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Los legisladores están actuando como elefante en cristalería. No hay conquista institucional y democrática que no intenten –o hayan logrado ya— hacer añicos. Como divisa, la frase “el poder es para usarlo”, y la democracia que se vaya a paseo. Fuera de este ejercicio perverso, todo lo demás es retórica hipócrita.
La modificación del Código Procesal Penal es prueba fehaciente. Prevalecidos en su poder, los congresistas introdujeron modificaciones que van más allá de la salvaguardia de los corruptos. Otros artículos reformados, al decir de juristas y entendidos, también laceran profundamente derechos constitucionales.
Quizá porque su peligrosidad es palmaria, la eliminación del artículo 85, que otorgaba al ciudadano la prerrogativa de querellarse contra los funcionarios, ha tocado fibras sensibles de sectores sociales que ven en ella la conculcación de un derecho de ciudadanía irrenunciable.
Y no andan descaminados cuando prevén que el objetivo no es otro que eximir a gente que, en un país menos permisivo, estuviera tras las rejas tiempo ha. No por azar, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, contra quien el ciudadano Freddy Aguasvivas presentó querella, pidió a finales de 2013 al Tribunal Constitucional declarar contrario a la Carta Magna el artículo 85 del Código Procesal Penal ahora suprimido por los congresistas. Dios los cría…
El 28 de septiembre de 2011, el entonces candidato Danilo Medina afirmó enfático que el primer funcionario de un gobierno suyo que fuera acusado de corrupción por el rumor público y no ofreciera explicaciones plausibles, sería separado del cargo. El segundo correría peor suerte: la destitución vendría acompañada de la acusación y el sometimiento a la justicia.
Ahora tiene Medina la oportunidad de demostrar si sostiene su palabra. En sus manos está preservar el derecho ciudadano de querellarse contra aquellos a los que la confabulación entre pares ha librado hasta hoy de saldar sus astronómicas deudas con la sociedad.
No observar el Código Procesal Penal, como lo reclama buena parte de la sociedad, es contribuir con el propósito de quienes han hecho de la política y el cargo público una invaluable oportunidad de negocios y acumulación de capital, sustrayéndole al pueblo lo que le pertenece.
En la manifestación celebrada este sábado 5 en el parque Independencia, una participante portaba un elocuente cartel: “El peor agravio causado por el PLD ha sido el daño moral”.
Ojalá Medina decida librarse esta vez de las salpicaduras.
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