan esta semana por Teleantillas al ingeniero Alejandro Montás, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y no quedaran impresionados por los datos que aportó, dramáticos indicadores de nuestro nivel de pobreza, y de los absurdos de esta sociedad que se presume en la postmodernidad, y de esta capital que Leonel Fernández nos legó como el Nueva York chiquito, el pequeño Miami o el Mónaco del Caribe.

Montás, quien es miembro del Comité Central del partido que ha gobernado el país durante 12 de los últimos 16 años, planteó que apenas el 5 por ciento de la gran urbe dispone de alcantarillado sanitario, razón por la cual sus desechos van a los ríos circundantes y contaminan todas las fuentes acuíferas el litoral marítimo y el subsuelo.

A esa contaminación hay que agregar la generada por el vertido de las plantas industriales y de los aceites de los vehículos y de las decenas de miles de plantas eléctricas que operamos hasta en los barrios más pobres, gracias a las cuales pueden sobrevivir igual número de pequeñas y medianas empresas y paliarse los apagones. También permiten que muchos “olviden” lo doloroso que es depender del servicio energético público en esta postmodernidad que tanto nos enorgullece.

El director de la CAASD dijo que todavía cerca de un tercio de las viviendas de la urbe no disponen de agua potable. Y aquí fue optimista, ya que la última encuesta Enhogar de la Oficina Nacional de Estadísticas estableció que a nivel nacional esa carencia alcanza al 56 por ciento. Agregó que ya la ciudad necesita otro sistema de acueducto para satisfacer sus necesidades y que los apagones complican la situación, porque el 70 por ciento del agua se genera con electricidad.

Para colmo señaló que el 54 por ciento del agua del acueducto se pierde por falta de racionalidad, fugas y averías. No se le puede criticar el haber olvidado decir que en muchos barrios pobres hay que comprar el agua por tanques o latas, por lo que les sale más cara que a los ricos, contaminación aparte.

Y no es que falten estudios sobre las necesidades de agua y alcantarillado sanitario de la capital y el costo de la inversión que requiere, sobre los mil millones de dólares, que él espera se haga en 20 años, lo que implica que esta modernidad va para largo. Se requiere una red de 3,400 kilómetros de alcantarillas y acometidas para 500 mil viviendas estimadas en 612 millones de dólares, incluido un emisor submarino para verter las aguas sanitarias a 300-500 metros de la playa y a 30 metros de profundidad. El nuevo acueducto demanda 250 millones de dólares y no se sabe cuántos más para sustituir viejas tuberías de 6-8-12 pulgadas de diámetro por nuevas de 20 pulgadas.

No se agobien, porque falta una perla: para cumplir sus responsabilidades la CAASD requeriría un presupuesto anual de 5 mil millones de pesos, pero sólo recibe mil 250, que apenas le dan para pagar personal y gastos fijos, entre ellos 924 millones por la precaria energía con que opera el acueducto.

Como consecuencia, ocho de las 12 plantas de tratamiento de las aguas del gran Santo Domingo están dañadas y no hay con qué rehabilitarlas. Más o menos que a nivel nacional, donde están fuera de servicio 24 de 28 de esos sistemas, según declaró hace unos meses el director del INAPA.

Aunque muchos vivamos en una burbuja mágica, embrujados por la ostentación pública y privada, fascinados por el verbo elocuente de nuestros líderes constructores de palacios, elevados y metros, promotores de la malversación y la ostentación, esta gran urbe donde se concentra la inversión, es un tremendo espejo de la pobreza nacional.

Por eso es más absurdo que haya quienes pidan un aeropuerto para San Francisco de Macorís, a 45 minutos del de Licey al Medio, Santiago, y a una hora y cuarto del de Catey, Samaná. Y que otros aboguen enfáticamente por una nueva carretera norte sur, aunque hiera la mayor fuente de agua del país, que costará más de 500 millones de dólares y que el Ministro de Obras Públicas acaba de definir como turística y ecológica, en vez de mejorar vías ya existentes.

