Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) en Washington, D.C.
Introducción
Cuando los presidentes progresistas de América Latina observaban la campaña presidencial de Barack Obama en 2008, pensaron que quizás por fin habría un presidente estadounidense que cambiaría la política exterior de Washington hacia la región. Parecía que llegaba otra sublevación electoral en el hemisferio occidental, igual a la que llevó al poder a Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, y Tabaré Vásquez. Antes de la elección de Obama, el presidente Lula da Silva de Brasil expresó este sentimiento: (1) “De la misma forma que Brasil eligió a un obrero metalúrgico, Bolivia eligió a un indígena, Venezuela eligió a Chávez, y Paraguay un obispo, creo que sería un avance extraordinario si en la economía más grande del mundo un hombre negro fuera electo".
En un sentido, el cambio electoral se debió a causas similares en el hemisferio. América Latina osciló hacia la izquierda en gran parte por el fracaso del neoliberalismo: entre 1980-2000 (2), experimentó el peor rendimiento económico desde hace más de un siglo. Más de una generación de latinoamericanos había perdido la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. En el caso de Estados Unidos no fue tanto por el bajo crecimiento económico (aunque el producto interno bruto per cápita sí se redujo considerablemente durante la época neoliberal (3)), sino por el aumento enorme de la desigualdad y, por supuesto, la peor recesión desde la Gran Depresión que al final motivaron a los votantes a exigir un fin al movimiento del país hacia la derecha que había durado cuatro décadas.(4)
En abril de 2009, pocos meses después de asumir el cargo, Obama parecía ilusionar a América Latina en la Cumbre de las Américas en Trinidad.
Comportándose como el organizador comunitario que era, Obama se acercó a Chávez para estrecharle la mano – una imagen que se difundió inmediatamente por el mundo y enfureció a la derecha. Obama hizo declaraciones sin precedentes para un presidente de Estados Unidos, reconociendo que “a veces intentábamos imponer nuestras condiciones”.(5)
Hasta impresionó a Raúl Castro. Cuando Obama redujo las restricciones de viajes y remesas (sólo para los cubano-americanos), Castro respondió diciendo que estaba dispuesto a dialogar sobre “derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos, todo.” Agregó, “Podemos estar equivocados, lo admitimos, somos humanos.” (6)
Pero estos líderes no tardaron mucho en desilusionarse. El 28 de junio las fuerzas armadas hondureñas derrocaron al gobierno del Presidente Manuel Zelaya de Honduras y expulsaron a Zelaya del país en un avión. En los siguientes seis meses, la administración de Obama hizo todo lo posible para garantizar el éxito del gobierno golpista, espantando a Brasil y a todos los demás que esperaban algo diferente. El día que ocurrió el golpe, la Casa Blanca no lo condenó, sino que hizo un llamamiento a “todos los actores políticos y sociales en Honduras” (7) para que respetaran la democracia. Eso no fue una sorpresa, dado que las autoridades estadounidenses habían estado consultando con los militares hondureños hasta el mismo día del golpe – según ellos, para disuadirles. El golpe no llegó de sorpresa y nadie fue despedido por la declaración de la Casa Blanca, por lo tanto hay que suponer que fue una declaración cuidadosamente preparada, y que fue la declaración más solidaria posible con los golpistas, ya que el gobierno no podía apoyar el golpe abiertamente, por razones políticas. Así que era una señal clara a la comunidad diplomática internacional que Washington apoyaba el golpe, y todo que iba a pasar en los siguientes seis meses fue previsible y previsto.
