sábado, 26 de marzo de 2011

Diputada aliada critica violación a la Constitución por parte del PLD

Diputada aliada critica violación a la Constitución por parte del PLD. Recuerda que “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios” a la Constitución.

La diputada Guadalupe Valdez, del partido Alianza por la Democracia, aliado del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó que los diputados peledeístas y reformistas violaran la Constitución de la República al aprobar por mayoría simple la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, en vez de hacer con las dos terceras partes de los legisladores presentes, como ordena la Carta Magna.

En una carta dirigida a la ciudadanía la diputada nacional sostiene que el modo en que se aprobó la citada ley viola la Constitución y convoca a evitar que siga sucediendo, razón por la cual “todos y todas debemos asumir nuestras responsabilidades ciudadanas en defensa de la institucionalidad del país”.

Advierte a los legisladores y legisladoras que su único compromiso es con el pueblo dominicano y les recuerda que “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios” a la Constitución, según ordena el artículo 6 de esa Ley Sustantiva.

El llamado de la diputada se produce cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, ha declarado que la Ley del Tribunal Constitucional también sería aprobada por mayoría simple, y no con las dos terceras partes. Esa ley fue recientemente observada por el presidente Leonel Fernández, para que se permita a los jueces con 75 años o más pertenecer a esa instancia judicial (lo que también está prohibido en la Constitución). A continuación el llamado de la diputada Valdez:

Carta al pueblo dominicano

Conciudadanos y conciudadanas:
Motiva esta comunicación el hacer un llamado a la reflexión por la inquietante situación que se está produciendo por las violaciones a la Carta Magna de la República Dominicana que lesionan el Estado de derecho y que pueden derivar hacia una situación de ingobernabilidad.

El modo en que se ha abordado el proceso de aprobación de algunas leyes como la reciente sobre el Consejo Nacional de la Magistratura viola lo establecido en la Constitución y nos convoca a evitar que esto siga sucediendo. Todos y todas debemos asumir nuestras responsabilidades ciudadanas en defensa de la institucionalidad del país.

A los legisladores y las legisladoras nos corresponde cumplir con el mandato de hacer valer la Carta Magna de la República, en la cual reza que “Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución” (Art. 6).

El único compromiso que tenemos es con el pueblo de quien emanan todos los poderes del Estado. Ningún interés personal o corporativo puede estar por encima de la Constitución. Estamos obligados por ella a regirnos por la división de poderes y adoptar nuestras decisiones con total independencia.

La sociedad tiene el derecho y el deber de movilizarse para que se respete la Constitución y exigir que se cumpla con la institucionalidad y la democracia.

La Constitución es clara en lo referente a la aprobación de las leyes orgánicas y a las observaciones a estas por el Poder Ejecutivo; en ambos casos expresa que se requiere de las dos terceras partes de los miembros presentes en cada cámara. En el acta de la votación realizada el pasado 15 de Marzo en la Cámara de Diputados consta que no fue aprobada la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura con las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, por cuanto no cumplió con el requisito constitucional de contar con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Estamos a tiempo para enmendar errores. Confiamos en la sabiduría y tenacidad del pueblo y en la sensatez y conciencia de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo para encontrar las vías adecuadas para preservar la institucionalidad y gobernabilidad democráticas de la sociedad dominicana.

Guadalupe Valdez
Diputada Nacional
Santo Domingo, 25 de marzo de 2011

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