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El aborto es, definitivamente, un tema que enciende pasiones, y por lo visto no solo entre católicos, evangélicos, feministas y organizaciones que luchan a brazo partido por los derechos de las mujeres, sino entre gente que debería mantenerse, por razones obvias, al margen de ese debate, aunque solo sea para guardar ciertas formas. ¿O no nos merecemos ni siquiera eso?
Es el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, quien en su condición debería ser el primer interesado en parecer preocupado por honrar la expresión de que los jueces solo hablan por sentencias. Sus declaraciones sobre su desacuerdo con las observaciones al Código Penal que hizo el presidente Danilo Medina son –para decir lo menos– imprudentes y poco afortunadas. ”Con la propuesta del Presidente ahora se legitima el aborto en determinadas circunstancias y esa posición ha sido rebatida por la Iglesia, por lo que mi particular posición es que se promulgue el Código como fue aprobado”.
Se podría argumentar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha hecho legítimo uso de su “particular posición”, es decir de su derecho a opinar librememente como ciudadano al que no se le puede prohibir que se exprese sin violentar las normas más elementales de la vida en democracia.
Pero vale recordar que desde el momento que el doctor Mariano Germán Mejía se juramentó en el cargo dejó de ser un ciudadano común y corriente, por lo que no puede desdoblarse, cada vez que lo crea conveniente, para opinar de lo que quiera y cuando quiera, sobre todo en materia contenciosa, pues dejaría de ser el juez imparcial, que solo habla a través de sentencias apegadas a la ley y al derecho, que exige su investidura.
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