La Secretaria de Estado Hillary Clinton envió otra señal un día tras el golpe cuando se le hizo la pregunta si “la restauración del orden constitucional” en Honduras implicaría el retorno de Zelaya a la presidencia. Ella se negó a decir que sí. (8) Cuando el Presidente Zelaya intentó volver a Honduras el 24 de julio, Clinton denunció esta acción como “temeraria” y agregó, “Hemos instado de manera constante que todos los interesados eviten acciones provocativas que podrían ocasionar la violencia". (9)
Durante al menos cinco meses, la administración de Obama se negó a condenar las violaciones masivas de derechos humanos cometidas por el régimen golpista, a pesar de pruebas y denuncias hechas por Human Rights Watch,(10) Amnistía Internacional,(11) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(12) y organizaciones de derechos humanos hondureñas, europeas, y de otros países. Hubo miles de detenciones ilegales, abusos, y tortura por la policía y fuerzas militares, la clausura de emisoras de radio y televisión, e incluso asesinatos de manifestantes y activistas de la oposición.
Con el propósito de evitar leyes requiriendo la eliminación de ayuda a gobiernos que tomen el poder a través de un golpe de estado, la administración de Obama se negó a decir que un “golpe militar” había ocurrido en Honduras. La mayoría de la ayuda a Honduras, la cual provenía de la Corporación para el Desafío del Milenio [Millenium Challenge Corporation], una agencia del gobierno estadounidense, nunca se suspendió.
Pero cables diplomáticos de Wikileaks publicados este año mostraron que la Embajada estadounidense en Honduras sabía muy bien lo que había pasado. Un cable del 24 de julio 2009 afirmó que “no hay duda” que los sucesos del 28 de junio “constituían un golpe ilegal e inconstitucional.” En cuanto a las justificaciones ofrecidas por los partidarios del golpe, la embajada dijo que “ninguna... tiene validez sustancial bajo la constitución hondureña.”(13)
No fue sorprendente que la administración de Obama tuviera conflictos con los demás países en el hemisferio por su apoyo al gobierno golpista. El 28 de septiembre 2009, Estados Unidos bloqueó una resolución de la OEA que habría rechazado el reconocimiento de las elecciones hondureñas realizadas bajo la dictadura.(14) América Latina se dirigió al Grupo de Río (23 países, incluyendo toda América Latina y parte del Caribe) que aprobó una resolución en noviembre afirmando que la restitución de Zelaya al poder fue un “requisito imprescindible” para reconocer las elecciones.(15)
El 30 de octubre, representantes de Estados Unidos, incluyendo a Thomas Shannon, el funcionario de más alto rango en el Departamento de Estado para América Latina, negociaron un acuerdo entre el presidente Zelaya y el régimen golpista. Toda la región creía que el acuerdo incluía la restitución de Zelaya, y – según diplomáticos cercanos a las negociaciones – tanto Shannon como la secretaria de Estado Hillary Clinton daban garantías al respecto. Sin embargo, cuatro días después, Shannon dijo en una entrevista(16) que Estados Unidos reconocería las elecciones del 29 de noviembre con o sin la restitución de Zelaya a la presidencia.
Estas maniobras crearon una brecha entre Estados Unidos y los demás países en el hemisferio. Hasta el día de hoy, Honduras se ha quedado fuera de la OEA porque fue suspendida de la organización después del golpe, y toda Sudamérica menos Chile, Colombia, y el Perú ha rechazado las peticiones de Washington a favor del reingreso del gobierno de Porfirio Lobo.
Vale la pena destacar que este episodio muestra no solamente la continuidad entre el gobierno de Bush y su sucesor con respecto a la política hacia América Latina, sino también lo tan dispuesto que estaba el gobierno de Obama a distanciarse del gobierno de Brasil sólo para derrocar un gobierno izquierdista en un país pequeño y pobre. Los dirigentes de la política exterior estadounidense consideran que Brasil es una potencia creciente no sólo en la región sino también al nivel mundial, pero no tan importante para que el Departamento de Estado considerara alinearse con la postura a favor de la democracia, como los demás países en la región.
La administración de Obama también sembró la semilla de la desconfianza en la región y dio un paso aún más a la derecha que el gobierno de Bush en julio de 2009, cuando el acuerdo de cooperación militar Estados Unidos-Colombia fue filtrado a la prensa. Este acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia le permitió a los militares estadounidenses más acceso a siete bases militares colombianas, y fue recibido con sospecha y preocupación en toda Sudamérica.
