La esposa del destacado cirujano, Dr. Rafael Estévez Reyes, fue atracada recientemente en Santiago. La Sra. recibió golpes que le fracturaron huesos de la cara. Este comentario del Dr. Estévez es un llamado a la conciencia ciudadana para que comience a movilizarse y presionar por un cambio en el estado calamitoso en que está la justicia dominicana. Ante un sistema de justicia que solo beneficia al delincuente, el Dr. Estévez se pregunta con razón: ¿cómo es posible que las autoridades judiciales reconozcan que si el injertado código procesal penal no funciona no haya ningún esfuerzo inmediato, razonable, serio, para resolverlo?
La indiferencia con que la ciudadanía acoge el acontecer diario en nuestra nación, hay que estudiarla.
La aceptación de la derrota en términos generales con que el pueblo ha optado por vivir, merece cuestionamiento.
Es increíble cómo nos hemos dejado manejar por los hacedores de leyes que benefician abiertamente, sin tapujos, sin rodeos, sin medias tintas, con malicia, alevosía, asechanza y pingües beneficios, a los que diariamente se tiran a la calle a intimidar, asaltar, secuestrar, a matar, para conseguir dinero a costa de la clase trabajadora y honesta del país.
La delincuencia ha llegado al tope de su expresión, con la anuencia y aprobación de las autoridades, en todos sus niveles. Ahora que le ha tocado a mi familia (mi esposa) vivir el drama de un atraco, con golpiza y fractura de huesos, con la suerte de salir viva, hemos tomado conciencia de la realidad, aunque un grupo de beneficiados quiera imponer un criterio supuestamente democrático y avanzado de convivencia en el país, ablandando las leyes de tal modo que el agraviado es quien tiene más posibilidad de salir condenado.
La ciudadanía está indefensa, por cada situación delincuencial denunciada hay cinco que no se reportan; por más que los estamentos policiales, judiciales resuelvan casos, siempre estarán por debajo de la producción de hechos vandálicos.
¿Por qué? Siquiatras, analistas, abogados, politólogos, la gente común, cada uno tiene su explicación y justificación, pero la verdad monda y lironda es que la ciudadanía está temerosa, indefensa, impotente; está acorralada ante el embate aguerrido de los actores del bajo mundo.
Puedo decir que alrededor del 30% de las personas que me llamaron para darnos soporte, han tenido un caso denunciado, pero esta denuncia encontró más obstáculos que aceptación, más dudas que intención de veracidad y sobre todo escepticismo de los que reciben dichas denuncias. Hay que convencerlos de los hechos aun con golpes visibles, heridas, fracturas para motivarlos a aceptarla; hay que confeccionar un expediente tan perfecto que a veces es imposible armarlo en el periodo que la ley establece, para así beneficiar al malhechor, esta denuncia en ocasiones hay que confeccionarla varias veces para que el expediente “no se caiga”.
Pero lo peor es que el otro porciento, que es la mayoría, te aconseja dejar la cosa así para no exponerte a las represalias de los ofendidos, y hacen sus historias de cómo han pasado por la misma situación sin ningún éxito ante los responsables de protegerte y de aplicar las leyes que ellos mismos han hecho.
La Universidad Tecnológica de Santiago ha realizado una especie de seminario sobre la delincuencia, con algunos de los actores responsables de la estabilidad social de la ciudad y sectores interesados; esta institución y sus autoridades alarmados por el auge de la violencia han reunido este grupo de personas para en conjunto buscar una solución a este problema que cada vez es peor, dicen que lo que fue tratado se hará público y que las medidas a tomar serán puestas en vigencia.
Pero hay incongruencias, ¿cómo es posible que las autoridades judiciales reconozcan que si el injertado código procesal penal no funciona no haya ningún esfuerzo inmediato, razonable, serio, para resolverlo? El país necesita un código procesal penal Dominicano, “moderno”, con la idiosincrasia del Dominicano, con las características y el perfil del delincuente Dominicano; o, si es copiar que se quiere, vamos a copiar uno de donde no se tolere la delincuencia, ni a las autoridades venales, ¿o no hay ejemplos de países con una superpoblación y todo el mundo sabe cómo se tratan esos casos?
En nuestro caso hemos contado con la solidaridad de gran parte de la población, de las autoridades policiales, de las autoridades judiciales, de la prensa hablada y escrita, hay uno detenido, pero de esto hace dos semanas y todavía andan sueltos otros participantes, nuestra familia está temerosa, se siente impotente ante tanta burocracia y tecnicismos de ventorrillo y discrepancia entre los actores, que solo alimenta el incremento de los delitos por la meticulosa forma de leer la ley a favor de los delincuentes. Hoy nos ha pasado a nosotros, mañana puede ser a ti y talvez con peor suerte.
¿Qué debemos hacer? Unirnos, exigir un cambio inmediato del estado de cosas que propician estos actos, que el gobierno tome medidas que de alguna forma enfrente este grave mal social; que dé un paso al frente en el cuidado de los contribuyentes, que nos haga ver que es una cosa de alta preocupación, de inmediata solución. Cuando hay un desastre natural se toman medidas rápidas, certeras. Lo que está pasando en el país es de más perentoria atención que cualquiera de los desastres naturales que han pasado.
Exhorto a la ciudadanía a no dejarse amedrentar, insistir en cumplir con los requisitos actuales aunque quiméricos, hasta que la población se subleve y exija con hechos, con cambios sustanciales, con respuestas concretas a la situación o que el gobierno de muestra de solidaridad y actúe con serio interés en la búsqueda de solucionar el problema.
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