(rnoriega@aei.org) (*)
Publicado en el Miami Herald, 26 de diciembre 2013
La comunidad internacional ha condenado con razón una decisión de la Corte Suprema de la República Dominicana de revocar la ciudadanía de por lo menos 350 mil dominicanos de ascendencia haitiana. Por desgracia, esta decisión solo es una de muchas acciones partidistas que amenazan el estado de derecho y el crecimiento económico en esa nación. Los dominicanos de buena voluntad deben actuar para restaurar la integridad e independencia de sus instituciones y asegurar un futuro mejor para todos sus ciudadanos.
A principios de este mes, la respetada Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizó una visita a ese país para estudiar las implicaciones de la decisión de implementar retroactivamente una enmienda constitucional del 2010 que redefinió los derechos de la ciudadanía. Esta decisión despoja a multitudes de su "derecho a la nacionalidad." La Comisión emitió con urgencia una serie de recomendaciones inequívocas que insisten en que el Estado dominicano adopte "claramente, rápidamente y con justicia" medidas para "garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho" antes de la sentencia.
La decisión del tribunal se ha defendido como una medida necesaria para responder a las preocupaciones legítimas sobre la inmigración ilegal. Sin embargo, incluso antes de la publicación de esta decisión judicial draconiana, las autoridades electorales se habían negado a proporcionar tarjetas de identificación de votantes a miles de personas de origen haitiano. Esta acción es probablemente una maniobra política por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para descalificar a los votantes de origen haitiano que tienden a votar masivamente por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El PRD ha tenido en sus filas a haitianos desde su fundación, como el fallecido José Francisco Peña Gómez, orgulloso hijo de inmigrantes haitianos, quien fue un pilar del PRD.
El presidente del PLD y ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, ha llenado a la Corte Suprema y al tribunal electoral de amigos y partidarios, lo que explica por qué estas instituciones del Estado sirven a sus intereses políticos. Por ejemplo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, fue socio de Fernández. Marta Olga García, quien también es juez de la corte, es cuñada de Miguel Vargas, un caudillo con quien Fernández está conspirando para dividir al partido opositor PRD.
Aunque supuestamente el tribunal electoral está compuesto por jueces imparciales, sus miembros fueron elegidos en base a su lealtad a Fernández y/o con el PLD. Fernández ha ejercido un control absoluto sobre el tribunal electoral para alterar el resultado de elecciones y para negar la representación proporcional del partido de la oposición en el Congreso. Aunque el PRD ganó casi el 42 por ciento de los votos a nivel nacional en 2010, solo obtuvo uno de los 32 escaños del Senado.
Esta manipulación atroz de las instituciones por parte del ex presidente Fernández ha creado un estado unipartidista, como se narra en un informe publicado en noviembre por el prestigioso Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, DC y escrito por el veterano asesor del Senado estadounidense Carl Meacham. Meacham destaca una maniobra descarada por Fernández al hacer un pacto con el ex candidato del PRD Miguel Vargas para usurpar el control del PRD, derrocar a los líderes más fuertes del partido y socavar su capacidad para establecer una campaña viable contra el PLD.
"El Tribunal Superior Electoral (TSE) ha asegurado la desunión continua del PRD", informa Meacham . "Teniendo en cuenta su participación discrecional en la preservación de Miguel Vargas en la presidencia del PRD -y su decisión de no intervenir cuando se expulsó del PRD al ex presidente Hipólito Mejía. Algunos temen que el TSE está desempeñando un papel indebido y decisivo para paralizar la oposición principal del PLD. "Https://csis.org/files/publication/131111_Meacham_DominicanRepublic_Web.pdf
Instituciones disfuncionales atraparán a todos los dominicanos en la corrupción y el deterioro económico. De acuerdo con Transparencia Internacional (TI), el país ocupa el puesto 123 en percepción de mayor corrupción, solo por debajo de Venezuela, Paraguay, Honduras y Nicaragua en las Américas.
Un informe del Departamento de Estado de este año señala que: "La corrupción sigue siendo endémica en todos los niveles de la sociedad dominicana. Los encargados de hacer cumplir la ley, militares y funcionarios del gobierno son a menudo acusados de una serie de actos de corrupción, incluyendo el tráfico de drogas, lavado de dinero, ejecuciones extrajudiciales y otros delitos". Http://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/ 2013/vol1/204049.htm # República_Dominicana
No es sorprendente que el informe del CSIS señale que Fernández o sus aliados estén involucrados en lavado de dinero y otros delitos graves. Miguel Vargas, por ejemplo, fue acusado en un testimonio jurado a principios de este año de haber aceptado 300,000 dólares del capo de la droga José David Figueroa en Agosto del 2008.
http://www.elnuevoherald.com/2013/01/05/1378123/politico-dominicano-recibio-dinero.html
Los dominicanos de ascendencia haitiana no son los únicos ciudadanos que pagan un precio por la corrupción sistemática en el país. Tal vez el escándalo internacional actual generado por el fallo del Tribunal Constitucional estimulará a la clase política y a la sociedad civil para promover reformas urgentes a las instituciones judiciales y electorales. Sólo entonces la República Dominicana volverá a ser un buen vecino y socio productivo para la región y los Estados Unidos.
(*) El autor fue embajador de EE.UU. ante la OEA y subsecretario de Estado durante la administración de George W. Bush. Él es un investigador visitante en el American Enterprise Institute y director ejecutivo de Visión Américas LLC, que representa a clientes estadounidenses y extranjeros.
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