La entonces presidenta de Chile Michelle Bachelet se refirió al acuerdo como “inquietante” y pidió que las bases no se usaran para operaciones militares en otros países. El presidente de Brasil Lula da Silva también se preocupó: “No estoy contento con la idea de otra base estadounidense en Colombia,” dijo. También le instó a Obama a asistir la reunión de UNASUR donde se discutiría el asunto.(17)
Más inquietudes surgieron por el libro blanco sobre la estrategia global del Mando de Movilidad Aérea [Global En Route Strategy] de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos:(18) Recientemente, el Mando del Sur estadounidense se ha interesado por establecer un lugar en el continente Sudamericano que se podría usar tanto para las operaciones de lucha contra el narcotráfico como para la ejecución de operaciones de movilidad...
Hasta que el Mando del Sur estadounidense establezca un plan más sólido para las operaciones en la región, será suficiente colocar un LSC (Lugar de Seguridad Cooperativa) en Palanquero para el alcance de la movilidad aérea en el continente Sudamericano.
El 28 de agosto, los países de UNASUR se reunieron en Bariloche, Argentina, y trataron el problema del acuerdo Estados Unidos-Colombia. La declaración final(19) describió a Sudamérica como una “zona de la paz” y anunció el compromiso de las naciones de la UNASUR de respetar la “integridad territorial” de todos los estados de UNASUR. También aprovechó la oportunidad para “reafirmar que la presencia de fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación sudamericana y en consecuencia la paz y seguridad de la región.” En otras palabras, los gobiernos llegaron a un acuerdo – hasta suscrito por Colombia – que las fuerzas militares estadounidenses no podían usar estas bases para operaciones militares fuera de Colombia, lo que fue el propósito declarado o implícito según varios documentos del gobierno estadounidense.
En octubre, la revista colombiana Semana publicó un informe sobre un documento de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que trazó los planes para la base de Palanquero, una de las bases incluidas en el acuerdo Estados Unidos-Colombia. El documento dice:(20) “El desarrollo de este LSC (Lugar de Seguridad Cooperativa) brinda una oportunidad única para las operaciones de espectro completo en una sub-región de nuestro hemisferio donde la seguridad y la estabilidad está bajo amenaza constante por insurgencias terroristas financiadas por el narcotráfico, gobiernos anti Estados Unidos, la pobreza endémica, y los desastres naturales recurrentes.”
La inclusión de “gobiernos anti-Estados Unidos” como parte de una “amenaza constante” a la “seguridad y la estabilidad” sonó la alarma a los gobiernos de centroizquierda en Sudamérica.
En agosto de 2010, la Corte Constitucional colombiana proclamó que el acuerdo de cooperación en la defensa fue inconstitucional y tenía que ser ratificado por el Congreso colombiano como tratado internacional. Pero ya había un presidente nuevo, Juan Manuel Santos, quien hasta el momento no ha mostrado ningún interés en perseguir su ratificación. Santos ha asumido una postura drásticamente distinta a la de su predecesor, Álvaro Uribe, con respecto a las relaciones regionales.
Esto se nota sobre todo en su reparación y mantenimiento de muy buenas relaciones con Venezuela.
Irónicamente, este giro en la política exterior de Colombia fue parcialmente el resultado de las acciones agresivas del gobierno de Obama, igualadas por Uribe. Venezuela había respondido al acuerdo Estados Unidos-Colombia recortando las importaciones desde Colombia, las cuales disminuyeron desde 15.6% hasta 3.6% de las exportaciones totales de Colombia.(21) Con la enorme pérdida de comercio, y dado que Venezuela era aliado de la mayor parte de Sudamérica, Santos tuvo que decidir si quería que Colombia fuera un aliado incondicional de Washington o que fuera parte de Sudamérica. Eligió la segunda opción.
