La salida ilegal del país de los pilotos franceses, Pascal Fauret y Bruno Odos y el pavoneo de estos en París, es un acontecimiento que, además de lesionar nuestra imagen como nación, pone en evidencia la vulnerabilidad de nuestra seguridad nacional e ineficacia de la justicia.
Lo primero que hay que preguntar es: ¿Dónde estaban los altos funcionarios de la justicia, como el Procurador General de la República y el Presidente de la Suprema Corte, cuando la jueza, Elka Reyes Olivo varió la medida de coerción de los convictos por una libertad condicional?
¿Por qué no se apeló la decisión de una jueza con antecedentes de “manos suaves” con los expedientes de narcotráfico, como fue el caso de la línea aérea Caribair, donde ordenó la libertad de 10 implicados en un grueso expediente de drogas a cambio de una garantía económica de 30 mil pesos?
La decisión de liberar a los condenados en lo que se conocía la apelación de la sentencia, debió mover a sospecha por la condición de extranjeros, la falta de arraigo en el país y la naturaleza de la profesión y recursos de los mismos, dado el volumen de la operación abortada.
Ahora vienen los lamentos, los golpes en el pecho y el anuncio sobre lo que piensan hacer nuestras autoridades burladas, frente a un gobierno que no tiene tradición de entregar a sus ciudadanos en extradición y cuyo vocero, Stephane Lie Foull, ya anticipó que los pilotos no serán extraditados al país.
Ante este panorama, poco se puede esperar y lo más deplorable es el mensaje negativo que se envía a la sociedad y al mundo. Esperamos que por lo menos los cómplices dominicanos de esta maniobra mafiosa sean llevados a la justicia y que el hecho sirva para extremar la vigilancia a los delincuentes favorecidos con libertad condicional.
Aunque a decir verdad, no nos hacemos muchas ilusiones.
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