Enero 12 del 2015
Lugar: Frente a la Suprema Corte; carril derecho subiendo
Hora: 10:00am
En la lucha por lograr que la administración de los recursos públicos esté dirigida a la satisfacción de las necesidades comunes, sin la distorsión de prácticas reñidas con la ley y los principios éticos, el año 2014 recién concluido no ha sido un año perdido.
Si bien los casos más señalados por la prensa o el rumor público como ejemplos de corrupción en el manejo de los fondos públicos todavía no han sido juzgados y sancionados por un tribunal competente, la presión social y de la opinión pública, la iniciativa de organizaciones ciudadanas, la expresión de rechazo a la corrupción por parte de representantes de los más diversos sectores sociales y económicos, determinaron que el Ministerio Público abriera los procesos judiciales correspondientes, aportando evidencias y pruebas de prácticas dolosas.
No obstante, quienes estamos convencidos de que la impunidad y la corrupción deben ser erradicadas como prácticas en la sociedad dominicana, hemos visto con alarma que la composición de las Altas Cortes, formada por personas cuya filiación partidaria y cercanía al liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, constituye un obstáculo al saneamiento de nuestra administración pública. Esta filiación genera una situación de desconfianza que ha sido reforzada por decisiones adoptadas por ese Poder Judicial en relación con varios de los casos iniciados contra aquellos funcionarios a quienes el rumor público sindica como corruptos y que exhiben una riqueza imposible de explicar sin recurrir al delito y al crimen.
Frente a este panorama de inseguridad judicial, de vulneración del derecho de la sociedad a la tutela judicial efectiva de los preceptos legales destinados a garantizar el manejo idóneo de los recursos fiscales, ha crecido la actitud de exigir a los tribunales y al ministerio público poner fin a la a la impunidad.
Podemos afirmar que 2014 ha sido el año de la incorporación de cada vez más personas a una lucha activa contra la impunidad. Los colectivos y personas actuando de manera expresa, movilizándose, pronunciándose y apoyando las acciones contra la impunidad y la corrupción se han multiplicado. La sociedad dominicana empieza a comprender que existe una relación íntima entre la impunidad y las carencias en salud, educación, vivienda, energía, seguridad ciudadana y otros servicios a los que todas y todos tenemos derechos. Los factores que atentan contra el derecho de la sociedad a una justicia que represente el interés de la sociedad y no el de adhesiones políticas y personales requieren que entre todas estas entidades y personas se estructuren poderosas redes que den sustentación a un amplio y profundo movimiento social que ponga un punto final, un basta ya al clima de apropiación perversa de los recursos del Estado.
En consecuencia, desde esta fecha y este lugar simbólico anunciamos al país que las organizaciones y personas que hemos venido enfrentando la impunidad pasaremos a una nueva etapa en la que incrementaremos la presión sobre quienes tienen la responsabilidad de enfrentar estos males, y coordinaremos esfuerzos a fin de extender el rechazo social a la impunidad y la corrupción. Que los corruptos no tengan paz, que no tengan nido!!!
Trabajaremos para lograr un amplio y profundo acuerdo político y social contra la impunidad, en el que los actores del sector político, del sector económico, del sector laboral y del sector social, nos comprometamos alrededor de unos principios y un protocolo que garantice la idoneidad y la decencia en la administración de los bienes públicos.
Al iniciar este año 2015 los hombres y las mujeres aquí representados asumimos este compromiso seguros de estar trabajando a favor de los mejores intereses del pueblo dominicano.
¡No a la corrupción!
¡No a la impunidad!
¡Que viva la República Dominicana!
Santo Domingo, D.N., 12 de enero 2015
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