El gobierno de Obama también ha degradado sus relaciones diplomáticas con Venezuela, anulando su decisión en Trinidad de restablecer las relaciones a nivel de embajadores. En junio de 2010, anunció el nombramiento de Larry Palmer, presidente y director ejecutivo de la Fundación Inter-Americana, para reemplazar al entonces embajador en Caracas. Venezuela inicialmente respondió aprobándolo formalmente. Palmer entonces testificó ante el Senado el 27 de julio, como parte del proceso de confirmación, y no hubo problemas. Pero entonces tuvo que responder a preguntas escritas por el Senador Richard Lugar, el entonces miembro republicano de rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En sus respuestas escritas, Palmer dijo unas cosas que un candidato a embajador no diría públicamente sobre el país anfitrión. Se refirió a la “moral” de las Fuerzas Armadas venezolanas como “notablemente baja” y a los “vínculos claros entre el gobierno venezolano y los guerrilleros colombianos.”(22) Hubo varios comentarios más sobre Venezuela que provocarían su rechazo como embajador por parte de cualquier gobierno. Aunque se presumía que las respuestas de Palmer eran para los senadores y no para el público, una semana después aparecieron en la página web del Senador Lugar. Esto causó un alboroto en Venezuela, y, como haría cualquier gobierno, Venezuela rechazó el nombramiento de Palmer. Washington entonces tomó represalias expulsando al embajador venezolano de Estados Unidos, y ambos países se encuentran sin embajadores en este momento.
Este episodio destaca el papel que desempeñan los empleados del Congreso en mantener la continuidad de la política exterior derechista. Está claro que esta maniobra fue ejecutada por los empleados del Congreso en cooperación con aliados derechistas dentro del Departamento de Estado. Por supuesto, a fin de cuentas el presidente Obama es el responsable y sencillamente podría haber nombrado a un embajador nuevo quien no hubiera sido engañado, al punto de insultar públicamente al país anfitrión antes de la ratificación de su nombramiento. Pero una vez que la confrontación se urdió, la Casa Blanca – que ha dejado la mayor parte de la política hacia América Latina en manos del Departamento de Estado – no quería correr el riesgo político de ser percibido “cediendo a Chávez.”
El gobierno de Obama también ha seguido la política del gobierno de Bush hacia Bolivia, con el resultado de que Estados Unidos y Bolivia también se encuentran sin embajadores. Bolivia expulsó al embajador de Estados Unidos en septiembre de 2008 partiendo de la base de que él (y Washington) estaban interviniendo en los asuntos internos de Bolivia. La embajada estadounidense fue pillada intentando utilizar a voluntarios del Peace Corps y un becario de Fulbright (23) para espiar; el embajador estadounidense Philip Goldberg se había reunido en privado (24) con líderes de la oposición en un momento cuando una porción notable de la oposición estaba involucrada en esfuerzos violentos para desestabilizar al gobierno; y se consideró que Washington tácitamente apoyaba a la oposición boliviana por no condenar la violencia ni enviar sus condolencias tras la masacre de docenas de partidarios del gobierno en Pando en septiembre de 2008.
El gobierno de Bush también había suspendido las preferencias comerciales de Bolivia en la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDA). La razón oficial fue que Bolivia no había cooperado suficientemente en la guerra contra las drogas, pero según el informe de la ONU en 2008, (25) el cultivo de coca en Bolivia había aumentado en un 5 por ciento ese año, en comparación con un aumento del 27 por ciento en Colombia, el mayor beneficiario de la ayuda de EE.UU. en la región.
Bolivia expulsó a la Administración de Control de Drogas estadounidense del país en 2008, acusándola de ayudar a la oposición política. La administración de Obama no ha restaurado las preferencias comerciales de Bolivia, a pesar de que la suspensión es probablemente ilegal según la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los países están autorizados a establecer normas para el acceso preferencial a sus mercados, pero las reglas deben aplicarse por igual a todos los países que reciben las preferencias.
Hay otro vestigio de la administración Bush: la nueva Constitución de Bolivia declara que la atención de salud (junto con el agua y otras necesidades) es un derecho humano y no puede ser privatizada.