Necesitamos un gran exorcismo a la fastuosidad y altas dosis de racionalidad para establecer prioridades, para no comprar autos de lujo ni hacer una piscina antes de disponer de suficiente agua potable, electricidad, escuelas y atención hospitalaria, además de alcantarillados sanitarios en un país que pretende vivir del turismo.
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DEBATES QUE DAN VERGÜENZA

Por César Pérez
lagarita@codetel.net.do

Constituye un bochorno que pase el tiempo y que el principal tribunal electoral de un país sea manejado con los niveles de discrecionalidad y arbitrariedad de su presidente sin que se le ponga coto alguno y que en pleno siglo XXI, una institución religiosa acuda a los tribunales para tratar de impedir que una institución del Estado haga lo que entiende su deber. Son cosas impensables en cualquier otro país y que sólo son posible por la existencia una clase política irresponsable y sumisa.

El presidente de la Junta Central Electoral se ha visto envuelto en toda suerte de escándalos, entre los que se cuentan de corrupción en desempeño de sus funciones, de prevaricación y, según miembros de ese alto tribunal, de impúdicamente hablar mentiras sobre cuestiones administrativas que son cruciales, no solamente para el discurrir de esa Junta, sino para la tranquilidad de miles de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana.

Ese personaje ha mentido sobre la cantidad de ciudadanos en esa condición, más de 23 mil, a los cuales, violando principios constitucionales se niega a que se les entreguen sus documentos de identidad, lanzándolos a la muerte jurídica. Un escándalo por el que, con justicia, hemos sido condenados como país en organismos internacionales defensores de los derechos humanos y sin que ninguna institución del Estado, comenzando por la Presidencia y el Congreso se haya tomado correctivo alguno. Y es que la cuestión haitiana, en términos de política de Estado, se le haya asignado como cuota de poder a un partiducho fascista, aliado al partido de gobierno.

También, porque el PLD y en esencia, todas las facciones del PRD, han dado muestra de pusilanimidad al aceptar el chantaje de los grupos antihaitianos incrustados en importantes medios de comunicación o porque esencialmente coinciden en el caso específico del tema haitiano y por eso, de hecho, en ese caso, protegen al presidente de la JCE. En tal sentido, ha de esperarse que si el Congreso se involucra en el debate que sobre cuestiones cruciales mantienen dos integrantes de ese tribunal y su presidente no sea para penalizar a los jueces que dignamente exigen transparencia, justicia y honestidad en la conducción de esa institución, sino para expulsar o llevar a la legalidad a tan nefasto personaje.

El caso del recurso de amparo, incoado por altos dirigentes del clero católico contra la campaña de educación sexual que con sentido de responsabilidad cívica desarrolla PROFAMILIA, quizás sea más grave. Ello así, porque el hecho constituye una grosera intervención eclesial en temas que son de estricta competencia del Estado. Ante tantos embarazos de menores de edad, en eso somos de los primeros en el mundo, el Estado tiene plena obligación de intervenir para paliar esa circunstancia, educando sobre la práctica del sexo responsable.

Resulta una vergüenza que todavía se insista en imponerle a la sociedad y al Estado unos valores absolutos de fe que sólo conciernen a los miembros de una iglesia. Imponerlos por ley es una pretensión propia de la Edad Media, sólo concebible en un país de una clase política que nunca ha osado establecer una clara división entre la esfera pública y la esfera privada, que no ha sido capaz de exigir y establecer lo que es ley de nuestro tiempo: el carácter laico del Estado y la no injerencia de las principales autoridades de la iglesia católica en los asuntos del Estado e incluso en la política.

El respeto a las libre creencia religiosa no se discute e incluso el derecho de las religiones a hacer su proselitismo, pero es necesario extirpar de lo público lo que es de la esfera privada: lo religioso, la fe. En tal sentido es tiempo de que se erradique la arbitraria práctica de iniciar actos de carácter público con invocaciones o bendiciones religiosas, una práctica se generaliza incluso en actos de grupos no confesionales.

Son cuestiones que debería darnos vergüenza que todavía hoy estemos discutiendo.
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