Por Juan Bolívar Díaz
Aunque desde su fundación en 1993, el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) siempre ha tropezado con la hipersensibilidad de quienes gobiernan, especialmente en los procesos electorales, nunca la hostilidad había alcanzado los actuales niveles y en ningún caso las autoridades electorales habían tratado de obstaculizar su labor.
Con los reformistas las tensiones fueron duras y ellos tenían razones suficientes porque PC nació como consecuencia del fraude electoral de 1990, por cierto contra el Partido de la Liberación Dominicana, y con el declarado propósito de luchar por la transparencia electoral y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
La hostilidad reformista se acentuó en 1994 cuando PC documentó y denunció el nuevo fraude electoral, esa vez contra el Partido Revolucionario Dominicano. Los peledeístas que habían aplaudido el nacimiento del movimiento comenzaron a distanciarse del mismo en la medida en que empezaron a unir su suerte al reformismo para con ello alcanzar el poder en 1996. No fue PC que cambió de curso y siguió luchando por los principios democráticos. Se le quiso arrinconar bajo la premisa de que era un movimiento destinado a convertirse en partido y luego a apoyar al PRD.
Por el conteo rápido de PC fue que las autoridades electorales conocieron los resultados en la primera y segunda vuelta de 1996, ratificados al día siguiente por el cómputo oficial. Nadie objetó la elección de Leonel Fernández aunque la policía de Pérez y Pérez recogió decenas de miles de cédulas en los barrios populares días antes de los comicios.
Esta vez la junta de Rosario se propuso obstruir a PC y hasta salió a buscar financiamiento internacional y convocó grupos nacionales para auspiciar sus propios observadores.
La noche del 16 de mayo del 2000 las autoridades electorales y los observadores internacionales supieron que Hipólito Mejía se había quedado (49.85%) en la frontera del 50 por ciento. El conteo de PC no le agregó el 0.15 por ciento que le faltó. Y la misma precisión y honestidad se repetiría la noche del 2004 cuando Mejía intentó la reelección y los peledeístas habían vuelto a ver a los pecianos como serios y amigos.
Mucha agua ha corrido de nuevo por todo el país. PC creyó que por los avances logrados, incluyendo el nuevo padrón que había promovido, auditado y defendido, ya la transparencia electoral no era prioridad, y proclamó que centraría su accionar en la lucha contra la corrupción. Eso en vez de mejorar sus relaciones con el sistema partidista, las ha agravado especialmente, y como es lógico, con los que gobiernan.
PC había tenido diferendos con las autoridades electorales, incluyendo a las designadas por los perredeístas, pero ni Morel Cerda ni Luis Arias la hostilizaron ni trataron de obstruir sus labores. Ambos viven y el segundo es embajador del gobierno del PLD desde que salió del cargo. Actuó con honestidad y defendió a PC de algunas ofensivas y hasta procuró su asistencia en la JCE en varias oportunidades.
El difunto César Estrella Sahdalá fue más amigo de PC después que salió de la presidencia de la JCE. Afortunadamente también vive el Juan Sully Bonnelly, otro presidente del organismo electoral que tuvo excelente relación con PC.
Las relaciones del movimiento con Roberto Rosario se quebraron desde que su partido lo puso al frente de la Cámara Administrativa de la JCE, básicamente por diferencias en torno al millonario contrato con la empresa Somos para nueva tecnología.
Esta vez la junta de Rosario se propuso obstruir a PC y hasta salió a buscar financiamiento internacional y convocó grupos nacionales para auspiciar sus propios observadores. Fracasado el propósito ha dilatado la tradicional acreditación y después de aprobado el reglamento pone nuevas condiciones para hacerla difícil.
Primero autorizó la observación en los centros de votación y en las juntas electorales y la JCE pero se saltó la de los colegios, que era el punto 1 de la solicitud, al tiempo que advertía, sin que se lo pidieran, que no avalaba el conteo rápido para el cual es fundamental el acceso al cómputo de los colegios.
Luego pidió el listado de los observadores segregados por municipios, cuando así mismo se le había entregado. Y que acudieran los 3,800 en “un día” que señalarían a llenar un formulario de datos que PC ya había recabado y puso a disposición de la JCE.
El objetivo es claro: seguir dilatando y obstruyendo la observación, provocar la pérdida de una proporción de los observadores que seguramente no podrán acudir “ese día” a llenar un nuevo formulario con los mismos datos que ya se tienen. Todo está transparente.
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