De acuerdo con la ley constitucional, Bolivia le pidió a la OMC la autorización para retirarse del compromiso del gobierno anterior que acordó abrir a las empresas extranjeras los hospitales y el sector de la salud. Según las normas del procedimiento de la OMC, si no hay objeciones a tal solicitud dentro de 45 días, ella está aprobada. La Unión Europea, el hogar de algunas de las grandes corporaciones de atención de salud que podrían tener un interés en el tema, respondió que no tenía objeciones. El 5 de enero de 2009, el último día del período de espera, la administración de Bush se opuso. En este momento, la administración de Obama aún no ha retirado su objeción.
Tal vez el punto de conflicto más importante ahora mismo en el restablecimiento de las relaciones de embajadores es la demanda de Bolivia por la transparencia en el uso de dinero de la USAID en el país. Estados Unidos actualmente gasta más de $80 millón por año mediante USAID.(26) En relación con la economía de Bolivia, esto es comparable al gasto que invierte Estados Unidos en Irak.
Aunque se arroja luz sobre una parte de este dinero dedicado a proyectos específicos, no se revela el uso de la gran parte de inversiones, y el Departamento de Estado ha admitido que algunos fondos van a los grupos o individuos que forman parte de la oposición. Pero el gobierno de EE.UU. se niega a revelar a dónde va ese dinero. El gobierno boliviano ha exigido la transparencia total con respecto a estos fondos.
Haití es otro ejemplo más de un país en el que el gobierno de Obama ha proseguido la política de su predecesor con una venganza. El 28 de noviembre se realizaron elecciones presidenciales en Haití en las cuales una candidata duvalierista, Mirlande Manigat, obtuvo el primer lugar. En un resultado muy reñido, el candidato del gobierno, Jude Celestín, recibió el segundo lugar, y en tercer lugar, separado por sólo 0.7 puntos porcentuales, el músico popular Michel Martelly, quien fue respaldado por fuentes de derecha en Miami y en España, obtuvo el tercer lugar. Antes que nada, la legitimidad de las elecciones era cuestionable, considerando que el partido político más popular del país, Fanmi Lavalas, el partido del primer presidente democráticamente electo, Jean-Bertrand Aristide, fue excluido arbitrariamente de la votación, y aproximadamente tres cuartos del electorado no votó.(27)
Este fue el índice más bajo de participación en todas las elecciones presidenciales que se han realizado en el hemisferio en 60 años, incluyendo al mismo Haití, donde el 59 por ciento del pueblo votó en las últimas elecciones presidenciales.
Sin embargo, a la administración de Obama no le gustó los resultados, porque Celestín era el candidato del presidente René Préval, que había caído en desgracia con Washington en los últimos años. Entonces, Estados Unidos, junto con aliados como Canadá y Francia, utilizó a la OEA para cambiar los resultados de la elección. Una "Misión de Verificación de Expertos" de la OEA, examinando sólo una muestra de los votos y sin que se utilizara ninguna inferencia estadística para determinar el resultado global, recomendó que Manigat y Martelly continuaran a la segunda vuelta.(28)
Hubo más de 150,000 votos que faltaron o estaban en cuarentena, y aunque la misión analizó estos campos y determinó que eran significativamente diferentes que los votos de la población en general y probablemente habría cambiado el resultado a favor de Celestín de nuevo, su informe no incluyó esta información. También, la revocación del resultado de las elecciones fue algo sin precedentes, como verificó(29) el jefe de estadística de la misión, Fritz Scheuren, el presidente de la American Statistical Association.(30) (Normalmente, en elecciones contestadas, o se aceptan los resultados, o se realizan nuevas elecciones, o se utiliza un recuento para determinar el ganador.)
