El pueblo de Guatemala está librando una ardua lucha contra la corrupción de un Gobierno señalado culpable de encabezar una red corrupta contra el Estado y el pueblo de ese país centroamericano a través de las aduanas. En la última jornada de esa lucha contra el presidente Pérez Molina, la Justicia decidió dictar orden de arraigo prohibiendo la salida del inculpado, mientras que el Congreso aprobó retirarle la inmunidad con lo que se podrá someter a la Justicia al Presidente.
La grave situación guatemalteca es un caso de reacción soberana del pueblo empoderado contra un Gobierno que ha traicionado la legitimidad otorgada a través de las elecciones delegando su poder soberano en un partido y en un Presidente con la encomienda de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de esa República, respetando la institucionalidad democrática. La traición a esa encomienda ha despertado la movilización del pueblo guatemalteco, de tal manera que prácticamente se le ha quitado al presidente Pérez Molina su potestad hasta el punto de tener que enfrentar un juicio que podría enviarlo a la cárcel de aquel país centroamericano.
El ejemplo debe servir de referencia no solo para los demás países de la región, sino también para un país como el nuestro, que a diferencia del guatemalteco aún permanece pasivo y enajenado, pese a que los actos de corrupción auspiciados por nuestros gobernantes de las últimas décadas, han superado en cuantía y descaro a los hechos que se les imputan a los gobernantes de Guatemala. En nuestro país, la corrupción y la impunidad les han dado a nuestros gobernantes un manto de protección, luego de que los mismos han logrado contar con el control de todos los estamentos de sanción del Estado, a través del montaje de una gobernanza dominada por el clientelismo patrimonialista, que les ha permitido comprar la conciencia colectiva de la población, así como su indiferencia e indolencia.
Sin embargo, ante la corrupción y la impunidad, Guatemala nos ofrece el camino que han de seguir nuestros pueblos dentro del marco de la libertad y la democracia, para liberarnos de los gobernantes corruptos y traidores de la ética y la institucionalidad democrática. El empoderamiento colectivo contra la corrupción y la impunidad debe ser seguido por la movilización firme de la población para sancionar a los corruptos y fortalecer así la institucionalidad democrática pisoteada por los gobernantes como en los viejos tiempos de la dictadura.
¡Así, pues, la fórmula es empoderamiento y movilización!
Otro negativo mensaje
Otro ejemplo que deja un mal mensaje ha sido el traslado de la dotación de la AMET de Puerto Plata, luego del feo y degradante espectáculo que montara un exdiputado y presidente del partido de Gobierno en esa localidad del Norte. La decisión echa por el suelo la institucionalidad y la propia autoridad, que es convertida en sierva de la crápula política que ha asaltado las instituciones del Estado a través de la partidocracia clientelar y vulgar.
¡Qué penosa confirmación!
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