Durante los últimos meses, los principales funcionarios del equipo económico del gobierno estuvieron negando la posibilidad de que se aprobara una nueva reforma tributaria tal y como lo venían advirtiendo los miembros de la Comisión Económica del PRD. Hasta el momento en que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el Proyecto de Ley se estuvo culpando a los economistas de la oposición de ser aves de mal agüero y de estar mintiéndole a la sociedad.
Sin embargo, el panorama cambió repentinamente cuando los ciudadanos se enteraron a través de los medios de comunicación que un nuevo paquete tributario había sido enviado al Congreso para aumentar las recaudaciones y cubrir el enorme agujero fiscal generado por un excesivo gasto público. Luego de esta medida, la credibilidad gubernamental se desvanecía en medio de justificaciones insensatas.
En la exposición de motivos que acompañaba al Proyecto de Ley, el Poder Ejecutivo señalaba que el incremento de los impuestos era para complacer la demanda de distintos sectores de la sociedad respecto de la necesidad de aumentar el gasto en educación. Pero, el Proyecto de Ley no hace referencia a este aspecto.
Más adelante, los congresistas oficiales y los voceros del gobierno señalaban que el paquete tributario no afectaría a los pobres ni a la clase media, sino a los sectores de mayores ingresos. Hacían referencia a la supuesta “progresividad” de la medida sin tomar en cuenta que el potencial incremento en las recaudaciones no tendría ningún efecto por el lado del gasto público que beneficiara a los más pobres.
El efecto que tendrá este paquete tributario sobre los contribuyentes será muy fuerte debido al momento en que se aprueba esta medida impositiva. En medio de aumentos de precios sostenidos en los principales bienes y servicios de consumo masivo llega este nuevo paquetazo. Como dice un viejo refrán: “Éramos diez hermanos y parió la abuela”. Es decir, que si la situación económica para los pobres y la clase media estaba mal, ahora se pondrá peor.
El poder de compra de estos sectores se verá duramente afectado. Casi todos los impuestos de este nuevo paquete tributario afectan directamente al consumo. Incluso, algunas figuras que originalmente fueron diseñadas para gravar los ingresos a sectores de mayor poder adquisitivo (como el impuesto del 10% a los dividendos) fueron cambiados por otros que afectan a la clase media y los pobres (impuesto del 0.15% sobre los retiros en efectivo superiores a RD$ 20,000).
Este gravamen estimularía la des-intermediación financiera y el aumento de la informalidad de las operaciones comerciales.
Los niveles de bancarización [1] en el país se han reducido en los últimos años producto del aumento de la informalidad en el mercado laboral y de las operaciones provenientes de actividades ilícitas. Este tipo de impuestos podría seguir afectando el acceso de la población a los servicios financieros.
Esto va en sentido contrario a lo que establece la teoría económica respecto de la importancia del acceso a los servicios financieros de los sectores de menores ingresos para fines de superación de la pobreza y la desigualdad. Para ser sujeto de crédito a tasas más bajas, es necesario estar dentro del sistema financiero.
Respecto del costo del dinero, el impuesto del 1% a los activos financieros incrementará la tasa de interés de los préstamos. Las cuotas de los créditos hipotecarios y de consumo serán aumentadas disminuyendo el poder adquisitivo de la clase media. El efecto combinado de los aumentos en la tasa de interés, tarifa eléctrica, combustibles y artículos de primera necesidad será demoledor.
Los impuestos a las ventas de las zonas francas en el mercado local llegan en un momento donde dicho sector apenas comienza a dar signos de recuperación luego de varios años de caída sostenida en sus actividades. No parece justo seguir afectando a un sector que es intensivo en el factor trabajo en un país donde el desempleo y la informalidad son tan altos.
La ciudadanía percibe que estos nuevos impuestos servirán para seguir alimentando la insoportable corrupción administrativa. Los recientes escándalos de corrupción en la administración pública tales como: el parqueo de la UASD, la cárcel de Higüey y el vacacional Ercilia Pepín en Jarabacoa, entre otros, evidencian el uso irracional y poco comprometido con el desarrollo humano que el gobierno da a los recursos públicos.
La corrupción administrativa comienza a ser un tema preocupante para la sociedad porque con los niveles existentes de este flagelo, no habrá reforma fiscal posible para mejorar el gasto social. Los ciudadanos observan impotentes como los impuestos que pagan no sirven para mejorar el bienestar colectivo.
Los contribuyentes se están empobreciendo muy rápidamente, mientras los funcionarios públicos de mayor jerarquía evidencian riquezas injustificadas.
El costo de una administración pública corrompida como la actual es insostenible para la sociedad dominicana. La viabilidad del proyecto nacional es incompatible con los actuales niveles de corrupción y con la continuidad del PLD en el gobierno.
Más impuestos para financiar la indetenible corrupción administrativa. Parece una pesadilla, pero es nuestra triste realidad.
[1] La bancarización se refiere al uso masivo del sistema financiero formal por parte de los individuos, para la realización de transacciones financieras o económicas; incluyendo no solo los tradicionales servicios de ahorro y crédito, sino también la transferencia de recursos y la realización de pagos a través de la red bancaria formal. Así, el concepto se relaciona con el acceso a los servicios financieros por parte de la población.
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