Por Rosario Espinal
La garata que generó la observada Ley de Salarios fue digna de contemplación con perplejidad. Por largo tiempo se ha dicho que en el Estado Dominicano hay ineficiencia, derroche de recursos, malgasto, muchas botellas, y que los salarios varían de institución en institución sin razones válidas que expliquen la discrepancia.
El proyecto de Ley de Salarios provino del Ministerio de Administración Pública, después de análisis y supuestos acuerdos, así que era de asumirse que la pieza sería aprobada a pesar del forcejeo.
Pero no. Los afectados sacaron dientes y uñas en defensa de sus beneficios. Utilizaron diversos argumentos en comunicados y declaraciones, desde la autonomía constitucional hasta pagar bien para no robar.
Los principales opositores a la propuesta Ley de Salarios fueron los mismos que han adquirido una posición privilegiada en la administración pública: Banco Central, Superintendencia de Bancos, Dirección General de Impuestos Internos, entre otros.
Fue tal la garata en las últimas semanas del gobierno de Leonel Fernández, que el Presidente del Tribunal Constitucional criticó la propuesta ley, violando el protocolo de su investidura que le impide hablar libremente al público ante un asunto que puede llegar a su instancia.
Se sabe que en el Estado Dominicano hay paraísos terrenales. Instituciones donde se respira modernidad burocrática, son altos los salarios, hay buenos beneficios, se trabaja con aire acondicionado, y hay papel higiénico en los baños. Esta es la aristocracia de la administración pública, mientras la mayoría de las oficinas carecen de tales condiciones.
Sin duda, un Banco Central fuerte e independiente es fundamental para la estabilidad económica. Pero ojo: ¿son los recursos del Banco Central privados? Ante la crisis financiera de 2003-2004, ¿quién pagó por los platos rotos que en gran medida fue producto de la inadecuada supervisión bancaria? Pagó el pueblo dominicano con inflación, devaluación, pobreza y aumento de impuestos.
Si se argumenta como hicieron algunos que un técnico del Banco Central debe ganar bien porque ha sido capacitado para sus funciones, ¿no debería decirse lo mismo de los maestros, los médicos o los policías?
Las Altas Cortes, ah sí, necesitan independencia para emitir sus sentencias con objetividad, apego a la ley, y en base a las evidencias. ¿Pero quiere decir esto que pueden establecer salarios a su antojo?
¿Y el Congreso? Hace las leyes y se considera inmune a todo lo que no le gusta.
Una cosa es la independencia para realizar las funciones, y otra es contar con un esquema general de salarios racional y justo en la administración pública.
Todas las instituciones del Estado reciben sus recursos del Presupuesto Nacional, por tanto, la supuesta autonomía financiera que contempla la Constitución para algunas entidades es una falacia.
Si la Ley de Salarios no puede incluir ni al Poder Legislativo, ni a la Suprema Corte de Justicia, ni al Tribunal Constitucional, ni a la Junta Central Electoral, ni al Tribunal Superior Electoral, ni a la Cámara de Cuentas, ni al Banco Central, ni a la Superintendencia de Bancos, ni a INDOTEL, ni a la Dirección General de Impuestos Internos, entonces que no se apruebe.
El Estado Dominicano no debe seguir dividido entre aristócratas y plebeyos como está ahora. ¿Para qué aprobar una ley que mantenga la misma división?
En este país, donde tantos quieren vivir con sueldos altos, yipeta, gastos de representación y jugosas pensiones (todo a costa del pueblo), sucede con frecuencia que cualquier intento de organizar la administración pública se vuelve un tollo.
Así sucedió con la propuesta Ley de Salarios que, en la víspera del cambio de gobierno, fue tirada al zafacón legislativo.
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