El desafío argumentativo consiste en ser coherente, el humano en ser justo, y el jurídico en apegarse a la ley. Cuando estos desafíos marchan por caminos diferentes, la difícil tarea humana de convivir se complica aún más y se propagan los argumentos errados.
Durante el último siglo, los gobiernos dominicanos no debieron permitir la migración ilegal haitiana, pero más pudo el afán de lucro que la previsión de los problemas sociales que derivarían de ella.
Trujillo y Balaguer trajeron haitianos a los bateyes porque la mano de obra era barata, y en su miseria, esos trabajadores estaban dispuestos a realizar trabajos duros. Ambos denigraban los haitianos, pero los usaron para beneficio económico y para elevar con simulacros la dominicanidad que ellos herían constantemente con su despotismo. Si hay que buscar culpables del tollo migratorio actual, hay que comenzar con ellos, porque después de la independencia y la restauración, la nación dominicana quedó establecida con soberanía de Haití y España.
Con posterioridad al dúo Trujillo-Balaguer, todos los gobiernos dominicanos han permitido la migración ilegal de haitianos para beneficio empresarial, y de vez en cuando, arman un alboroto nacionalista con el discurso de que otros países, organismos internacionales y algunas ONG obligan al gobierno dominicano a acogerlos. Con este falso argumento patean la soberanía dominicana y hacen un flaco servicio al país.
Nadie, absolutamente nadie, obligó el gobierno dominicano a traer los obreros haitianos. El gobierno lo hizo solito a cambio de grandes ganancias económicas, aunque ahora las llamadas fuerzas nacionalistas pataleen por la soberanía que no han protegido.
Que quede claro, los gobiernos dominicanos han permitido la migración haitiana para la explotación, no por imposición extranjera. Los trabajadores haitianos fueron aceptados como válidos en la agricultura y la construcción, aunque muchos nunca recibieran documentos oficiales de identificación, ni tampoco sus descendientes.
La mayoría de los dominicanos concuerda en que la migración haitiana constituye un serio problema social para República Dominicana, y hay razones válidas para la preocupación. Las diferencias radican en cómo abordar la desorganización migratoria y el estatus de los descendientes de inmigrantes indocumentados.
Cuando la Suprema Corte de Justicia en 2005, y ahora el Tribunal Constitucional, reinterpretaron la Constitución, poniendo a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos y criados en República Dominicana en un categoría similar al de peronas “en tránsito”, recurrieron a un razonamiento ilógico desde el punto de vista jurídico, histórico y humano, y eso debilita la soberanía.
La República Dominicana es un país pequeño, con una economía abierta y altamente dependiente de Haití para la mano de obra barata y la exportación de productos. Entonces, ¿qué persigue el gobierno con el mal manejo de la cuestión migratoria?
La comunidad internacional estaría del lado de República Dominicana si existiera realmente una política coherente y justa de control migratorio. Lo que no puede hacer el país es sostener un sistema de súper-explotación laboral, y a la vez, negar derechos a la comunidad migratoria y a sus descendientes.
La controversia que ha generado la Sentencia TC 168/13 se debe a que unos desean declarar extranjeros en base al criterio de “transitoriedad” e “ilegalidad” a personas que nacieron y se criaron en República Dominicana, mientras otros consideramos que a esos nacidos y criados en territorio dominicano les corresponde la nacionalidad dominicana por las disposiciones constitucionales dominicanas anteriores a 2010, y porque la misma Constitución de 2010 garantiza derechos previamente adquiridos.
La soberanía nacional se construye con coraje, justicia e ideales nobles, no pateando derechos humanos ni con pataleos nacionalistas que denigran la dominicanidad y crispan la nación.
Artículo publicado el miércoles 4 de diciembre de 2013 en el periódico HOY y en los portales de Acento y Noticias SIN
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