Por Fernando Rodríguez Céspedes
La violencia que padecemos es multifactorial y uno de los elementos que más influye en la misma es la inequidad en la distribución del crecimiento económico que ha experimentado el país llegando, de acuerdo al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, al siete por ciento, el más alto de América Latina.
El influyente funcionario, quien en más de una ocasión ha abogado públicamente por un aumento general de salarios, recuerda que el costo de la canasta básica del quintil número uno, que corresponde al grupo de menores ingresos, es de 13 mil pesos y que el salario promedio de los servidores públicos es de 7,500 pesos.
Asimismo, el salario mínimo del sector público es de 5,175 pesos y el de las grandes empresas, 12,873 pesos, lo que sumado al alza de los precios de los productos de primera necesidad, crea una situación desesperante para los pobres quienes tienen que "buscársela", para poder cubrir el déficit permanente que padecen.
Por eso Valdez Albizu ha reiterado públicamente, aunque según él lo han mandado a callar, la urgente necesidad de que el gobierno redistribuya parte de las riquezas que produce la economía a través de un alza general de salarios que además de agilizar el comercio, garantizaría más paz social y menos delincuencia.
A esta medida, justa, necesaria y demandada por la clase trabajadora, habría que sumarle un eficiente mecanismo de control de precios a fin de garantizar que el aumento no se quede en manos de los especuladores de siempre quienes en el pasado diciembre, hicieron su agosto subiendo el pollo y los principales artículos de la canasta familiar.
Con el crecimiento económico sostenido del país y las proyecciones de mejoramiento para este 2016, Danilo Medina se ve ante el ineludible reto de propiciar un aumento general de salario en los sectores público y privado, lo que mejoraría la calidad de vida del pueblo, amén de los beneficios electorales que recibiría, justo en un año en el que busca la reelección presidencial.
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