A continuación, la administración de Obama amenazó repetidamente al gobierno actual de Haití hasta que aceptara a regañadientes el cambio de los resultados, dejando que compitieran por la presidencia sólo dos candidatos de derecha - quienes habían recibido el 6.5 y 4.6 por ciento de los votos del electorado, respectivamente - en un país que nunca de buena gana votaría por un presidente de derecha. Entre las amenazas había una cesación de la ayuda humanitaria desesperadamente necesitada tras el terremoto y, según múltiples fuentes, la expulsión del presidente Préval del país. Esta última no era una amenaza vana. Estados Unidos y sus aliados habían derrocado al presidente Aristide de esa manera siete años antes, después de haber destruido la economía primero, mediante la terminación de la ayuda internacional durante casi cuatro años, mientras ellos canalizaban dinero a los grupos de la oposición. Hasta el momento en el que Aristide por fin logró su regreso a Haití, días antes de la segunda ronda de las elecciones en marzo, el Departamento de Estado todavía intentaba bloquear su retorno.(31)
El caso de Haití es importante para este análisis porque muestra hasta dónde el gobierno de Obama está dispuesto a llegar para controlar el gobierno de un pequeño país desesperadamente pobre.
Honduras, por lo menos, tiene una base militar de EE.UU., Haití no tiene casi nada de valor para los intereses militares o corporativos de EE.UU. ¿Por qué, entonces, ha intentado EE.UU expulsar del país el único líder nacional durante los últimos 20 años, derrocándolo en dos ocasiones, siendo cómplice de la masacre de miles de sus partidarios, e impidiendo la participación electoral del mayor partido político del país? La respuesta se evidencia en los últimos cables de Wikileaks,(32) que muestran que Washington estaba preocupado por la política exterior de Haití bajo Préval. Por más insignificante que le pueda parecer a alguien fuera de los círculos de Washington, el Departamento de Estado considera a Haití como sólo un peón más en su juego de ajedrez proveniente de la guerra fría en el hemisferio occidental, y cree que ante su pobreza e indefensión, debe comérselo.
Conclusión
Hay poco sorprendente acerca de la continuidad en la política exterior entre la administración de Obama en América Latina y la de la administración de Bush. Por lo general, el presidente Obama parece haber tomado una decisión desde el principio de cambiar lo menos posible la política exterior de EE.UU. en el mundo. El nombramiento de Hillary Clinton como secretaria de Estado, quien perdió las elecciones primarias frente a él, en parte por su defensa tenaz de su apoyo de la guerra de Irak, era un indicador obvio. Desde el punto de vista político, era un cálculo sencillo. Obama asumió la presidencia mientras Estados Unidos sufría su peor recesión desde la Gran Depresión. La política exterior normalmente no juega un papel importante en las elecciones presidenciales de EE.UU., y existe un conjunto de investigaciones en las ciencias políticas que demuestra que incluso en periodos ordinarios, el estado de la economía antes de las elecciones es primordial. En este caso, parece ser muy probable que las posibilidades de reelección del presidente Obama dependan principalmente en cuestiones económicas – incluyendo su intento de reforma de salud. Ante estas circunstancias, de un punto de vista político, no tiene sentido meterse en peleas evitables sobre la política exterior.
Con respecto a temas de mayor relevancia pública y con mayor activismo de base, Obama puede ser influido por la opinión pública - por ejemplo, en Afganistán, donde parece que él está dispuesto a subordinarse a los militares y proseguir la guerra indefinidamente, pero puede ser obligado a salir más antes, ya que la guerra se pone cada vez más impopular y el movimiento contra la guerra continúa ganando más miembros demócratas en el Congreso para votar en contra de ella.
Pero América Latina escapa a la atención de la gran mayoría del electorado. Por lo tanto, no habría victoria electoral, sólo la posibilidad de riesgo si hubiera un cambio de la política de EE.UU. hacia América Latina. El embargo a Cuba es un ejemplo obvio. Aunque el riesgo de perder a Florida debido a un levantamiento del embargo es cada vez más improbable, simplemente no hay razón para tomar hasta un pequeño riesgo. Esto es cierto aun cuando la mayoría de la élite empresarial está a favor de terminar el embargo.
