ADRIANO ROMÁN: EL CALÍGULA DE SANTIAGO

REPORTAJE
Por Sara Pérez
acento.com.do

Le ordenó a un tipo que estaba en la finca, que la violara y luego la arrastró hasta la calle, herida, torturada y desnuda. Las lesiones fueron de tal naturaleza, que se habló de la posibilidad de extirparle un seno

SANTIAGO, República Dominicana.-Mañana martes, 17 de Junio, el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, presidido por la jueza Annelis Torres e integrado, además, por los jueces José de Asís Burgos y Sergio Furcal, deberá pronunciar su veredicto en torno al intento de asesinato contra el abogado Jordi Veras.

Según las pruebas presentadas ante la justicia y ante el país, el crimen fue ordenado, recurriendo a sicarios, por Adriano Román, un criminal convicto y ricachón, con un copioso prontuario delictivo, excepcionalmente ecléctico.

Su currículo incluye desde reiteradas acusaciones de pederastia, violaciones, tiroteos, incendios intencionales, torturas, órdenes de asesinato, contratación de sicarios, asociación de malhechores, ataque con ácido del diablo e intento de electrocutar a un hermano, acosos y amenazas.

Esto, sin mencionar los procedimientos con los que se agencia la impunidad y convierte en obsequiosa servidumbre, a los oficiales de la policía encargados de vigilarlo, para que siga repitiendo sus atrocidades.

Los capítulos de la macabra historia revelan toda una vida de truculencias, que se remonta, incluso, a cuando era niño y se dedicaba a pasatiempos al estilo de despanzurrar gatos, perros y aves, por el placer de ver los estertores de la agonía.

La longitud exacta de su rosario de crímenes es desconocida, como desconocida es la magnitud de la chorrera de impunidades con que la propia justicia y la sociedad, tan condescendiente con quien tiene cuartos, han prohijado sus espeluznantes hazañas.

Por donde quiera que pasa, solo queda el vaho a azufre, el reguero de sangre y el autobombo de quien siendo una vergüenza para la especie humana, demasiadas veces se ha salido con la suya, atrincherado tras los millones que le han servido de licencia para hacer todo lo que le ha dado la gana y casi siempre salir impune o, como ha ocurrido ahora, que pese a los cargos que pesan sobre su persona, de todas formas, sigue manejando su fortuna desde la cárcel, para orquestar más crímenes.

Solo el propio Adriano sabe -y quizás también lo sabía su difunta madre- cuándo el joven y mimado príncipe acostumbrado a que se le complaciera en todo, pasó de las simples malcriadezas e inició su carrera criminal.

Las primeras miradas interrogantes se posaron sobre él, cuando murió su padre, don Narciso Román, presuntamente a causa de uno de esos “suicidios” que podrían confundirse con cualquiera de los asesinatos que padecieron varios de los familiares de Calígula en los primeros años de Nuestra Era, durante el Imperio romano.

Cuando el padre se “suicidó”, en un episodio que dejaba más preguntas que respuestas, la madre de Adriano parece que, por alguna razón, creyó que de sus hijos, Adrianito era el más directamente conectado con la desgracia, así que se apresuró a sacarlo del país, hacia Europa, donde permaneció por años, hasta que se dejó de hablar del suicidio de don Narciso y ya nadie le preguntó al entonces novel Jack El Destripador, si tenía algún dato esclarecedor sobre la muerte del padre.

Desde que puso un pie en el país, Adriano no salió de un enredo, lo que le creó la merecida reputación de violento, agresor, brutal, cruel, perverso, irascible y sicópata antisocial.

Aún en su círculo de potentados, donde a veces se admira demasiado la truhanería y la criminalidad impune, Adriano es visto con las aprensiones y repulsión que despertaría un tiranosaurio de colmillos sangrantes apoltronado en la mesa del comedor.

La generalidad de sus familiares le tenían -y le tienen- pavor, pero sus conflictos no llegaban a la justicia porque siempre se resolvían al margen de los tribunales, por miedo, extorsión o dinero.

El primer caso registrado formalmente en su contra, data de 1975, cuando fue acusado de la violación de una niña de 11 años y la violación fue confirmada por el médico que examinó a la víctima, pero la madre de la niña violada retiró la querella, a instancias del padre de la menor, que al parecer, había llegado a acuerdos no especificados con Adriano.

En 1978, Adriano Román estaba otra vez acusado de violación a otra menor de 12 años de edad y el caso también se diluyó.

En una entrevista que Ramón de Luna le hizo a Román el 13 de enero de 1978, le preguntó directamente por esos casos y por lo que había tenido que pagar a los padres de las niñas para llegar a acuerdos extrajudiciales.

