Por Fernando Rodríguez Céspedes
La República Dominicana, país que ha dado muestras de coraje enfrentándose a potencias mundiales como Francia, España y Estados Unidos por su libertad y soberanía, no podía adoptar una posición distinta a la asumida frente a las imprudentes declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro Lemes, en torno al impasse con Haití.
La firme posición del gobierno, a través de la Cancillería, y la espontánea solidaridad de los distintos sectores de la población, sin distingo de banderías políticas, constituyeron la mayor demostración de la unidad del pueblo ante situaciones que puedan poner en cuestionamiento su derecho a la autodeterminación.
Nuestra actitud ante las expresiones de Almagro sugiriendo que no debían existir dos países en una misma isla, lo llevaron a tratar de cambiar su discurso, pero de nada sirvieron sus excusas ante el enorme movimiento de opinión pública que se originó en el país y en el exterior contra sus malintencionadas declaraciones.
La firme posición del gobierno obligó a la comisión de la OEA a ceñirse a la verdad de los hechos y a desestimar las falsas denuncias de las autoridades haitianas quienes pretendieron tapar sus deficiencias e irresponsabilidad ante su pueblo, acusando al país de racista y de llevar a cabo una deportación masiva contra los ilegales del vecino país.
Desenmascarada la farsa haitiana con el informe de la OEA, la República Dominicana vuelve a crecerse cuando proclama que no ha pedido ni necesita la mediación del organismo para reiniciar el diálogo con Haití y reclama, con todo su derecho, que la vecina nación cambie de actitud para retomar las conversaciones.
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