Al centro Roberto Álvarez, coordinador de PC
SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) definió como “extremadamente grave” la denuncia de que el estatal Banco de Reservas (Banreservas) otorgara un préstamo de 15 millones de dólares (585 millones de pesos) al presidente del principal partido de oposición sin respetar las normas prudenciales que rigen el sistema financiero nacional.
Para el organismo de la sociedad civil los detalles de la operación, aprobada a cinco meses de las elecciones presidenciales de mayo del 2012, “revelan su clara intención política no solo debido a la cercanía de las elecciones sino sobre todo debido a las manifiestas irregularidades que entrañaba”.
Se refiere a la denuncia hecha por un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), encabezados por la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, sobre el mecanismo de endeudamiento expedito e irregular utilizado por Miguel Vargas Maldonado, presidente de la organización política, suponiendo esto, una compensación para que no se sumara a la campaña electoral del candidato de su partido, el expresidente Hipólito Mejía.
“Las irregularidades cometidas en el otorgamiento del préstamo, su importante monto y la fecha en que este fue concedido, generan suspicacias sobre su verdadera motivación y su posible vinculación con el relativamente reñido certamen electoral de mayo de 2012, en el cual el partido de gobierno fue ya, de por sí, beneficiado por un uso desmedido de los recursos del Estado”, plantea PC en la nota.
Haciendo referencia a los documentos expuestos por los dirigentes perredeístas, PC explica que los técnicos de Banreservas clasificaron el préstamo como D, lo que de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria implica que se trataba de un caso de “difícil cobro”, e implicaba que la entidad bancaria debía “provisionar” el 60% de su valor.
“De esta manera, además del desembolso por 15 millones de dólares que realizó, el Banco debía provisionar otros US$9 millones adicionales, que debía deducir de su patrimonio para fines de determinar su solvencia. En consecuencia, se trata de un préstamo que no generaba beneficios para el Banco y que en condiciones normales ningún banco hubiese aprobado”, sostiene tal como lo establecieron los denunciantes.
El movimiento cívico piensa que igualmente se violentó una serie de normas prudenciales, desde aceptar garantías inmobiliarias que no reunían las condiciones (y por tal razón la Comisión de Valuación del Banco dejó sin efecto sus tasaciones), hasta otorgar un préstamo en dólares a una entidad que no generaba divisas.
“El contrato revela igualmente un trato privilegiado pues se otorgó un plazo de gracia de dos años para el pago del capital a una empresa y su propietario que no eran clientes regulares del Banco”, destaca.
Participación Ciudadana considera que tanto los miembros del Consejo de Directores de Banreservas que aprobaron la operación, incluyendo al exadministrador general, Vicente Bengoa, como el exsuperintendente de Bancos, Haivanjoe Ng Cortiñas, cometieron faltas “inexcusables” a sus responsabilidades, “mientras que el deudor incurrió en una conducta claramente reñida con la ética y la moral”.
Sugiere que el actual superintendente de Bancos, Rafael Camilo, disponga la realización de una inspección a esta operación y rendir un informe completo al país tanto de las irregularidades incurridas en el otorgamiento del préstamo como de su estatus actual, así como iniciar el “proceso sancionador administrativo” que corresponda.
La entidad cívica considera que el tema trasciende el caso de Vargas Maldonado, “pues no cabe duda de que existen antecedentes en prácticamente todos los gobiernos de todos los partidos del mal uso del banco estatal, como ocurrió recientemente cuando en la campaña electoral pasada dicho banco otorgó préstamos para concluir obras públicas sin someterse al mandato constitucional de aprobación congresual, que tuvo que ser suplido posteriormente con una ley para regularizar esta situación”.
“Es hora ya de que cese el uso político del Banco de Reservas”, proclama finalmente Participación Ciudadana.
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