República Dominicana ha sido despojada de voz y voto en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) por una deuda acumulada con ese organismo internacional por más de cuatro millones de dólares, según comunicó el embajador Federico Cuello, quien ha pedido al Gobierno abonar US$ 1.5 para poder recuperar el habla y el derecho al sufragio.
Por esa razón, la nación figura en una lista de Estados de África y del Caribe Inglés que han sido virtualmente despojados de sus sillas en la sede del más importante foro mundial, lo que constituye un motivo de vergüenza para las autoridades de un país que se dice entre los de mayor crecimiento económico del continente.
Aunque con el adelanto de 369 mil dólares, Santo Domingo recobraría derecho a voz y voto, el embajador Cuello ha sugerido endosar a la ONU un cheque por un millón 500 mil dólares para que al vencerse la próxima cuota no sea literalmente desalojado u obligado a hacer el papel del mudo.
El Gobierno está compelido a explicar el porqué de ese imperdonable descuido a causa del cual el país figura en una lista de morosos que merodean los pasillos de la ONU sin poder decir esta boca es mía.
No hace mucho, el presidente Leonel Fernández se dirigió a la Asamblea General de la ONU, desde donde llamó la atención por la extendida especulación financiera y bursátil, que considera la causa principal de la crisis económica mundial, sin llegar a prever que a menos que el Gobierno pague la deuda atrasada no podría usar de nuevo ese podio.
El Gobierno de una nación, de la que se dice experimentó un crecimiento del 7.5 por ciento en su PIB, no tendría forma de justificar que por morosidad haya perdido el derecho de opinar y votar en el principal escenario de diálogo de la comunidad internacional.
En este momento, a causa de una deuda de más de cuatro millones de dólares, República Dominicana está inhabilitada para abordar en la ONU temas referentes a la crisis haitiana o siquiera poder defender en ese foro el proclamado derecho a deportar indocumentados.
Se tendrá que hilar fino para poder justificar la afrenta que constituye la pérdida del derecho a la palabra y al sufragio que ha sufrido el país en Naciones Unidas por -hay que repetirlo- el imperdonable descuido de no pagar a tiempo la cuota de membresía.
El Ministerio de Hacienda, no la Cancillería, tiene la palabra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
galley472@yahoo.com