El señor Adriano negó haber pagado, pero la tarifa era vox populi: entre 2 mil y 3 mil pesos por himen infantil y los casos mencionados en los corrillos de Santiago, multiplicaban por mucho los únicos dos que habían conseguido llegar hasta los tribunales, aunque se evaporaran allí.

Entre el 1975 y el 1978, el señor Román había protagonizado, además, uno de los episodios más horripilantes ocurridos en Santiago y que conmocionó a todo el país.

El 20 de diciembre de 1977 llevó a su ex esposa, doña Miguelina Llaverías, a una de sus fincas en Villa González, presuntamente para discutir asuntos familiares.

Ya en la finca, Adriano encañonó a doña Miguelina con un arma, la ató y la sometió a golpes y torturas que la justicia y la sociedad conocen parcialmente: armado de un alicate golpeó, hirió, retorció y lastimó los senos y otras partes del cuerpo de la madre de sus cuatro hijos.

Le ordenó a un tipo que estaba en la finca, que la violara y luego la arrastró hasta la calle, herida, torturada y desnuda. Las lesiones fueron de tal naturaleza, que se habló de la posibilidad de extirparle un seno.

De esos hechos, confirmados y confesados por el violador contratado por Román y por el vigilante de la finca, que fue testigo, Adriano salió completamente impune, por los buenos oficios que a su favor interpuso Vincho Castillo (ese mismo, Marino Vinicio), que entonces era su abogado y mantenía bien engrasado, un equipo de jueces, autoridades y policías de lo más complaciente.

Vincho consiguió que el caso fuera trasladado a la capital y allí encasillado con un No Ha Lugar. Hasta el día de hoy se desconoce qué le costó a Román la amable condescendencia de los jueces. Entre los abogados de doña Miguelina se encontraba el doctor Ramón Antonio Veras, quien es el padre de la víctima conocida más reciente de Adriano, el abogado Jordi Veras.

En los archivos de los periódicos de la época hay constancias de que Adriano, primero trató de evadir a la justicia escapando a Nueva York y luego la neutralizó, a pesar de que muchas personas de Santiago se movilizaron en repudio a sus crímenes.

En el 1978, la policía llegó a impedir las manifestaciones de solidaridad con doña Miguelina y las protestas contra Adriano.

Probablemente el éxito de agredir a esos extremos y de ser perfectamente conocido por todos, sin ser penalizado en lo absoluto, alentó al potentado en su dilatada carrera de guadaña sedienta y afilada.

En 1997 Adriano estaba, otra vez, en problemas con la justicia, cuando Genaro A. Pérez, (Yoryi), una personalidad muy conocida y querida en Santiago, lo sometió por amenaza e intento de incendio.

Yoryi tenía en alquiler un local comercial propiedad de la familia Román. El local era utilizado por Yoryi como almacén de los periódicos El Nacional, Hoy y El Siglo.

Para forzar la desocupación de ese inmueble, sin seguir los canales institucionales para ello y en violación a los acuerdos con un inquilino que estaba al día en todos sus pagos, fueron provocados dos incendios, el 31 de mayo y el 16 de junio de 1997, que generaron grandes pérdidas económicas para Yoryi.

No satisfecho con estas acciones, por las que estaba directamente acusado un hermano de Adriano, Pablo Narciso Román, Adriano puso en absoluta evidencia quién era el responsable final de los hechos, cuando en julio de 1997 se presentó al local, ubicado en la Beller con Sully Bonnely en Santiago y amenazó de muerte a Yoryi y con “volver” a incendiar el local.

Román se dedicó a perseguir, acosar y amenazar a la familia de Yoryi (que tuvo que ser sometida a protección policial) y también a uno de los jueces de la Corte de Apelación de Santiago, a quien le envió un mensaje que salió a relucir en los tribunales: “…si condena a mi hermano Pablo, él sabrá quién es Adriano Román en este país”.

La Primera Cámara Penal de Santiago fue apoderada del caso e impuso una fianza el 1 de octubre de 1997 de 300 mil pesos.

Como es su costumbre, el acusado negó todos los hechos, aunque parte de estos habían ocurrido ante docenas de testigos, a voz de cuello y en medio de rebuluses en los que tenían que intervenir la policía.

Sin embargo, el 24 de agosto de 1999 acabó firmando un documento y pagando la suma de 400 mil pesos como reparación por los daños causados a Yoryi.

El 2005 fue uno de los años estelares en la carrera de Adriano. Este volvió a la carga y el 26 de febrero se presentó a la casa familiar, donde estaba su hermano, Pablo Narciso Román y se dirigió a la habitación de este, llamándolo para entregarle un “regalito”.

Cuando Pablo Narciso abrió la puerta, Adriano lo atacó con ácido del Diablo y además lo sometió a descargas eléctricas, con un aparato que portaba. La madre de ambos hermanos estaba en el hogar al momento de la agresión y Pablo Narciso se salvó de chepa.

