“El reconocimiento y respeto de la diferencia es un rasgo esencial de las democracias modernas. Lo que garantiza la convivencia pacífica de las diferentes confesiones es la existencia de un Estado laico, que asegura el respeto y la tolerancia a todas las ideas y manifestaciones religiosas y no religiosas, en igualdad de condiciones”, expresó Paiewinsky durante su intervención de un curso ofrecido por la Universidad Itinerante.
En opinión de la intelectual y feminista, el concordato suscrito por la República Dominicana y la Santa Sede en 1954, otorga a la Iglesia católica privilegios que le permiten intervenir en el trazamiento de las políticas públicas con el propósito de hacer prevalecer sus “verdades absolutas” en perjuicio de los dominicanos y dominicanas de otras denominaciones religiosas o no creyentes.
Destaca la disertante la diferencia fundamental entre una Iglesia normada por el pensamiento y la estructura vertical, con dogmas indiscutibles impuestos por la jerarquía que no toman en cuenta ni siquiera la opinión de los propios feligreses, y la democracia, cuya característica fundamental es el reconocimiento y respeto de la diferencia.
Al hacer hincapié en las consecuencias negativas de la injerencia de la Iglesia en las políticas estatales, Paiewonsky alude a lo acontecido durante el proceso de reforma constitucional de 2009 con el artículo 30, convertido posteriormente en 37, que define el derecho a la vida cuya redacción cedió a las presiones eclesiales católicas.
“Esto implica, frente al aborto terapéutico, por ejemplo para salvar la vida de la mujer embarazada, que mejor que mueran la mujer y el feto antes que realizar un aborto. Frente al uso de condones dentro del matrimonio cuando uno de los cónyuges es VIH positivo: si no pueden mantener la castidad, el contagio del cónyuge sano es preferible al uso de condones”, dijo la disertante.
El curso tiene como tema central los derechos sexuales y reproductivos y es parte del proyecto “Fortalecimiento de la sociedad civil para la promoción de la igualdad de género y gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe", en el que participan también Ecuador y Paraguay.
Su objetivo es contribuir “a una mayor cohesión social, ciudadanía, igualdad de género y respeto de los derechos humanos de las mujeres en América Latina y el Caribe”.
La actividad es realizada por la Colectiva Mujer y Salud, con los auspicios por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el apoyo de Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y el Caribe, RSMLAC, la Red Activas y el Centro de Estudios de Genero del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).
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