Tengo una hija discapacitada físicamente y si hubiera sabido de su condición antes de que naciera, igual la hubiese tenido, pues no creo que ese sea motivo para tronchar una vida inocente.
Pero esa es una decisión muy personal porque su crianza y cuidados es responsabilidad mía y de su madre, no de las iglesias ni los diputados que pretender regir la vida y decisiones de los demás.
El tema del aborto crea mucho revuelo por sus implicaciones, pero hasta Dios dotó al hombre y a la mujer del libre albedrío para que tomen sus decisiones de acuerdo a su consciencia.
La prohibición del aborto terapéutico no va a disminuir la cifra de los mismos, pero va a incrementar las muertes a consecuencia de los métodos poco profesionales a que se someterán las mujeres pobres.
Y digo las pobres porque esos que pretenden imponer la prohibición del aborto son los primeros que en situaciones de riesgos, violación o deformación de la criatura, llevarían a sus parientes a realizarlos fuera del país.
Las decisiones sobre salud y educación conciernen a la persona y al Estado cuya Constitución en su artículo 37 consagra el derecho a la vida, no sólo de la criatura en formación sino también de la mujer que lo incuba.
El artículo 42 garantiza la integridad personal, que incluye la física, psíquica y moral, y esa prerrogativa es la que pretenden vulnerar las iglesias y los diputados desconociendo los derechos humanos de nuestras mujeres.
El presidente Danilo Medina y el Senado de la República tienen una gran responsabilidad en sus manos y confiamos en que sabrán acoger las sugerencias de la ONU y de los sectores más sensatos del país.
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