Por MICHAEL WARREN y EVA VERGARA
SANTIAGO, Chile (AP) — Los sobrevivientes a los abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet esperan que la visita de fines de marzo del presidente estadounidense Barack Obama derive en la difusión de archivos secretos de la CIA que podrían facilitar el enjuiciamiento de responsables de torturas y asesinatos de izquierdistas.
Dicen asimismo que la visita podría estimular al gobierno chileno a que cumpla su promesa de castigar a los responsables de abusos a los derechos humanos.
En Chile han sido condenadas más figuras asociadas con la represión que en ningún otro país latinoamericano. Estados Unidos ayudó desclasificando documentos relacionados con el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 y la represión que le siguió.
Entre quienes presionan al presidente chileno Sebastián Piñera para que tome medidas concretas en respaldo de las investigaciones independientes de estos crímenes figuran las hijas de dos presidentes cuyas muertes están rodeadas de interrogantes: Salvador Allende, quien se habría suicidado cuando los militares ingresaban al palacio presidencial durante el golpe, y su predecesor Eduardo Frei Montalva, un prominente opositor al gobierno de Pinochet al momento de su muerte, presuntamente envenenado, en 1982.
"Si el gobierno chileno actual tiene interés en conocer la verdad, en saber lo que pasó, (éste) es el momento", dijo Carmen Frei a Radio Cooperativa. "Si hay un cambio tan radical como creemos en la política de derechos humanos de Estados Unidos, es el momento que, pueda recibir los oficios y las peticiones" del juez investigador.
La senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende, dijo que "la justicia tiene una deuda pendiente", que es "reconocer los numerosos delitos cometidos en esa fecha, identificando a quienes participaron, estableciendo sus responsabilidades penales, y conocer toda la verdad de ese día".
"Si bien la familia no tiene dudas respecto a la decisión del presidente Allende de defender con su vida la democracia, es importante que se realicen todas las acciones judiciales que busquen establecer la verdad de todas las muertes y desapariciones desde el 11 de septiembre de 1973", manifestó.
El abogado Eduardo Contreras, activista de los derechos humanos, dijo a la AP que "es absolutamente correcto y justo pedirle al presidente Obama que haga posible la desclasificación de documentos que ayuden a conocer la verdad acerca de la muerte del presidente Allende".
Fuentes oficiales consultadas por la AP dijeron no saber si Piñera tocará el tema cuando se reúna con Obama.
Contreras, que patrocinó a comienzos de mes 403 querellas relacionadas con 566 víctimas, no está del todo convencido de que Allende murió por su propia mano.
Una pesquisa judicial determinó que las muertes de 726 personas identificadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación --incluida la de Allende-- no habían sido investigadas, tras lo cual la justicia intervino a fines de enero y le asignó los casos a Mario Carroza, un experimentado juez investigador.
Otro juez investigador, Alejandro Madrid, sigue reuniendo pruebas luego de acusar el año pasado a seis personas, incluidos médicos y antiguos agentes secretos de Pinochet, de envenenar a Frei Montalva.
Expertos estadounidenses hicieron una búsqueda para rastrear toxinas, pero Washington rechazó varios pedidos de evidencias porque no estaban avalados por los poderes ejecutivos de ambos países, según un informe del 11 de diciembre del 2009 de la embajada estadounidense, difundido hace poco por WikiLeaks.
Un comité senatorial estadounidense concluyó en 1975 que el presidente de Estados Unidos Richard Nixon y su asesor de seguridad nacional Henry Kissinger gastaron millones de dólares desestabilizando la economía socialista de Allende y dirigiendo conspiraciones de figuras militares para derrocarlo.
Muchos documentos sobre este período salieron a la luz como resultado de una campaña de presión liderada por Peter Kornbluh, autor de "Pinochet: Los Archivos Secretos".
Tomado de La Opinión, California.
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