lunes, 8 de octubre de 2012

ANTE UNA PROPUESTA ABUSIVA

CUENTAS CLARAS
Editorial de El Nacional


Al advertir que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno es insostenible, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) atribuye el grave deterioro de las finanzas públicas al aumento desmedido del gasto público, un tema que el Gobierno ha rehusado incluir entre las causas probables de la debacle financiera.

Aunque las autoridades admiten que el faltante presupuestal se eleva a más de 130 mil millones, sin incluir el déficit cuasi fiscal del Banco Central, no se ilustra a la ciudadanía sobre si esos recursos fueron empleados dentro del esquema de una mejoría en la calidad del gasto o si fueron tirados por la ventana oficial en medio de una juerga dispendiosa.

No hay forma de convencer al sector productivo ni a la población de que acepten cargar con un ramillete de impuestos, sin que el Gobierno siquiera explique el porqué de un déficit tan pronunciado (7% del PIB) si los ingresos han crecido sobre un 10% durante los últimos seis años.

El Conep revela que durante el periodo 2008-2011 el déficit acumulado por el Gobierno central fue superior a los 225 mil millones de pesos, pero el estimado para 2012 será de más de 150 mil millones. Se retorna a la pregunta inicial de por qué se incurrió en dispendio tan descomunal.

El empresariado no debería tener reparos en aceptar o promover un pacto fiscal que también incluya garantía de incremento en las recaudaciones tributarias, pero le asiste derecho, como al resto de la población, a exigir al Gobierno que, además de cuantificar el déficit fiscal, explique a dónde fueron a parar tantos miles de millones.

Las variables ingreso y gasto deben tener la misma categoría de interés y promoción por parte de autoridades y sector productivo, pues de nada sirve que el Gobierno, mediante una caterva de impuesto, disminuya el desajuste fiscal, sin antes establecer o precisar las razones de un desorbitado nivel del gasto público.

A pesar del dispendio que refleja un déficit medido en términos absolutos en más de 150 mil millones de pesos, el índice de competitividad de República Dominicana fue uno de los peores del mundo y la educación ha ido de mal en peor, sin que tampoco se registre un incremento del empleo digno o productivo.

El presidente Danilo Medina está compelido a contar todo lo sucedido alrededor de ese dispendio en el gasto que prevaleció durante la Administración anterior y con más crudeza durante el más reciente periodo electoral. Las cuentas claras se reputan también como cuentas completas.

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