Por Lissette Rojas/Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una mañana de marzo, Jacques Attali, llegó al Palacio Nacional, donde lo recibiría el presidente Leonel Fernández. Delgado, como de cinco pies siete pulgadas, y con los ademanes discretos sobreentendidos en un intelectual francés, a Atalli le bastaron pocos minutos para poner en evidencia los mitos de la institucionalidad, crecimiento económico y competitividad dominicanos. Todo esto frente al mandatario, que ni se inmutó.
El presidente Fernández, que escuchaba con el rostro ligeramente apoyado en su mano derecha, no necesitó, ni necesita, traductor cuando le hablan en francés. De manera que comprendió a la perfección cuando Jacques Atalli le sugirió la eliminación del barrilito y le informó del nivel alarmante de desempleo en República Dominicana, una nación que “se encuentra histórica y geográficamente en un lugar privilegiado para convertirse en un ejemplo para la región”.
El documento, para el que el primer mandatario prometió designar una comisión de seguimiento, fue elaborado por la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana. Al final del acto, este estudio fue entregado a representantes del cuerpo diplomático, educadores, sociólogos, economistas, sindicalistas y periodistas.
He aquí diez aspectos en los que el Informe Attali, la investigación República Dominicana 2010-2020, entra en contradicción con la línea del discurso del actual Gobierno:
1- Aun cuando la República Dominicana ha mantenido una tasa de crecimiento promedio anual del 5 por ciento, la tasa de desempleo nunca ha bajado realmente. Desde 1960, el desempleo casi siempre ha permanecido superior al 4 por ciento de la población activa. Desde hace 20 años los salarios reales no han aumentado.
2- Asistimos a una verdadera crisis de confianza entre la población y sus instituciones. El 90 por ciento de los dominicanos piensa que el país no es gobernado para el bien de todos. Sólo los argentinos son más severos frente a su gobierno.
3- El gasto del Estado en la educación es muy reducido en comparación con los presupuestos dedicados a este concepto en los otros países de la región: 2 por ciento del Producto Interno Bruto, frente a más del 4 por ciento en promedio de la región. Esta falta de medios se traduce en infraestructuras insuficientes, obligando a los profesores a efectuar turnos. Hay sesiones en la mañana, en la tarde y en la noche. Un alumno solo tiene clase dos a tres horas diarias, en salas degradadas debido a la subutilización.
4- Relacionado con la población, el tamaño de la administración pública dominicana se sitúa en la media regional. Con Perú y Paraguay, la administración dominicana se encuentra entre las menos eficientes. La falta de coordinación, la multiplicidad y dualidad de las agencias estatales pueden explicar esta ineficacia.
5- Hoy el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permite al Estado dominicano financiarse bastante fácil en los mercados e incluso la calificación del riesgo soberano ha subido a B en 2010. Sin embargo, nada permite afirmar que la confianza de los inversionistas permanecerá intacta cuando finalice la tutela del FMI en 2012.
6- La administración cuenta con más de 320 viceministros de estado. La mayoría de los ministerios, como el de Educación y Agricultura, cuentan con más de 30 viceministros, mientras que Chile cuenta con 10. De igual forma, la delegación de República Dominicana en la ONU cuenta con más de 47 miembros, más que Brasil.
7- El gobierno central está calificado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de “clientelista” ya que los funcionarios históricamente han sido designados por afiliación al partido en el poder, de ahí la alta tasa de rotación. Esto contribuye a un sistema de empleos ficticios, que los dominicanos nombran “botellas”.
8- Las tarifas eléctricas en República Dominicana son cerca de dos veces superiores a la media observada en los estados de la región (0.23 dólares contra 0.10 en América Latina. La calidad y la fiabilidad del servicio eléctrico son muy reducidas y las interrupciones del servicio son recurrentes, lo que ha obstaculizado numerosas inversiones industriales.
Asistimos a una verdadera crisis de confianza entre la población y sus instituciones. El 90 por ciento de los dominicanos piensa que el país no es gobernado para el bien de todos. Sólo los argentinos son más severos frente a su gobierno.
9- La degradación de las condiciones de vida va acompañada por un incremento de la inseguridad. Entre 2001 y 2005, la tasa de homicidios se ha duplicado –de 13 por 100 mil a 26 por 100 mil. La inseguridad está vinculada particularmente al tráfico de drogas que se aprovecha de la debilidad de las instituciones (…) La droga alimenta igualmente la corrupción de ciertos agentes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ya que el narcotráfico es una fuente de dinero fácil.
10- Con el 1,2 por ciento del presupuesto destinado a la justicia –uno de los presupuestos más bajos de la región- el poder judicial difícilmente puede realizar una labor efectiva.
En consecuencia, el Informe Atalli propone siete iniciativas para el éxito de la Estrategia Nacional de Desarrollo: devolver la confianza en las instituciones, establecer servicios públicos de calidad, formar a las futuras generaciones, preparar al país para la competencia internacional, organizar el financiamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, proteger el medio ambiente y ordenar el territorio e integrar al país en la región y en la competencia internacional.
En la investigación trabajaron los expertos dominicanos Rafael (Pepe) Abreu, Rosa Rita Álvarez, Carlos Asilis, José Luis Corripio y Eduardo Jorge Prats. Los internacionales son Cyrille Arnould, Matilde Lemoine, Jefrrey Owens, Mario Pezzini, Ian Whitman y Marc Stubee.
05 de abril del 2011
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