El presidente Obama se enfoca más en los medios de comunicación que la mayoría de los presidentes de EE.UU., en el sentido de que los medios de comunicación son el grupo principal al cual el trata de complacer. En relación a esto, él es fácilmente intimidado por un clima de medios que ha demonizado a Venezuela y a menudo retrata a América Latina usando términos de guerra fría. Hay que recordar que los editoriales de los periódicos tienen mucho más influencia que los artículos de noticias, incluso para los miembros del Congreso y otros responsables políticos.
Esto es un obstáculo para una mejora en las relaciones con América Latina.
El orden establecido de la política exterior mayormente refuerza el estado actual de las relaciones con América Latina. En los artículos de Foreign Affairs y de otras publicaciones de esta clase política, hay poco para indicar que estos analistas hayan comprendido la importancia histórica de la transformación que ha ocurrido durante la última década. América Latina es ahora más independiente de los Estados Unidos de lo que lo es Europa, y su independencia sigue creciendo.
Hay razones estructurales para estos cambios, entre ellos el fracaso del neoliberalismo, la caída del cartel de los acreedores del Fondo Monetario Internacional en la región (que era la vía principal de la influencia de EE.UU.), la creciente importancia relativa de Asia como una fuente de mercados y fondos de inversión, y la multipolaridad creciente de la política mundial. Tal vez lo más importante es que la gente de la región ha votado a favor de los gobiernos de izquierda porque ya pueden. En el pasado, como desgraciadamente sigue siendo el caso en Honduras y Haití hoy en día, Estados Unidos no permitía la toma pacífica de esas decisiones.
Sin embargo, la clase establecida de la política exterior aquí considera el giro de América Latina a la izquierda como nada más que la oscilación del péndulo, algo que finalmente volverá hacia atrás y permitirá que Estados Unidos recupere su influencia perdida sin tener que cambiar sus políticas.
Huelga decir que esto es poco probable.
La captura de la Cámara de Representantes por los republicanos simplemente presiona más por la continuación de las políticas conservadoras de la administración hacia América Latina. La cubanaestadounidense Ileana Ros-Lehtinen de Florida actualmente encabeza el Comité de Asuntos Exteriores y el representante ultra-derechista Connie Mack es el presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental. Ros-Lehtinen fue una vigorosa defensora del régimen golpista en Honduras, abogó a favor de los terroristas cubanos Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, y ha reivindicado por el asesinato de Fidel Castro. Mack y Ros-Lehtinen han introducido un proyecto de ley "para agregar a Venezuela a la lista de estados que patrocinan el terrorismo."(33)
Al menos en el futuro previsible, la gran parte de los cambios positivos en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina vendrán del Sur.
Notas:
1 Weisbrot (2008b).
2 Weisbrot (2007).
3 Baker (2007).
4 Weisbrot (2008b).
5 Obama (2009a).
6 Carroll (2009).
7 Obama (2009b).
8 Clinton (2009).
9 Agence France-Presse (2009).
10 Human Rights Watch (2009).
11 Amnestía Internacional (2009).
12 CIDH (2009).
13 Naiman (2010).
14 Padgett (2009).
15 Grupo de Río (2009).
16 CNN (2009).
17 Bronstein (2009).
18 WOLA (2009).
19 UNASUR (2009).
20 Department of the Air Force (2009).
21 Weisbrot y Johnston (2010).
22 BBC (2010).
23 Friedman-Rudovsky y Ross (2008).
24 Chávez (2008).
25 ONUDD (2008).
26 Departamento de Estado de EE.UU. (2011).
27 Johnston y Weisbrot (2011).
28 Weisbrot y Johnston (2011).
29 Scheuren (2011).
30 Scheuren también aseguró que ninguna inferencia estadística se había utilizado para determinar el resultado global de la muestra, y que la misión había analizado los votos que faltaban y determinó que habrían desplazado el segundo puesto a favor de Celestín, pero no incluyó este aspecto del trabajo en su informe.
31 Reuters (2011).
32 Weisbrot (2011).
33 Main (2010).
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