La pregunta que debemos hacernos es, ¿para qué sirve un diputado, si la mayoría son analfabetas? Lo único que sí sabemos es que salen ricos de esos puestos donde tienen licencia para robar. No nos hagamos ilusiones con la cabronada de la democracia representativa y la justicia en RD. Tenemos que comenzar a hacernos justicia con nuestras propias manos.YOUMETHEMUS.
(susipola@gmail.com)
La semana pasada, con la aprobación de de los 390,845 millones de pesos, sancionados ya por el Senado para el presupuesto nacional del 2011, los diputados y diputadas de la nación, traicionaron a la niñez dominicana que seguirá sumida en el sistema de educación más atrasado de América Latina y más allá.
Hay que buscar la lista de los 99 diputados peledeistas y reformistas, desenmascarar su desamor por el pueblo que dicen representar y su canchanchanería politiquera, poner la lista en la puerta de todas las escuelas dominicanas para que niños y niñas, graben sus nombres y terminen después de estos seis años, con sus “carreras políticas”.
La ciudadanía, debajo de la sombrilla amarilla del 4%, acaba de entender que tenemos que bregar con un ejecutivo insensible a los verdaderos problemas sociales, un congreso apañado por la política interesada y distorsionada y una justicia maniatada también por ella, y si no reaccionamos con datos y acciones para la conciencia ciudadana, no iremos muy lejos.
¡Ilusas las mujeres que soñamos con presupuestos que apoyen la erradicación de las violentas prácticas machistas que a la fecha, han matado a más de doscientas dominicanas! Si un tema tan convocador como el de la suerte de la niñez y la adolescencia, no conmueve, poco hay que esperar de un parlamento ocupado por un buen número de hombres agresores, anónimos por la fuerza de la doble moral.
Esas 99 personas no solo negaron incluir el 4% del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, también borraron el efecto jurídico legal de las normas, al desconocer la Ley General de Educación, No. 66-97, y eso es bien peligroso para un país abismado por las prácticas de acomodar la legalidad a las fechorías de los poderes. Primero fue el poder ejecutivo, luego el Senado, después la justicia y ahora los diputados, todos a una se prestaron para el golpe.
La Coalición Educación Digna –que es del pueblo y no de los partidos políticos- debe someter el recurso de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia, e ir hasta donde sea necesario, aunque solo sea para desenmascarar al poder dominicano con sordera selectiva y mantener un expediente abierto a la ciudadanía, para el presente y el futuro del país.
Como recomendación, y una vez borrado el 4% del artículo 197, de la ley 66-97, aprovechen y anulen: los principios de la educación en R. Dominicana, artículo 4; los fines en que se sustenta, artículo 5; y los propósitos a procurar, del artículo 6 para que esto se cumpla, porque ahora es que luce fea esta ley General de Educación, huérfana y sin dolientes en los puestos de mando.
21 Diciembre 2010
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