Por esos hechos, el señor Román fue condenado en la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera instancia del Distrito Judicial de Santiago a un año de prisión, al pago de una multa de 5 mil pesos y al pago de 1 millón de pesos como indemnización a favor del hermano.

¿Pero tenía Román en ese tiempo el plato lleno con una acción criminal? No, qué va. En ese año, según lo que se estableció en corte y por lo que fue condenado, también encontró tiempo para contratar unos sicarios, a través de la empresa “Facsaint detectiva, S. A”, dedicada a esa clase de servicios, con la encomienda de asesinar a la ex-esposa de Román, doña Miguelina, la misma señora que él había torturado y mandado a violar en el 1977. Veintiocho años después de torturarla, violarla y mandar a otros a violarla, mientras él tomaba fotos, Román todavía tenía su venganza pendiente contra doña Miguelina.

La señora fue atacada con disparos, a la entrada de su casa. El informe médico explicaba los detalles: “Recibió una herida de bala con entrada interauricular derecha, produciendo estallido de la base de la lengua, destruyendo parcialmente la dentadura inferior, con orificio de salida a nivel de la mejilla izquierda (…). A nivel del oído derecho, presentó desgarro de la membrana timpánica(…).Parálisis facial derecha, por lesión parcial del nervio facial…”

A consecuencia de esto, doña Miguelina padece secuelas permanentes del órgano de la masticación, una disminución drástica de la capacidad auditiva y una parálisis facial, sin hablar de las secuelas sicológicas.

Los hechos fueron probados en los tribunales y en esa ocasión, su abogado Vincho, tal vez ocupado en otros casos más rentables, no apareció para volver a rescatar a su viejo cliente de la acción de la justicia.

Mediante la sentencia 107 del 24 de Mayo del 2007, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, Adriano Ramón Román Román, el legendario Calígula del Callejón del Mercado de Santiago, fue finalmente condenado con la pena correspondiente a uno de sus crímenes: 20 años de cárcel y el pago de 5 millones de indemnización, que se convirtieron en 25, cuando los abogados de la parte acusatoria, Jordi Veras y María Alejandra Veras Pola, establecieron que existiendo cinco condenados y cada uno le correspondía pagar cinco millones, pero habían cuatro insolventes, la indemnización total le correspondió pagarla a Román, porque las leyes establecen que quien se asocia para hechos delictivos y criminales y tiene recursos, debe asociarse también con sus colegas en el pago de las indemnizaciones, si estos no le pueden hacer frente a la penalidad económica.

Hubo apelaciones, pero no prosperaron. La sentencia definitiva, la 218, fue emitida por la Suprema Corte de Justicia y leída el 2 de junio del 2010.

¿Recluido en la cárcel de Rafey, en Santiago, se tranquilizó Adriano Román y se dedicó a reformarse para ver si en algún momento podría reintergrarse a la sociedad, sin ser una amenaza contra todo el que pasara por el lado? No. Para Nada.

Justo el 2 de junio del 2010, para combinarlo con su sentencia, se produjo el atentado contra el abogado Jordi Veras, a quien los sicarios contratados por Román -según la confesión del jefe de ellos- le pegaron dos disparos en la cara.

Jordi, un abogado muy joven, adepto a los deportes y con una familia con niños pequeñitos, perdió un ojo y las tres cuartas partes de la visión del otro. El mantenimiento de ese pequeño rango de visión y la recomposición de su mandíbula, necesitaron numerosas intervenciones quirúrgicas especializadas y de alta tecnología, a costos exhorbitantes, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos.

Las pruebas físicas y testimoniales -que incluyen confesiones de sicarios y grabaciones de Román coordinando el crimen, fueron presentadas durante las audiencias reenviadas unas cuatro decenas de veces, durante las que la “defensoría” pública, al servicio del señor Román, recurrió a toda clase de artimañas para prolongar frívola y artificiosamente el juicio, pero el abrumador y contundente resumen final de las mismas, realizado por los fiscales y por el abogado de la parte acusatoria, Lorenzo Fermín, no dejan ninguna dudas de lo que Román amenazaba con demostrar en el 1997: “Quién es Adriano Román en este país”.

Ya Adriano Román ha demostrado quién es él en este país.

Ahora le toca a los jueces, Annelis Torres, José de Asís Burgos y Sergio Furcal, explicarle a la sociedad quién es Adriano Román en este país, cuál es la evaluación de la Justicia al respecto y qué disposiciones están tomando para impedir que con el dinero a su disposición, mantenga la conducta que se le ha soportado, por lo menos, durante 40 años de una historia espantosa. Ellos tienen la palabra.