Por Guillermo Moreno
alianzard@gmail.com
Siempre supimos que la lucha contra la corrupción y los corruptos sería difícil.
Siempre supimos que los corruptos iban a utilizar su poder económico, su capacidad de traficar con influencias y su falta de escrúpulos para comprar conciencias y salirse con las suyas.
Por eso no nos sorprende la sentencia del Juez Ramón Hiciano Berroa ratificando el archivo de la querella, más bien nos confirma la podredumbre institucional que vive el país, la falta de independencia y vulnerabilidad del poder judicial, fruto en gran medida de la corrupción.
No hay un sólo dominicano o dominicana decente que no sepa que Leonel Fernández cometió graves actos de corrupción administrativa en sus tres periodos de gobierno.
No hay una sola persona con convicciones democráticas que no se dé cuenta que Leonel Fernández creó la Funglode como instrumento para captar recursos de contratistas que le pagaban comisiones o compartían beneficios de obras públicas que construían.
Pero la Fiscal del DN, Yeni Berenice, y ahora el juez Ramón Hiciano Berroa, quieren hacernos creer que estas actuaciones del expresidente no son violatorias de la ley y por tanto están permitidas estás formas de enriquecimiento ilícito.
La Fiscal del DN, y ahora el Juez Ramón Hiciano Berroa están autorizando con sus decisiones que los funcionarios, los ministros, el jefe del Estado, creen fundaciones, y escudándose en la personalidad jurídica de éstas, reciban aportes del presupuesto nacional y le exijan a los constructores de obras del Estado aportes en dinero.
Afirmo que no es ley lo que falta para sancionar estos actos de corrupción. Lo que falta es Ministerio Público y Jueces con la independencia, el compromiso y las convicciones de sancionar la corrupción y cerrarle el paso al estado generalizado de impunidad que vive el país.
Ese es el drama que en este presente vive y padece la sociedad dominicana. El expresidente de la república, con el concurso de su partido político, tiene secuestrada las instituciones del Estado, la justicia, el Ministerio público para garantizarse la más absoluta impunidad.
Pero sépanlo de una vez señores corruptos: No le vamos a dejar el país a los inmorales.
Esta decisión abominable del juez Ramón Hiciano Berroa nos ratifica aun más en nuestra determinación de continuar la lucha emprendida contra la corrupción y la impunidad.
Anunciamos que agotaremos todas las vías institucionales que nos brinda la ley en nuestro reclamo de justicia y por eso, en el plazo de ley, apelaremos la decisión evacuada por el juez Ramón Hiciano Berroa.
La irresponbilidad del Ministerio Público o de un juez nunca será excusa para que nosotros no cumplamos con nuestras responsabilidades y deberes.
Conocemos que en los momentos más oscuros de nuestra historia, siempre hubo jueces y fiscales que dignificaron sus funciones.
Esa es y seguirá siendo nuestra esperanza.
La corrupción nos empobrece a todos, fractura la legalidad, debilita las instituciones y lo que es peor, socaba los valores morales y democráticos de la sociedad.
Por eso no es exagerado decir: O acabamos con la corrupción y la impunidad, o se hunde la república.
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