En el comunicado firmado por las entidades agrupadas en la Coalición por una Justicia Transparente e Independiente, también se censura “la forma absolutamente incorrecta utilizada por representantes del gobierno que pretenden acallar desde una función oficial el derecho fundamental a la libre expresión ejercido por el CONEP”.
Se refieren las instituciones firmantes a la declaración del ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, en la que acusa al CONEP de tratar de intimidar al gobierno y de pretender negarle al presidente el “derecho” de observar las leyes.
“Desde el gobierno se ha pretendido distorsionar la preocupación expresada por el CONEP, que en ningún momento cuestiona la facultad que posee el Presidente de la República a observar las leyes, pero si criticó, con absoluta razón, que esta facultad se ejerza irrespetando de manera clara las disposiciones constitucionales, interpretando según su conveniencia las condiciones para ser juez del Tribunal Constitucional que figura en la Constitución, y propugnando la aprobación de leyes orgánicas por mayoría de la mitad más uno de los presentes en cada cámara, cuando la Constitución dispone que este tipo de leyes deben ser aprobadas o modificadas por las dos terceras partes de los presentes en cada cámara”, afirman las instituciones.
Aludiendo a la reunión sostenida en la noche del miércoles por el presidente Leonel Fernández con juristas y directores de medios escritos para “explicarles” el proceso que desembocó en la aprobación inconstitucional de las observaciones a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, las instituciones dicen en el comunicado que los resultados del evento deben hacer reflexionar al mandatario.
Destacan que juristas independientes como Juan Manuel Pellerano Gómez, al que califican de “padre del Derecho Constitucional” dominicano, fueron categóricos es “absolutamente clara” en la necesidad de las dos terceras partes para la aprobación o modificación de las leyes orgánicas, “con o sin observación presidencial”.
“De consolidarse el inconstitucional precedente que se pretende, las mayorías calificadas que requiere la Constitución para la aprobación por parte del Congreso de las leyes de protección de las áreas protegidas, para el régimen de la moneda y de la banca y para las leyes orgánicas, serían inútiles ya que podrían ser eliminadas por la simple voluntad presidencial, violentando la finalidad por las cuales fueron establecidas, reduciendo a la nada el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que debe existir en el país”, termina el comunicado.
A la Coalición por una Justicia Transparente e Independiente pertenecen, entre otras entidades, la Asociación Nacional del Jóvenes Empresarios (ANJE), Participación Ciudadana, el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Política, Fundación Institucionalidad y Justicia y la Fundación Democracia y Libre Empresa.
7dias.com.do
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